Echaron a dos jefes policiales por usar presos como albañiles en una casa de veraneo
El comisario Gustavo Beltrán y su segundo, Sergio Juárez, fueron apartados tras comprobarse que detenidos y agentes trabajaban en una obra privada en El Cadillal
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LA NACION
Un grave caso de corrupción sacudió a la Policía de Tucumán y derivó en la baja inmediata de dos integrantes de la cúpula de la fuerza. El comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y su segundo, Sergio Juárez, fueron apartados luego de que se comprobara que presos y personal policial realizaban trabajos de albañilería en una vivienda particular ubicada en la zona del dique El Cadillal.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que llegó al ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa. Según esa información, Beltrán habría utilizado recursos humanos de la fuerza y personas privadas de la libertad para avanzar en una obra privada en una casa de veraneo. Ante la gravedad del hecho, el funcionario informó la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ordenó una investigación.
Personal de la Fiscalía de Delitos Complejos se presentó en el lugar y constató la presencia de dos detenidos y un agente policial trabajando en la vivienda. Un escribano del Gobierno labró un acta notarial para dejar constancia de lo ocurrido. “Las medidas investigativas arrojaron como resultado la detención de dos personas privadas de la libertad y de dos efectivos policiales, acompañados por un móvil oficial”, precisó Agüero Gamboa.
El hallazgo desató un escándalo que impactó en la estructura policial. El jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, expresó su repudio y anunció una auditoría interna: “No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que dañan la institución. Vamos a colaborar con la Justicia y realizar una investigación exhaustiva”.
Mientras se cumplían las medidas judiciales, en Casa de Gobierno se redactaba el decreto que dispuso la baja de Beltrán y Juárez. La decisión fue firmada por Jaldo y Agüero Gamboa. La sanción no implicó disponibilidad ni retiro, sino separación definitiva, lo que impide que ambos puedan jubilarse en el corto plazo. “Conductas incompatibles con la función policial… que afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución”, señala el decreto N° 3407 del Ministerio de Seguridad. “Del análisis de la prueba producida, surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”, agrega el documento.
En paralelo, la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó la aprehensión de Beltrán. El comisario fue convocado al Departamento de Personal y permaneció allí varias horas hasta que se dispuso su detención. Juárez también quedó aprehendido, aunque su situación es distinta: se presentó de manera espontánea y entregó su celular. Podría ser acusado de no haber informado las irregularidades cometidas por su superior.
La pesquisa reveló indicios que agravan el caso. Según fuentes judiciales, al menos cuatro detenidos habrían trabajado de manera periódica en la vivienda atribuida a Beltrán, aunque no se determinó con exactitud la frecuencia. Los presos eran trasladados en móviles oficiales y, en algunos casos, los policías que los llevaban también realizaban tareas en la obra, pese a que deberían haber estado cumpliendo funciones en la calle o en oficinas administrativas.
Los hombres utilizados estaban condenados por distintos casos de abusos sexuales y permanecían alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte, a pesar de que una acordada de la Corte Suprema de Justicia establece que todo penado debe estar en cárceles provinciales, como el penal de Villa Urquiza o el de Benjamín Paz. La irregularidad se profundiza porque los presos solo pueden salir del lugar de detención con autorización de un juez de ejecución, y cada movimiento debe registrarse en los libros de la dependencia. En este caso, nada de eso ocurrió.
“En estos casos no aplica lo que se conoce como obediencia debida. Nadie de la fuerza puede callarse si observa semejantes irregularidades”, señaló una fuente policial al diario La Gaceta. La responsabilidad alcanza al cuartelero, al personal de guardia, a los jefes de la dependencia y al jefe de zona. “Esta es una falta muy grave y tendrán que responder penalmente. Vamos a realizar una depuración en la fuerza. Los que cometan delitos se irán de la Policía”, afirmó Girvau.
Los presos implicados fueron trasladados nuevamente al penal de Benjamín Paz.
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