Excarcelan al dueño de una clínica desde donde se “propagó el Covid-19″
Se trata de Benjamín Teitelbaum, según la Justicia, propietario del Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, Vicente López, donde hubo un brote con 36 contagios y dos muertos; una sala de la Cámara Federal de San Martín dispuso que se le fije una caución real para hacer cesar la prisión preventiva que le dictó el año pasado la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Hace nueve meses, en una extensa resolución, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó al médico Benjamín José Teitelbaum, señalado como propietario del Centro Salud Norte (CSN), por ser el presunto jefe de una asociación ilícita y por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para la salud -en este, caso Covid-19-, y de falsedad ideológica de instrumentos públicos. La magistrada trabó embargos millonarios. Ahora, un tribunal de alzada ordenó la excarcelación del imputado, quien gozaba de la prisión domiciliaria.
La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por los jueces Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández. Los magistrados, que ya le habían dictado la falta de mérito respecto de la asociación ilícita y la falsificación de historias clínicas, indicaron que el monto de la caución real para hacer efectiva la excarcelación debe ser fijado por Arroyo Salgado.
“Nos gustaría manifestar nuestro total desacuerdo con la medida que adoptó la Cámara [Federal de Apelaciones de San Martín] de otorgarle la excarcelación a Teitelbaum. Hace dos meses rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el imputado. No comprendemos qué fue lo que los hizo cambiar de opinión en este último tiempo como para beneficiar al que, para nosotros, es el máximo responsable de los delitos y de las atrocidades que ocurrieron en el Centro de Salud Norte y en el Sanatorio Mariano Pelliza [situado en el límite entre Olivos y Munro]. Teitelbaum es, también, la cabeza de la organización delictiva que desde hace años viene perpetrando todo tipo de ilícitos. Nos parece una locura que esté en libertad. Especialmente teniendo en cuenta sus vínculos políticos y su patrimonio”, dijo a LA NACION Maricel Mónaco Menini, querellante en el expediente judicial.
En su resolución, el tribunal de alzada explicó que el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que había esgrimido con anterioridad para rechazar el primer pedido de excarcelación “se redujo aún más, cuestión que convoca a evaluar nuevamente la cuestión”.
“Desde que el imputado egresara de la unidad penitenciaria [Arroyo Salgado lo había procesado con prisión preventiva] para cumplir su detención en su domicilio por razones de salud –10 de agosto de 2020– a la fecha ya han transcurrido más de seis meses sin que se observen hechos nuevos que indiquen otros entorpecimientos a la investigación distintos de los inicialmente verificados. Ello debe ser conectado con otra circunstancia: la actividad probatoria efectuada hasta el día de hoy prácticamente fue asegurada, siempre refiriéndonos a lo que estrictamente se refiere a los delitos por los cuales fue procesado el imputado”, explicaron los camaristas.
La familia de Mónaco Menini tiene una cochería que estuvo a cargo del sepelio de Fátima Cellini, una paciente que estuvo internada en el CSN y falleció. Según un dictamen del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, “pese a haber manifestado los síntomas que produce el Covid-19 no le realizaron el correspondiente hisopado para confirmar o descartar la presencia de dicho virus”.
Al no haber tenido la información correspondiente, el cuerpo estuvo tres días en la cochería sin los protocolos correspondientes y se contagiaron tres personas: Maricel Menini; su tío, Mario Menini, y su madre, Marcela Menini.
No fueron los únicos. Según el expediente judicial hubo 36 personas contagiadas de Covid-19 como consecuencia de las acciones del CNS y dos personas fallecidas: Cellini y Etelvina Castillo.
La causa comenzó con una denuncia de la familia de Cellini, una paciente de 65 años que falleció el 6 de abril del año pasado después de haber estado internada un mes en el CSN. Finalmente se confirmó que la mujer se había contagiado el coronavirus, al igual que Castillo.
En el dictamen donde pidió la detención de los sospechosos, el fiscal Domínguez sostuvo que hubo una serie de “conductas desplegadas por quienes tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento de dicho centro de salud que propiciaron las condiciones para el surgimiento de un foco altamente infeccioso [de Covid-19] con un impacto lesivo de incalculables dimensiones”.
Después de la confirmación de que Cellini había muerto de Covid-19 se ordenó testear a todos los familiares de la víctima, al personal de la casa velatoria que se encargó del sepelio, a los ambulancieros y a empleados del CSN. Los estudios médicos determinaron que la mayoría de las personas dio positivo de coronavirus.
En contraposición con lo que dicen la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, la Cámara de San Martín viene beneficiando sistemáticamente con sus resoluciones a todos los imputados en la causa”, dijo Mónaco Menini a LA NACION.
Las partes querellantes en la causa tienen tiempo hasta mañana para emitir su opinión sobre la apelación que hizo la defensa del director médico del CSN, Jorge Pinzetta Martínez, respecto al rechazo a su pedido de excarcelación.
Maximizar ganancias
En junio pasado, cuando resolvió la situación procesal de los imputados, la jueza Arroyo Salgado explicó que los sospechosos, en su afán de maximizar las ganancias, “desatendían la salud de quiénes más necesitaban la aplicación de la medicina, según publicó en su momento LA NACION.
Para la magistrada, la sindicada organización delictiva estaba bien aceitada, lo que demostraba “la permanencia y habitualidad, en la que cada integrante tenía un rol determinado, lo que simplificaba su funcionalidad”.
En el momento de resolver la situación procesal de los investigados, a lo largo de 346 páginas, la jueza Arroyo Salgado sostuvo que los imputados “deliberada y despiadadamente propagaron la pandemia del virus Covid-19, sin importar si los afectados eran sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, otras personas que indirectamente tomaran contacto con ellos sabiéndose positivos del coronavirus”. Y afirmó que, “en consecuencia, los protocolos que Pinzetta Martínez manifestó haber confeccionado para aplicar en la clínica que médicamente dirigía, en el plano de la realidad, nunca fueron puestos en práctica, de ahí las nefastas consecuencias acaecidas y acreditadas en este expediente”.
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