El tribunal del nuevo juicio por la muerte de Maradona debutó en una audiencia con fuerte cruces
Francisco Oneto, abogado del presidente Javier Milei, se sumó a la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Tras el escándalo del documental Justicia Divina, que tenía el protagonismo estelar de la jueza Julieta Makintach y que derivó en la nulidad del juicio donde eran juzgados siete acusados de la muerte de Diego Armando Maradona, una audiencia donde debutó el tribunal que estará a cargo del nuevo debate tuvo duros cruces y casi termina en escándalo.
Tras un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, informó que se le daba a las partes los diez días de plazo para definir si recusaban al último magistrado que, tras un sorteo, se sumó al debate: Pablo Rolón.
El plazo de diez días para decidir si se recusa a un juez está dispuesto por el Código Procesal Penal bonaerense. Rolón fue designado por sorteo el martes. Un día después, desde el TOC N°7 se convocó para hoy a una audiencia “multipropósito”, donde se iban a tratar diferentes cuestiones para el próximo juicio.
En la audiencia “multipropósito” se debía deliberar los alcances de la declaración de nulidad dispuesta por el TOC N° 3, a cargo del primer debate y el pedido del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados, de ser juzgado en un juicio por jurados, presentación hecha la semana pasada, entre otras cuestiones.
La jornada, presenciada por Jana Maradona, una de las hijas del Diez, comenzó con la palabra de Gaig. “Esta audiencia tiene como objeto validar la conformación del tribunal”, integrado también por el juez Alberto Ortolani, que es titular del TOC N°1.
Pronto, Gaig hizo una referencia subliminal del escándalo que derivó en la nulidad del primer debate. “En nombre del tribunal asumimos esta función con el compromiso de absoluta imparcialidad, objetividad e independencia para garantizar un juicio justo y pleno derecho de la defensa. Buscamos fortalecer la confianza de la justicia en la ciudadanía. Es responsabilidad de todos contribuir para llevar adelante el nuevo juicio con eficacia y celeridad posible, y sin más dilaciones”.
Gaig quería que las recusaciones al juez Rolón, si es que las hubiera, sean orales y después, si había algún cuestionamiento, pretendía correr el plazo de los diez días para las fundamentaciones.
Al correr la vista a las partes, el primero en hablar fue el Francisco Oneto, abogado del presidente Javier Milei en diferentes causas, y que sumó recientemente a la defensa de Luque. Pidió que la prensa tuviera libre acceso en el debate porque es un “mecanismo de control”.
Acto seguido comenzaron los duros intercambios. Porque el juez Giag dio por entendido de que nadie había hecho la recusación presencial del juez Rolón, entonces daba por conformado el tribunal.
“Perdió la oportunidad”, le dijo Gaig a Oneto. El abogado fue más allá y acusó al presidente del tribunal de tener “mala fe procesal”.
Entonces intervino el abogado Julio Rivas, otro de los defensores de Luque, y recordó que por el Código Procesal Penal bonaerense tienen un plazo de diez días para definir si recusan a un juez y pidió ese tiempo para analizar los pasos a seguir.
El ida y vuelta continuó. Oneto volvió a tomar la palabra y amenazó que, de continuar con la misma postura por parte del presidente del tribunal, iban a presentar una denuncia por prevaricato, según dijeron a LA NACION fuentes que presenciaron la audiencia.
Después hubo un momento tenso cuando el juez Ortolani quiso dar su opinión sobre la cuestión, pero el presidente del tribunal no se lo permitió. “Que quede asentado porque si no parece que estoy dibujado acá“, sostuvo Ortolani, según se pudo escuchar a pesar de que no tenía abierto el micrófono.
Finalmente, hubo un cuarto intermedio. Según pudo saber LA NACION, Ortolani y Rolón, con los fundamentos, convencieron al presidente del tribunal que la defensa de Luque tenía razón y debía otorgarle el plazo de diez días para que analicen si presentaba la recusación.
Así, el juez Gaig informó la decisión y la audiencia se pospuso.
“Podría haber sido peor de lo que pasó. Es correcta la decisión de darle celeridad al juicio después del escándalo del documental, pero se debe cumplir con el Código Procesal Penal”, dijo una fuente judicial
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