En Chile liberaron por error a un sicario venezolano y ahora lo buscan también en la Argentina
El tribunal primero lo consideró un riesgo para la sociedad pero lo dejó libre, ahora intentan, contrarreloj, dar con su paradero
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La investigación comenzó como una pesquisa por un presunto asesinato por encargo. El imputado utilizó una identidad falsa desde el inicio, fue considerado un riesgo por el tribunal y, sin embargo, recuperó la libertad en menos de 24 horas. Desde entonces, las autoridades intentan localizarlo.
El viernes pasado, las autoridades chilenas confirmaron que el hombre que era buscado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez en el marco de la investigación por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, en Santiago, en realidad se llama Alberto Carlos Mejía Hernández. Se trata de un ciudadano venezolano de 18 años, señalado en el expediente como presunto autor material del crimen.
La confirmación de su verdadera identidad no se obtuvo de manera inmediata ni sencilla. Fue el resultado de un proceso de verificación que incluyó el análisis de huellas dactilares y diversos registros que fueron enviados a Interpol. Fue el organismo internacional quien constató que el nombre con el que ingresó al sistema judicial chileno no era más que un alias cuidadosamente escogido para encubrir su verdadera procedencia. Según los registros oficiales, Mejía Hernández nació en Venezuela en 2006, tiene tez morena, mide 1,74 metros y tiene en el dorso de su mano derecha un tatuaje con el rostro del dios Zeus.
El desconcierto llegó a su punto más alto el viernes por la mañana, cuando personal de Carabineros de Chile —la policía uniformada— comunicó erróneamente que el nombre verdadero del imputado era Carlos Alberto Mejía Hernández, invirtiendo el orden de sus dos nombres. El error fue aclarado pocas horas después por la Fiscalía Nacional y por el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Es Alberto Carlos. En la gráfica hubo un cambio y se ha corregido, pero su número de identidad corresponde al entregado ayer jueves por las autoridades venezolanas. Las policías acaban de corregir el orden de los nombres”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.
La advertencia ya cruzó la cordillera y encendió las alarmas en territorio argentino. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en coordinación con Carabineros de Chile, hizo un llamado a la población para aportar cualquier dato que permita localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández.
La difusión del pedido motivó el despliegue de distintos operativos y la activación de canales de cooperación con fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, incluyendo a las autoridades argentinas. En la pieza gráfica distribuida por las agencias de seguridad se lee: “Cualquier información comunicarse al 911”.
Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, este nuevo episodio se suma a una cadena de desaciertos que comprometen directamente al Poder Judicial y a la Gendarmería de Chile, encargada de la custodia y control de las personas privadas de libertad. La historia se remonta al 9 de julio, cuando el Juzgado de Garantía N 8º de Santiago imputó y ordenó la detención de tres sospechosos por su presunta participación en el asesinato de Reyes Ossa, conocido como el Rey del barrio Meiggs, un sector emblemático del comercio informal y la venta ilegal en el centro de la capital.
Durante aquella audiencia, la magistrada Irene Rodríguez fue categórica: calificó a los tres acusados como un “peligro para la seguridad de la sociedad” y sostuvo que existía un riesgo alto de fuga. “Con estas personas libres, tenemos que persignarnos”, afirmó. No obstante, al día siguiente, y de manera sorpresiva, una resolución electrónica emitida por el mismo tribunal dispuso la libertad de Mejía Hernández, todavía identificado bajo su nombre falso, Osmar Ferrer.
El joven, que según la Fiscalía mantiene vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, permanece prófugo. El lunes pasado, el Ministerio Público de Chile desplegó una investigación por la presunta falsificación de la resolución judicial que permitió su excarcelación, proceso que quedó a cargo del fiscal Marcos Pastén.
En paralelo, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para dar con su paradero. Entre las medidas dispuestas se incluyeron dos allanamientos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el organismo responsable de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros de los tribunales. Al mismo tiempo, el propio Poder Judicial inició sumarios administrativos internos para depurar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo una liberación que, según diversas fuentes, nunca debió ocurrir.
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