En un operativo sorpresa en Tucumán, trasladaron a "La Chancha" Alé a Ezeiza

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Rubén "La Chancha" Alé, quien es sindicado como presunto miembro de una organización delictiva que estaría vinculada con el secuestro y desaparición de Marita Verón , fue trasladado a Buenos Aires, donde seguirá cumpliendo con su arresto, en el penal de Ezeiza.

La medida, que se concretó durante la tarde de ayer, fue ordenada por el juez federal Fernando Poviña, quien lleva adelante la causa contra el "clan Ale" por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

Según informó el diario La Gaceta, el procedimiento de traslado, que se realizó de manera sorpresiva, estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que buscó a Alé del Hospital Avellaneda para llevarlo al aeropuerto y desde allí a Buenos Aires. Previamente, una junta médica dio el visto bueno para que se concrete el viaje de Alé, quien venía cumpliendo con su arresto domiciliario en la unidad coronaria del Sanatorio Moreno desde el año pasado por supuestos problemas de salud.

Violaciones a los términos del arresto domiciliario terminaron motivando la decisión de Poviña de ordenar que sea llevado a Buenos Aires para continuar con su detención

En este sentido, para evitar ser trasladado a una cárcel común, "La Chancha" aduce que padece problemas cardíacos, obesidad mórbida y mal de Parkinson, entre otras complicaciones. Sin embargo, una investigación realizada por la Justicia Federal constató que desde el sanatorio privado seguía atendiendo sus negocios, por teléfono e inclusive recibiendo visitas de sus colaboradores más cercanos.

Estas violaciones a los términos del arresto domiciliario terminaron motivando la decisión de Poviña de ordenar que sea llevado a Buenos Aires para continuar con su detención.

La orden de traslado se concretó 24 horas después de que la Cámara Nacional de Casación Penal rechazara los pedidos de excarcelación de "La Chancha" Alé y de su ex mujer, María Jesús Rivero, quien está presa en Salta.

También un día antes se había dado a conocer una resolución de Poviña que dispuso el procesamiento con prisión preventiva para Rubén Alé, su hermano, Ángel "El Mono" Alé y otros cinco miembros del clan por integrar una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de actividades delictivas.

El juez determinó que, a partir de los testimonios recogidos durante la investigación, "emergieron serios indicios que confirmarían que Adolfo Ángel Alé co-ejerce junto a su hermano Rubén Eduardo ('La Chancha') Alé, el mando de la asociación". Poviña indicó que también hay pruebas que hacen suponer que forman parte de esta organización criminal "otras personas que antes eran desconocidas, como Carlos Rolando Ocampos alias 'Ututo', César Marcelo Manca alias 'Mono' o 'Monito', Enrique Chanampa, Ernesto Santos Catulo y Hernán Horacio Lazarte alias 'Memo'". A los cinco sospechosos el magistrado los imputó por su presunta participación en una asociación ilícita, mientras que a Chanampa y a Lucero también los procesó por la comercialización de estupefacientes.

Lavado y asociación

En diciembre de 2013, Poviña había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suárez y Roberto Dilascio al considerarlos responsables por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida había sido solicitada por los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito en noviembre de ese año.

Según la acusación de los fiscales, esta asociación estaba destinada a la ejecución de múltiples delitos de acción pública, como lo es la trata de personas, por ejemplo, y con el objeto de conseguir un rédito económico, y que luego fue objeto de concretos actos de administración para brindarle apariencia de "procedencia lícita".

Los representantes del Ministerio Público argumentaron como "las propias características de los hechos investigados revelan la existencia de un numeroso grupo de sujetos, con una organización piramidal y de carácter estable durante años, con graves planes criminales diversificados, permanentes y orientados a la generación de un producto económico apreciable, dotados además de un amplio poder de fuego dispuesto para la defensa del grupo y con aceitadas vinculaciones con las fuerzas de seguridad".

Además recordaron como muchos de los testigos que prestaron declaración en el marco de juicio del caso de Marita Verón (cuya sentencia absolutoria fue recientemente revocada por la Corte Suprema de Tucumán), dieron cuenta de haber sufrido amenazas, coacción y otras situaciones violentas por parte de quienes buscaban evitar que prestaran testimonio, ya que sus dichos podrían perjudicarlos. Por otra parte, Gonella y Britos alertaron sobre la relación del grupo de imputados con integrantes de fuerzas policiales.