Inquieta la venta de drogas cerca de escuelas de Barracas
Dealers que operan desde las villas 21-24 y Zavaleta distribuyen cocaína, cannabis y paco en las inmediaciones de 25 colegios
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Investigadores del Poder Judicial, docentes y asistentes sociales confirman que diferentes grupos de narcotraficantes operan en los alrededores de 25 instituciones educativas del barrio porteño de Barracas. Este importante corredor escolar, donde funcionan escuelas públicas y privadas, tiene como límites geográficos el Riachuelo, las avenidas Iriarte y Amancio Alcorta, las vías del ferrocarril Belgrano Sur y la autopista Arturo Frondizi (9 de Julio Sur).
Los narcos utilizan escondites y búnkeres en la villa 21-24 y en el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta, pero también cuentan con vendedores ambulantes que recorren calles cercanas a los colegios de la zona.
Federico Berardi, director de Villas de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, dijo a LA NACION que en este corredor escolar se venden drogas. Explicó: "Hay organizaciones criminales en la zona, pero los delincuentes representan una minoría muy pequeña dentro del barrio. Adonde no llega el Estado, las redes de narcotraficantes avanzan. Ofrecen trabajos y prestan dinero".
Agregó Berardi: "Un punto crítico es la avenida Iriarte, donde hay asaltos y tráfico. En la avenida Amancio Alcorta las adolescentes se prostituyen para poder comprar drogas. No se puede analizar la inseguridad en los barrios sin considerar la presencia de las redes delictivas que ponen el paco en manos de los jóvenes. Sin embargo, es necesario evitar la estigmatización de los vecinos honestos que, por ejemplo, se organizan a través de las redes sociales para salir a trabajar en grupos y evitar los robos".
Para describir cómo es este territorio en el que funcionan algunas de las escuelas más importantes de la zona, y donde se instalaron los criminales, Berardi dijo: "[La 21-24] es la villa más grande de la Capital en términos geográficos y demográficos. También es el barrio con más cortes de luz. Está al lado del Riachuelo, no tiene cloacas. La desprotección es estructural y se genera un clima social complejo. Las ofertas de los delincuentes son tentadoras para una persona que se siente fuera del entramado social y público".
Según información judicial a la que accedió LA NACION, al menos tres jueces y cuatro fiscales investigaron este año los movimientos de los grupos de narcotraficantes que venden marihuana, cocaína y paco justo en medio del corredor escolar.
Los datos sobre una serie puntual de allanamientos realizados este año permiten comprender cómo están conformadas las organizaciones criminales que operan en la zona: en abril, agentes federales detuvieron en la villa 21-24 a tres narcotraficantes, secuestraron tres armas de fuego, chalecos antibalas y 15 kilos de drogas. Este grupo tenía, además, vínculos directos con una organización más grande cuyos integrantes fueron condenados recientemente por transportar 54 kilos de droga a través de la provincia de Buenos Aires.
Dos investigadores especializados en narcotráfico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación confirmaron que en este corredor escolar no opera una organización hegemónica, sino que el control territorial de las ventas lo ejercen pequeños grupos de personas vinculadas mayoritariamente por lazos familiares políticos y de sangre.
La Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), que depende del MPF, canaliza los reclamos judiciales de los vecinos a través de una oficina en este corredor escolar. Desde agosto de 2016, el 46,15% de las denuncias fueron realizadas contra las fuerzas de seguridad por "detenciones arbitrarias, ilegales o violentas", "corrupción" y "allanamientos ilegales", según datos a los que accedió LA NACION.
Docentes preocupados
Los docentes, por temor a represalias, exigen que sus testimonios acerca del narcotráfico en esta zona sean publicados respetando la reserva de su identidad. Una trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que participa en actividades educativas del Centro Materno Infantil situado en la intersección de Damianovich y Luna afirmó: "Vemos a los muchachos vendiendo drogas en la vereda".
Una docente que dicta clases en la escuela más grande del corredor -en avenida Iriarte y Montesquieu- señaló: "Los alumnos dicen que se venden drogas alrededor del colegio, pero no dicen dónde. Incluso, algunos familiares de nuestros alumnos se dedican a esto".
Una profesora de la Escuela Primaria N° 16 dijo a LA NACION: "Por la puerta de la escuela vemos pasar a jóvenes adictos que viven en la calle. Cuando hablamos en nuestras clases acerca del cuidado de la salud y de las adicciones, notamos que los alumnos ya conocen el tema. Pero hay un código de silencio".
Una profesora de la Escuela Infantil N° 7 confirmó otro hecho que refleja la violencia imperante en la zona. En julio pasado, un grupo de delincuentes exigió a las maestras dinero en efectivo para permitirles ingresar en el edificio y dictar las clases normalmente. "Es un tema cerrado y no queremos que se abra nuevamente. Gracias a la intervención de varias personas, el problema está solucionado", dijo.
Los agentes federales de la Prefectura Naval capturaron este año -durante controles de rutina- al menos a 18 personas que circulaban por zonas cercanas a los colegios de Barracas con droga fraccionada en pequeños envoltorios, lista para ser comercializada. Por otro lado, la Policía de la Ciudad confirmó que tiene un operativo especial dispuesto en este territorio para controlar el acceso y el egreso de los alumnos a las escuelas. El viernes, precisamente, ese dispositivo dio sus frutos: tres detenidos con 34 dosis de paco.
Persecución, captura y secuestro de paco
El viernes pasado, efectivos de Investigaciones de la Policía de la Ciudad advirtieron que de la villa 21-24 salía a toda velocidad un Chevrolet Corsa con tres ocupantes. Se inició entonces una persecución por la avenida Iriarte. Los agentes porteños lograron interceptar el vehículo en fuga en la avenida Vélez Sarsfield al 1600.
Según informó la fuerza, ante testigos se realizó la requisa del vehículo y de sus tres ocupantes, a los que les encontraron 34 envoltorios de nylon que contenían paco. También llevaban 2050 pesos. El trío quedó a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
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