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Los rincones ocultos de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires son puntos geográficos codiciados entre los narcos. Primero, por la inmensa cantidad de personas que habitan en todos los barrios de las comunas 1, 4, 7, 8 y 12, algunas de ellas con más de 200.000 vecinos. Y luego, porque para los traficantes que operan en Capital Federal el proceso que deben enfrentar a la hora de 'blanquear' sus ganancias no presenta dificultades insalvables.
Según el informe global sobre producción y venta de drogas publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos la Argentina "no tiene una estrategia para prevenir el lavado de activos". Más allá de que el documento destaca los esfuerzos gubernamentales para mejorar este punto débil, se subraya también que el país es atravesado diariamente por un flujo multimillonario de dinero procedente "de falsificaciones, tráfico de drogas, transacciones que intentan legitimar capital y otros delitos de contrabando". Este último factor se suma, por otro lado, a la existencia de "un gran sector informal que crea oportunidades adicionales para inyectar ganancias ilícitas" y el persistente funcionamiento "de casas de cambio no reguladas".
La historia de la persecución del narcotráfico en las villas de la Argentina tiene un hito: el 19 de julio de 1989, frente al firme avance de grupos criminales y la expansión endémica de las redes barriales y transnacionales de venta y exportación de drogas, el Poder Ejecutivo Nacional creó un organismo especializado en el diseño de estrategias preventivas y de seguridad.
A través de los decretos 271 y 272 se fundó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). En 1991, dos años después, el decreto presidencial 1148 (vinculado a la activación de este nuevo organismo) confirmó por primera vez que la Argentina asistía a un "grave incremento del consumo de drogas peligrosas, del tráfico ilícito de estupefacientes, del lavado de dinero proveniente de dicho ilícito y de otros delitos conexos".
Al menos un millón de argentinos de entre 12 y 65 años consumieron cocaína alguna vez en su vida
En diferentes reportajes, investigadores federales especializados en drogas confirmaron a LA NACIÓN que, tras la creación de la Sedronar en 1989, hubo un periodo de al menos nueve años en que los narcos que controlaban las redes de venta de la Capital expandieron indiscriminadamente sus búnkeres y, aún arropados por una delicada "paz" que permitía convivencias estables entre grupos eventualmente antagónicos, prepararon y entrenaron sigilosamente a sus violentos grupos de soldados.
Ese periodo de calma llegó a su fin el 11 de febrero de 1999, cuando una primera masacre -los tres muertos en la "canchita de los peruanos" de la villa 1-11-14, del Bajo Flores-, terminó de confirmar que el mercado de las drogas no solo estaba saturado sino que había llegado al peligroso punto de una trayectoria irreversible en la que la cantidad de narcos y el total de sustancias en circulación superaban holgadamente la cifra de focos de venta.
Paradójicamente, también en 1999 se realizaría por primera vez un sondeo estadístico en todas las provincias para saber qué tan amplia había sido la expansión del narcotráfico en los barrios de la Argentina. Ese relevamiento sirvió para evaluar, además, qué tan violento había sido el impacto de la proliferación de las redes locales de tráfico de drogas entre las principales víctimas, que pueden separarse en cuatro grandes grupos: niños y jóvenes adictos (junto a sus familiares), los vecinos que viven cerca de los búnkeres, los trabajadores sociales y religiosos de zonas marginales y, por último, los miembros de las bandas que son fusilados.
Microtráfico y narcomenudeo son dos palabras que definen por igual la actividad ilícita de vender y distribuir pequeñas cantidades de drogas prohibidas. Esta actividad suele desarrollarse en cualquier sitio, pero sus facetas sistemáticas y más peligrosas golpean fundamentalmente a barrios caracterizados por las construcciones improvisadas y las barreras arquitectónicas, en los que la falta de servicios sociales básicos y el aislamiento de determinadas comunidades generan zonas y relaciones de poder que no se rigen por leyes escritas, es decir que no son controladas ni monitoreadas por el Estado.
Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre consumo de drogas en el país, dice: "Las personas que habitan en los barrios más vulnerables son gravemente perjudicadas por la expansión del narcotráfico. Por una parte existe mayor exposición al tráfico y a las adicciones, con consecuencias negativas para la salud individual y para el bienestar de los grupos familiares afectados".
