Gatillo fácil en Córdoba. Agravan las imputaciones a policías que mataron a un chico de 15 años
La Justicia extendió la acusación a todos los involucrados, no solo al agente que disparó; la víctima, Joaquín Paredes recibió un tiro por la espalda hace casi un año cuando participaba de una reunión en una plaza de pueblo.
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CÓRDOBA. A casi un año del crimen de Joaquín Paredes, el chico de 15 años que la policía baleó en la localidad cordobesa de Paso Viejo, la Justicia agravó la acusación contra todos los agentes que participaron del hecho. Los cinco agentes quedaron imputados por “homicidio calificado por la calidad del autor y agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio calificado y agravado y abuso de autoridad agravado”.
El efectivo Maykel Mercedes López, de 24 años, era el único que tenía esa acusación, al haber sido identificado como el autor del disparo. Hasta ahora el resto —Ronald Fernández Aliendro (26 años), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luján (25) y Jorge Luis Gómez (33)— enfrentaba cargos por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad agravado”.
El asesinato de Paredes ocurrió la madrugada del 25 de octubre. Había estado con unos amigos en una reunión en una casa y, después, se fueron a la plaza del pueblo. El grupo estaba ahí cuando los policías llegaron para hacerlos que se fueran porque regían las restricciones por la pandemia.
Los agentes terminaron disparando contra los jóvenes; Paredes recibió un tiro por la espalda que lo mató, mientras que otro adolescente de 15 años y un joven de 18 resultaron heridos.
El crimen impactó en la opinión pública; se produjo menos de tres meses después de otro conmocionante caso de “gatillo fácil”: el que terminó con la vida de Blas Correas, de 17 años, en la ciudad de Córdoba.
El abogado Claudio Orosz, que representa legalmente a las familias de las víctimas por intermediación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo que las nuevas imputaciones están en línea con lo que habían pedido y “lo que determinaron los peritajes” por lo que “habrá una nueva declaración y citaciones de todos”.
A la causa se sumaron las denuncias del otro adolescente que resultó herido y las de las familias, por las reiteradas amenazas y provocaciones que recibieron “buscando que reaccionen”.
Orosz apuntó que sigue habiendo “allanamientos a testigos” y “expolicías que amenazaron, en la misma plaza de Villa de Soto, al abuelo de Joaquín”. Hay acusados que están en libertad.
El parte policial del día del crimen señaló que había unos 20 jóvenes “ocasionando disturbios” y que los efectivos realizaron disparos de arma de fuego al aire “al verse superados en número por los agresores”. En ese comunicado oficial se aseguró que “la multitud se abalanzó” sobre los policías y arrojaba “golpes de puño, pedradas y objetos contundentes, por lo que el personal policial, al ser lesionado, repelió dicha acción con disparos de armas de fuego de pistola y escopeta provista”.
Los testimonios, en cambio, describieron que los policías “bajaron como locos del patrullero, guapeando y gritando” y que “uno se puso loco y comenzó a disparar”.
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