Embargos millonarios por lavado de dinero
Son seis los acusados; los activos serían del narcotráfico
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En un fallo de 355 páginas, una jueza federal explicó cómo una supuesta asociación ilícita se dedicó a lavar dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Pero el dato sobresaliente de la resolución de la magistrada Zunilda Niremperger es la suma inédita de los embargos sobre los bienes de los seis sospechosos procesados: más de $ 1630 millones.
Así se desprende del fallo firmado ayer por Niremperger, jueza federal de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, al que tuvo acceso LA NACION.
En su resolución, la magistrada calificó al abogado Carlos Salvatore como "jefe organizador" de la asociación ilícita. El letrado, de 58 años, está detenido con arresto domiciliario en su casa de la residencial avenida Melián, en el barrio de Belgrano, a la espera del juicio oral y público en el denominado caso Carbón Blanco, el contrabando de 1051 kilos de cocaína a Portugal.
La causa Carbón Blanco comenzó el 8 de marzo de 2012, cuando se secuestraron cerca de Lisboa, en Portugal, 380 kilos de clorhidrato de cocaína. Cinco días más tarde, en el puerto de Buenos Aires, la Aduana decomisó otros 519 kilos de esa misma droga que estaban ocultos en un cargamento de carbón vegetal listo para ser exportado.
La tercera incautación de estupefacientes ocurrió el 11 de abril de 2012, cuando en Lisboa se descubrieron 152 kilos de cocaína, también camuflados en una carga de carbón vegetal.
Además de Salvatore, esperan el juicio otros cuatro procesados: los empresarios Patricio Gorosito y Juan Carlos Pérez Parga, y los comerciantes Héctor Roberto y Rubén Esquivel.
Con la causa de contrabando a la espera del juicio, la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), al mando de Carlos Gonella, comenzó a investigar la hipótesis de lavado de dinero. Tuvo la colaboración del fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri.
Acuerdo de voluntades
En su resolución sobre el delito de lavado de activos, donde procesó a Salvatore; su esposa, Silvia Valles Paradiso; su suegro, Santiago Valles Ferrer; su hija, Carla Salvatore, y a los imputados Ricardo Gassan Saba y Mariano Castellucci, la jueza afirmó: "Ha existido entre Salvatore, en su calidad de jefe organizador, y las demás personas involucradas en la asociación ilícita investigada un acuerdo de voluntades tendiente a cometer delitos en forma organizada, con cierta permanencia en el tiempo y que a través de maniobras desplegadas por cada uno de sus integrantes perfectamente distribuidos en sus roles y funciones, para la consecución de todos los planes".
En las 355 páginas, la magistrada sostuvo que la presunta asociación ilícita tenía 39 empresas (en su mayoría sociedades anónimas o SRL) y una fundación para "lavar el dinero" presuntamente proveniente del narcotráfico.
En principio, no sólo los sospechosos habían fundado sociedades en la Argentina: según el fallo de Niremperger, también lo hicieron en los Estados Unidos y en España.
Según la investigación de la Procelac, que la jueza consignó en su fallo, se adjudican a los sospechosos empresas constructoras de edificios y de bienes raíces; una sociedad anónima dedicada a la venta de automóviles, camiones y utilitarios, y una empresa que filmó y produjo películas.
Al procesar al abogado Salvatore, la jueza le embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 759.653.024 pesos y a su mujer, Valles, $ 505.381.052.
"Estamos conformes con la resolución del juzgado. Consideramos que nuestra investigación ha contribuido para este importante resultado. La jueza trabó embargos por cifras que superan los mil quinientos millones de pesos, algo inédito en la historia judicial del país en el marco de una causa por delitos económicos", afirmó a LA NACION el fiscal Gonella.
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