El Gobierno pagará la indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez dispuesta por la CIDH
El fallo internacional había determinado en 2023 que el Estado violó derechos del condenado a perpetua por un doble homicidio
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LA NACION
El Gobierno dispuso el pago de la indemnización a Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado argentino por violaciones a las garantías judiciales durante uno de los juicios en su contra. Según el decreto 577/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el monto asciende a US$11.000 en concepto de daño material e inmaterial. La sentencia internacional, de carácter definitivo e inapelable, había sido notificada a la Argentina el 7 de noviembre de 2023.
“El Concheto” Álvarez lideró en los años noventa la llamada “banda de los chicos bien”, un grupo que cometía asaltos violentos en restaurantes y bares frecuentados por empresarios y figuras del espectáculo. En julio de 1996 asesinó a al empresario Bernardo Loitegui de dos disparos para robarle su Mercedes Benz, aunque huyó sin el vehículo. Al día siguiente encabezó el asalto al pub Company, donde se hizo pasar por cliente hasta que irrumpieron sus cómplices armados. Cuando uno de los presentes se identificó como policía -Fernando Aguirre quien era subinspector de la Policía Federal- Álvarez abrió fuego, lo remató en el piso y también mató a la estudiante María Andrea Carballido, de 24 años, quien festejaba con amigos su cumpleaños.
En 2000, ya detenido, fue condenado por matar a golpes y puñaladas a Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la cárcel de Caseros. Durante la pandemia de 2020, se convirtió en uno de los referentes internos que negoció con las autoridades el fin del motín en la cárcel de Villa Devoto, en reclamo de mejores condiciones sanitarias y beneficios excarcelatorios.
La CIDH estableció, en 2023, un plazo de un año desde la notificación de la sentencia para el cumplimiento de la reparación económica, y el Gobierno resolvió atenderlo en el marco de los compromisos asumidos al adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
En ese proceso, el Tribunal Oral de Menores N° 1 condenó a Álvarez a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado por el homicidio de Aguirre, y de la estudiante Carballido.
La CIDH concluyó que durante el debate oral se vulneraron derechos como la presunción de inocencia, la posibilidad de contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, la designación de un abogado de confianza y el acceso a un recurso efectivo para recurrir la condena. Entre otras irregularidades, el tribunal permitió que el acusado permaneciera esposado durante las audiencias y designó de oficio a una defensora pública que representaba a otro imputado, con quien el acusado solo pudo reunirse una hora antes de iniciarse el juicio.
En cumplimiento de la orden internacional, la Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Daniel Morin y Horacio Días, declaró el 27 de agosto la nulidad del juicio oral de 1998 y de todos los actos derivados, incluida la condena a perpetua. El expediente fue remitido para el sorteo de un nuevo tribunal, que recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 28. Este cuerpo deberá llevar adelante un nuevo juicio por los homicidios de Aguirre y Carballido y resolver el pedido de libertad que presentará la defensa.
Tras la anulación de la condena perpetua, Álvarez quedó con tres sentencias firmes: 25 años de prisión por el homicidio del empresario Bernardo Loitegui en San Isidro, cometido un día antes del ataque al pub Company; 18 años por el asesinato de un interno en la cárcel de Caseros en 1997; y seis meses por un robo. Fue detenido desde el 8 de agosto de 1996 y tuvo un breve período en libertad en 2016, antes de ser recapturado por un intento de robo en San Telmo.
El decreto 577/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), subraya que el pago ordenado por la CIDH se efectuará con fondos del Tesoro Nacional.
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