El Gobierno eliminó la tasa anual que debían pagar cazadores, entidades de tiro y usuarios comerciales y colectivos

Menos de una semana después de haber derogado la norma que durante los últimos 30 años prohibió a usuarios civiles la tenencia, adquisición y transferencia de fusiles semiautomáticos con cargadores de quita y pon, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, el Gobierno redactó una nueva resolución que profundiza la flexibilización del mercado legal de armas.

En el Boletín Oficial de hoy se publicó una resolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) introduce cambios sustanciales en los plazos de reinscripción y en las obligaciones administrativas para los Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos (cazadores con armas de fuego) y Entidades de Tiro.

Ya no tendrán que reinscribirse cada año y pagar la respectiva tasa para poder realizar legalmente sus actividades, como lo imponía el decreto de 395/75, que hace medio siglo reglamentó la ley nacional de armas. Recién tendrán que hacerlo a los cinco años, en coincidencia con el vencimiento de la validez de sus licencias.

Según fuentes oficiales, esta medida se dicta “en el marco del plan de simplificación y desregulación del Estado” dispuesto por la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

Desde el organismo continuador del ex Registro Nacional de Armas (Renar), que ahora depende del Ministerio de Seguridad Nacional, se explicó que aquellas categorías de legítimos usuarios “debían reinscribirse todos los años, incluso sin novedades que declarar, y abonar una tasa anual. Esto generaba una carga económica y burocrática que, en muchos casos, resultaba innecesaria".

La nueva norma establece que la reinscripción se realizará cada cinco años. “Este nuevo plazo aplica para fabricantes de armas de uso civil y uso civil condicional, de municiones y materiales especiales, talleres de armado y reparación de vehículos blindados, verificadores y repotenciadores de instalaciones blindadas, y recargadores comerciales de munición”, se explicó.

Con la vigencia de esta medida se elimina el pago de la tasa anual. “Desde ahora, los usuarios solo deberán informar a ANMaC, dentro de los 30 días, si hubo cambios en los datos o condiciones presentadas al momento de su inscripción”, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional.

“Esto significa menos burocracia y menos gastos para los ciudadanos. Esta resolución aligera procesos sin debilitar los controles. El objetivo es claro: reducir cargas innecesarias y facilitar el cumplimiento normativo a quienes, desde distintos sectores, aportan al desarrollo industrial, deportivo y comercial del país. La nueva normativa forma parte de una revisión integral del marco regulatorio que ANMaC lleva adelante para modernizar la gestión pública y garantizar un Estado más ágil, eficiente y enfocado en lo importante para gente", concluyeron las fuentes.

LA NACION

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