El gobierno porteño desistió de incorporar las pistolas Taser
Luego de cinco años de discusiones, y aunque cuenta con un fallo favorable del Tribunal Superior, la Ciudad ya no está interesada en dotar de armas eléctricas a la Metropolitana
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LA NACIONDaniel Gallo
Terminó una polémica de cinco años: el gobierno porteño no comprará las pistolas eléctricas Taser. Pese a un fallo favorable emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, funcionarios que conocen las decisiones del Ministerio de Seguridad confirmaron que ya no hay interés por dotar con esas armas a la Policía Metropolitana.
"El tema se politizó demasiado y la idea era sólo comprar una mínima cantidad para probar su eficacia ante algunos casos excepcionales. Hoy las Taser no figuran en la agenda", argumentó una fuente enterada de los entretelones de este caso.
En 2010 se anunció la compra de las pistolas Taser para que formasen parte de la dotación de armas de los policías metropolitanos, fuerza que por entonces daba sus primeros pasos. De inmediato aparecieron objeciones a ese material, con señalamientos que apuntaban tanto a muertes ocurridas por su uso en otros países como a abstractos peligros de su utilización como elementos de tortura.
Desde la oposición se apeló a la memoria colectiva para comparar esas pistolas con las picanas empleadas en la dictadura. No obstante, su utilización está extendida en el mundo. Por ejemplo, en Sydney pueden verse policías con la Taser enfundadas a la altura del pecho, a pesar de que su uso le costó la vida a un ciudadano brasileño en 2012.
La adquisición de las Taser fue objetada judicialmente por Carlos Pisoni, actual subsecretario nacional de Promoción de los Derechos Humanos. Al cabo de cinco años de proceso, el fallo del Tribunal Superior porteño del mes pasado pareció abrir el camino a la compra de esas pistolas. Incluso el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, expresó públicamente que estaría de acuerdo con dotar de esas unidades a las fuerzas federales para situaciones "en las que es una locura sacar el arma de fuego".
Un caso de uso probable
Aunque la autorización del tribunal porteño fue recurrida con una presentación extraordinaria ante la Corte Suprema de la Nación, el gobierno porteño dio por cerrado el tema de las Taser no porque ahora considere su uso un error, sino porque avizora que la dotación de esas armas eléctricas resultaría un permanente dolor de cabeza político.
De hecho, los funcionarios locales que siguieron de cerca el proceso de evaluación de esas pistolas consideraron que este mes se presentó un ejemplo concreto de su utilidad: el caso de la médica acuchillada en Puerto Madero.
La mujer fue atacada por su novio a la vista de un prefecto que custodiaba la zona. Ante los gritos de la médica y al observar la situación, el agente dio dos veces la orden de alto al hombre. Este apuñaló otras veces a la mujer hasta que el prefecto le disparó en una pierna; el agresor continuó fuera de sí con el cuchillo en sus manos y el prefecto tuvo que hacer un disparo mortal. El hombre y la mujer murieron. Según los funcionarios porteños, el empleo de una Taser hubiese evitado esos homicidios. El protocolo de acción hubiese sido inmediato, sin el disparo de advertencia del arma de fuego, y el efecto de control, instantáneo.
Las cuestionadas Taser disparan unos dardos guiados por un cable hasta una distancia de diez metros que provoca una descarga de 400 volts durante cinco segundos. Eso inmoviliza de inmediato a un atacante. El arma, además, graba toda la secuencia de uso, por lo que pueden verificarse las condiciones de tiro. Eso no ocurre con las armas de fuego reglamentarias.
"Se había pensado el uso de las Taser como un escalón intermedio entre la 9 mm y el bastón tonfa. Está claro que el arma de fuego es mucho más letal, pero creo que ya no se puede volver atrás con la discusión que se instaló. La compra de Taser no están presupuestada para este año y tampoco lo estará en el próximo", señaló uno de los hombres que conocen el presupuesto de la Metropolitana.
Extensa discusión
Las primeras protestas aparecieron a partir de informes del Comité contra la Tortura de la ONU, que desaconseja su empleo por el daño físico y psicológico que pueden provocar. De todas maneras, esas armas están en uso en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Portugal, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Brasil y Colombia.
El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la decisión de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y habilitó el uso de las Taser, bloqueado desde 2010 por una acción judicial impuesta por Pisoni.
En su eje central, el fallo contiene la opinión del juez Luis Lozano, que señaló: "El argumento de que el arma podría tener efectos letales no basta para generar hoy la discusión judicial en torno a la validez de su uso. Obsérvese que la sola existencia de un protocolo que admitiera su uso exclusivo en aquellos casos en que la utilización de la fuerza letal esté también autorizada eliminaría la discusión en torno a la Taser".
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