Embargos por $10.000 millones sobre las sociedades y fideicomisos del narco que aparentaba ser un próspero empresario

Él quería que lo vieran como un próspero empresario que invertía su dinero en emprendimientos inmobiliarios y comerciales en Caballito. Pero el verdadero rostro de Carlos Sein Atachahua Espinoza, según la Justicia, quedó al descubierto el año pasado cuando fue detenido en un cinematográfico operativo: era, en realidad, un capo narco que lavó sumas millonarias en la Argentina. Ahora, fueron embargados los bienes de cinco sociedades comerciales y fideicomisos que se le atribuyen hasta cubrir la exorbitante cifra de $10.000.000.000.

Así surge de una resolución de 145 páginas firmadas hoy por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que interviene en el expediente.

“Los hechos de lavado acreditados en autos han sido realizados en nombre, con la intervención, o en beneficio de las sociedades comerciales Tebinan SRL, S y B SA, Espacio Libre SRL, Rosgar SA y Fideicomiso Rosario 724. En efecto, las personas jurídicas referidas, como así también sus responsables, han llevado adelante la disimulación de los bienes y/o activos provenientes de ilícitos penales”, explicó el magistrado en su resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

La investigación que puso bajo la lupa al clan de Atachahua Espinoza comenzó hace tres años y tres meses, el 23 de marzo de 2018. En noviembre pasado, Yadarola procesó al sindicado narco con prisión preventiva por el delito de lavado de activos y le trabó un embargo millonario de $ 10.000.000.000 sobre sus bienes. Ahora fue el turno de sus compañías comerciales y empresariales.

La pesquisa estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias, y el fiscal federal de Morón Santiago Marquevich. También participaron Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección de Planificación y Control Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Y tuvo un rol importante la Gendarmería Nacional.

En un primer momento la causa estuvo radicada en los tribunales federales de Morón, en el juzgado de Néstor Barral, pero cuando el magistrado se declaró incompetente el expediente pasó al fuero penal económico, con la intervención del Yadarola y la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.

En la resolución de noviembre pasado, Yadarola había procesado también a Naddya Lebira Atachahua del Águila, la hija del sindicado narco, quien era la representante de las empresas, cuyas figuras de personas jurídicas fueron procesadas y sus bienes embargados.

Según el expediente, Atachahua del Águila efectuó un descargo, donde negó su intervención como representante legal de las sociedades y solicitó su sobreseimiento.

“Respecto a las explicaciones ensayadas por quien oficiara de representante de las sociedades señaladas, se advierte que aquélla solamente se limitó a desconocer los hechos. En tal sentido, si bien sus dichos intentan desvincular su intervención en las personas jurídicas imputadas, se encuentran plenamente controvertidos con las anexadas a lo largo de la instrucción”, dijo Yadarola en su resolución.

En la causa también fue investigado el contador y cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaron en la Argentina, Diego Xavier Guastini, asesinado por sicarios el 28 de octubre de 2019.

“A Atachahua Espinoza le ingresaba dinero por dos lados: lo que se traía de Europa, que eran euros. Esos euros los cambiaba en el mercado local por dólares. A su vez, él recaudaba dólares con sus negocios que tenía con la venta de droga en la Argentina, teniendo una caja importante mensual. Lo que él pretendía era tener un paraguas blanco, lícito, comercial, que sus hijos vieran que él iba a trabajar, que su mujer iba a trabajar. Él se cuidaba mucho, él vino acá a lavarse la cara, él cuidaba mucho las formas sociales: andaba con sus credenciales de ingeniero en fluidos, de alguna universidad de Lima, pero él a toda costa quería llegar a ser un empresario”, sostuvo Guastini cuando declaró como arrepentido ante la Procunar.

Según surge del expediente, en las empresas investigadas, Atachahua Espinoza “actuaba bajo distintas funciones jerárquicas, como ser presidente y director, y que muchas de sus participaciones habían sido transferidas a Maribel del Águila Fonseca, su esposa y prófuga de la Justicia, y a su hija”.

Según el imputado colaborador, en 2005, Atachahua Espinoza “comenzó a hacer planes para traer a toda su familia al país y radicarse en la Argentina, buscando encarar algún tipo de negocio lícito que le permitiera a él acá estar tranquilo y tener un trabajo, ya que estaba todo el tiempo viajando. Pensó en el negocio de los parkings o playas de estacionamiento, es decir, que él consideraba que era un negocio de fácil control, que resguardaba la inversión inmobiliaria. Es así que, se inclinó por la zona de Caballito toda vez que en dicho barrio había una inmobiliaria especializada exclusivamente en el rubro”.

Atachahua Espinoza y Guastini se reunieron con los representantes de la inmobiliaria y “empezaron a evaluar algunas alternativas de propiedades que tenían en venta y arrancaron con una en particular que era un garaje en Rosario 230. La idea era comprar propiedades que se pudieran vender con la sociedad para evitar tener que pasar por una escritura y no tener que explicar el origen de los fondos, como así también que se pudieran comprar con la plata en mano, con el dinero en efectivo. La operación de dicho garaje se cerró en U$S 2.000.000 y se transfirió de la sociedad que era Tebinan SA”, para lo cual Atachahua Espinoza, en ese momento, no tenía gente ni familiares aquí en el país y necesitaba una persona que lo acompañara en la compra de las cuotas sociales, en un porcentaje muy chiquito porque la propiedad y el dinero era en su totalidad de él, por tales motivos se habría colocado a la madre de Guastini, quien no estaría enterada de todo el trasfondo, aportando un 20% y un 80 % la esposa del sindicado narco, que para ese momento ya estaba en el país”, según reconstruyeron los investigadores a partir de la declaración del arrepentido.