El establecimiento de redes de comercio ilegal contribuye a la construcción de territorios estigmatizados
"Al mismo tiempo, los residentes en villas, asentamientos y barrios vulnerables tienen mayores posibilidades de ser víctimas de hechos violentos producto de organizaciones delictivas. Por otra parte, cabe destacar que el establecimiento de redes de comercio ilegal contribuye a la construcción de territorios estigmatizados que afectan negativamente a sus habitantes, que además, y en consecuencia, tienden a ser objeto de la violencia estatal, que se manifiesta en abusos y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad", reza el informe de la UCA.
Marta Gómez forma parte de un puñado de mujeres que hace 13 años fundaron y llevaron a todas las ciudades del país el movimiento social "Madres en lucha". Desde aquellos días, y luego de perder un hijo que se suicidó, preso de una adicción, ella trabaja incansablemente en los barrios más pobres de la Capital para alejar a los jóvenes de las drogas. En un reportaje con LA NACIÓN dijo: "Entre los años 2000 y 2001 estalló la crisis económica y apareció el paco, una droga de exterminio, diseñada para destruir a los pibes".
Agregó: "En la calle había hambre. Subió el precio de la cocaína y de la marihuana, y al paco lo regalaban para imponerlo en el mercado. No era una joda. Los pibes morían y nosotras no sabíamos por qué. Hasta que nuestros hijos empezaron a hablar, a contar lo que pasaba".
Fue duro, porque muchas mujeres perdieron a sus hijos. Yo tuve miedo de denunciar. Recibíamos amenazas; decían que nos iban a dar un tiro en la cabeza
"Como madres –continuó Marta Gómez– sufríamos mucho, porque a los chicos no los recibían en los hospitales. Les ponían una pastilla bajo la lengua y los mandaban de nuevo a la calle. Vivimos una historia muy pesada; ninguna de nosotras tenía estudios, nos decían que estábamos locas. Pero igual logramos visibilizar esta problemática y ponerla en la agenda de los políticos de la Ciudad y del gobierno nacional".
Añadió: "Fuimos ocupando las calles, patrullándolas, porque nuestros hijos estaban hechos mierda, porque nos faltaban cosas de nuestras casas, cosas que ellos vendían para comprar drogas. Hubo una generación de pibes que se mataban, que se ahorcaban. Y el Estado no se hizo cargo".
Por último, Gómez dijo a LA NACIÓN: "Encuentro muchas similitudes con lo que pasaba antes y lo que sucede en la actualidad; volvimos a reunirnos con las madres, porque estamos peleando nuevamente por el territorio y convivimos con la droga. Por ejemplo, las compañeras de Salta y de Rosario están amenazadas".
Actualmente, la cantidad de centros de rehabilitación y las intervenciones estatales ante casos de abusos de droga son indicadores que subrayan la gravedad del problema del tráfico minorista. Según datos a los que accedió LA NACIÓN, en la Capital la Sedronar tiene en funcionamiento 31 casas de atención y acompañamiento comunitario, un centro de orientación en adicciones central y seis descentralizados. Además, especialistas asisten técnicamente a 120 establecimientos escolares de la Ciudad.
La información más reciente de los estudios nacionales sobre consumos de cocaína confirma –entre otras cosas– que más de un millón de personas han aspirado esa droga: "El 5,3 % de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010. Al igual que con la marihuana, entre los 18 y los 24 años se encuentran las tasas más altas" de consumo.
Es tan grave el avance del narcotráfico en la Argentina que el trabajo de prevención de adicción a las drogas comienza cuando los niños van al jardín de infantes
Es en este contexto que se destacan algunas iniciativas de aplicación reciente en la Argentina, como por ejemplo la tendencia a comenzar los trabajos de prevención de adicciones y la formación de hábitos saludables durante los primeros años de vida de las personas, fundamentalmente con ciclos deportivos y culturales, pero también con capacitación de operadores territoriales, trabajo junto a instituciones de la sociedad civil y a través de la distribución de "materiales teórico-metodológicos y pedagógico-didácticos para abordar la prevención de las adicciones en las escuelas".
Fuentes consultadas por LA NACIÓN confirman que en la ciudad de Buenos Aires se distribuyeron al menos 35.000 nuevos manuales educativos "para trabajar en los niveles inicial, primario y secundario".
