Edificios, cabañas y 4x4: las inversiones detrás del millonario contrabando de cobre y otros metales
Por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, la Policía Federal Argentina (PFA) hizo allanamientos en countries, parques industriales y galpones
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Un complejo de cabañas en el partido de Cañuelas valuado en 2.800.000 de dólares. La construcción de un edificio en el barrio porteño de Villa Urquiza. La adquisición de departamentos en Caballito y Villa Lugano y de galpones y lotes en parques industriales. La compra de camionetas 4x4 y autos de marcas como Mercedes Benz.
El inventario corresponde a las inversiones que hizo una organización criminal dedicada al contrabando de cobre y otros metales.
Así surge en un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION. En las últimas horas, nueve integrantes de la organización fueron detenidos por detectives del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, tras un pedido del fiscal federal San Isidro Fernando Domínguez. Los sospechosos están imputados de lavado de activos.
El poder económico en manos de los sospechosos quedó expuesto desde el primer tramo de la investigación, en julio pasado, cuando uno de los investigados intentó sobornar al agente judicial que realizaba el allanamiento en su casa y que acababa de descubrir que ese hombre, identificado como Cristian A., tenía nada menos que US$4.000.000 en esa casaquinta ubicada en Moreno.
“Se investiga la posible existencia de una organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes de actividades relacionadas con el comercio internacional de chatarra de metales que se llevaría a cabo por vías informales y/o eludiendo los controles formales de tráfico de mercaderías, aunado ello a la posible comisión de delitos tributarios por parte de los investigados”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen donde solicitó las detenciones y una serie de allanamientos.
En su presentación, el fiscal Domínguez pidió allanar propiedades en el barrio Haras San Pablo, en General Rodríguez; en el country Las Liebres, en Escobar; en el barrio privado La Comarca, en Tigre; en el barrio San Lucas, en Ingeniero Maschwitz, y en el barrio cerrado Estancia Alvear, en Don Torcuato.
“La investigación puso bajo la lupa una organización criminal que, por semana, sacaba del país de forma ilegal varias toneladas de cobre y otros metales. Se investiga ahora el nivel de colaboración o protección que los contrabandistas tenían de representantes de organismos públicos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fuerzas federales de seguridad y policías provinciales”, explicó un detective judicial que participa de la pesquisa.
En su dictamen, el fiscal Domínguez solicitó el allanamiento de los domicilios de dos empleados de ARCA porque “resulta, entonces, una medida indispensable, proporcional y razonable, siendo la única vía idónea para verificar materialmente la existencia de la filtración, determinar su origen, y el esclarecimiento de las vinculaciones conocidas entre los investigados y funcionarios” del organismo.
Según surge del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, la investigación comenzó a partir de la declaración de un arrepentido que aportó datos sobre la operatoria de la organización criminal.
“De acuerdo con lo declarado por el imputado colaborador, la maniobra comprendía el transporte del material en cuestión hacia Bolivia, mediante supuestas maniobras de contrabando, el cual era comercializado por un ciudadano boliviano, quien lo exportaría a empresas radicadas en el extranjero, como los Estados Unidos, y una vez recibido el pago, transfería los fondos correspondientes a la organización de chatarreros a cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras de Hong Kong y China. Luego, acreditado los fondos en dichas cuentas, se liquidaban las transferencias por medio de pagos que eran retirados, en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, por los distintos integrantes de la organización de chatarreros, ya sea en dólares o pesos argentinos, según sus requerimientos”, según se desprende del expediente judicial.
A partir de la información que los investigadores pudieron obtener del teléfono celular de un sospechoso, se pudo “reconstruir con claridad el mecanismo de pagos aplicado en la maniobra”.
Al fundamentar el pedido de detención de los sospechosos, el fiscal Domínguez afirmó: “Los distintos miembros de la organización, por medio de la fachada de las sociedades comerciales dedicadas al reciclaje de chatarra, aplicaron y convirtieron parte del capital ilícitamente obtenido mediante la adquisición de chatarra para su reventa y contrabando, procediendo así a continuar con el circuito de reciclaje de la organización”.
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