El ministro de Seguridad de Santa Fe reveló detalles sobre el plan criminal para atentar contra el gobernador Pullaro
El funcionario precisó cómo se gestó la hipótesis a partir de informes de inteligencia y el hallazgo de armas de alto calibre ocultas en Roldán
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LA NACION
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ofreció este jueves mayores precisiones sobre un plan de organizaciones criminales para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a partir de información de inteligencia que en las últimas semanas fue consolidándose con evidencia concreta.
Según reconstruyó LA NACION, la principal hipótesis oficial es que un arsenal de guerra hallado enterrado en la localidad santafesina de Roldán —compuesto por fusiles Colt calibre 5.56 mm y Norinco, versión china del AK-47— podría haber sido destinado a ejecutar un atentado contra el mandatario provincial . De acuerdo con fuentes del gobierno, ese poder de fuego tendría capacidad incluso para atravesar vehículos blindados.
El armamento estaba oculto dentro de tambores de plástico, cubiertos por una losa de cemento, en un predio que funcionaba como depósito clandestino. La investigación vincula ese arsenal con la organización criminal “Los Menores”, una estructura en expansión en Rosario que actualmente disputa territorio y poder.
En ese contexto, Cococcioni explicó que las versiones sobre un eventual atentado “se venían trabajando en el marco del sistema de inteligencia hace unos meses” y detalló: “Versiones existen de distintas fuentes sobre sectores de organizaciones criminales con la intención y tratando de elaborar un plan para atentar contra las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe. Centralmente contra la persona del gobernador”.
En diálogo con Radio 2, el funcionario remarcó que, si bien las amenazas no son nuevas, en el último tiempo adquirieron otra dimensión. “No son inusuales. Ahora, en los últimos dos meses, se empezó a recibir información concreta que luego fue condecorada por datos objetivos, lo cual le empezó a dar mayor seriedad”, sostuvo.
En esa línea, señaló que el hallazgo del arsenal fue determinante para modificar la evaluación oficial del riesgo: “El último punto de verificación fue […] el hallazgo de cuatro fusiles en un escondite subterráneo en Roldán. Sabíamos que estaban ahí por información de inteligencia. La prioridad número uno era sacarlas de circulación”. Y agregó: “Haberlas encontrado en las exactas condiciones en la que se nos había informado nos llevó a la conclusión que debíamos tomar con mayor seriedad lo que parecía una hipótesis hasta ese entonces”.
Sobre ese punto, también explicó que el lugar donde se encontraron las armas ya había sido utilizado previamente con ese fin: “El predio se había usado antes para depositar armas y después había quedado en la práctica casi abandonado, pero vigilado de manera intermitente desde afuera. No había personas ahí. Era un depósito”.
Crimen organizado, cárceles y presión sobre el gobierno
Tal y como informó este medio, la hipótesis de un atentado se vincula directamente con el endurecimiento de las condiciones de detención de presos de alto perfil y con la política de seguridad impulsada por la gestión de Pullaro, en particular la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Piñero —denominada “El Infierno”— donde serán trasladados integrantes de organizaciones criminales .
En ese sentido, Cococcioni sostuvo que el accionar de estas bandas responde a un intento de revertir ese escenario: “Esta gente tiene una sola cosa en la cabeza: mientras Pullaro sea gobernador, su situación no va a cambiar en absoluto”. Y agregó: “Esta gente se debe levantar todos los días puteando a Pullaro y viendo cómo puede deshacerse de él, esto es una realidad”.
El ministro describió además el estado actual de las organizaciones criminales: “Queremos ser muy claros. […] No están totalmente desmanteladas, pero sí contenidas”. Según explicó, esa contención se basa en tres pilares: “un policiamiento urbano y un sistema de medidas de prevención bastante robusto”, el fortalecimiento de la investigación judicial —“la fiscalía ha tenido un gran papel esclareciendo este tipo de hechos”— y, principalmente, “una fuerte restricción a estos grupos que están presos”.
Sin embargo, advirtió que se trata de un equilibrio frágil: “Todas estas son medidas de contención. No es que la persona dejó la actividad ilícita y se convirtió. Están ahí. Recién llevamos dos años. […] Hoy por hoy, mucha gente está esperando que haya el más mínimo afloje para hacer todo lo que hacían hace dos años”.
Los actores bajo sospecha
La investigación apunta a integrantes de “Los Menores”, organización que —según fuentes oficiales— reemplazó en parte el poder territorial de “Los Monos” en Rosario . Entre los nombres mencionados aparece Lisandro “Limón” Contreras, detenido y alojado en el penal de Piñero.
Sobre su situación, Cococcioni detalló: “Está en el régimen de alto perfil […] con un régimen sumamente restrictivo. Tenemos en carpeta agregar más restricciones. Las requisas son permanentes. No se les permiten ir ni a las audiencias”.
El hallazgo del arsenal también permitió avanzar en la identificación de posibles responsables logísticos. Según LA NACION, dos hombres fueron imputados por asociación ilícita tras presentarse en el predio donde estaban enterradas las armas, lo que reforzó la conexión con la estructura criminal investigada .
Nuevos protocolos y restricciones
Frente al incremento del riesgo, el Ministerio de Seguridad elevó recomendaciones formales al gobernador para reforzar su protección personal y la de su entorno. “Puntualmente estamos sugiriendo […] elevar todos los niveles de alerta y seguridad, fundamentalmente en los controles de acceso a los edificios gubernamentales”, explicó Cococcioni.
El protocolo incluye además medidas más amplias: “Tenemos que revisar todos los movimientos personales, la radicación de su persona y la de su familia, y las actividades innecesarias de exposición pública”.
En ese marco, el funcionario reconoció que incluso se evalúa limitar el contacto directo del gobernador con la ciudadanía: “Hay un cierto grado de tensión. Uno le está pidiendo al gobernador que restrinja el contacto con la gente. Creo que no debe haber nada más preciado para un funcionario público que el contacto con la gente”.
Y agregó: “Es una limitación fuerte, no solo a su vida personal sino también en su desenvolvimiento público”. No obstante, aclaró para finalizar que la decisión final corresponde al propio Pullaro: “No le puedo claramente imponer limitaciones […] pero sí uno trata por lo menos de señalar que hay que aceptar mayores limitaciones de las que uno está dispuesto alegremente a tolerar”.
LA NACION
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