Grave amenaza: buscan evitar que se consolide el poder narco dentro de las cárceles

Son capos narcos y están presos. Pero estar tras las rejas no les impidió continuar con el liderazgo de sus organizaciones criminales y, por medio de cartas o comunicaciones telefónicas, dirigen e imparten órdenes a sus cómplices. La problemática, analizada en un documento interno de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se repite en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz donde está detenido el líder de la temible banda de Los Monos, Máximo Ariel Cantero, alias Guille, y en la prisión de Ezeiza, donde está alojado el denominado Rey de la Efedrina, Mario Segovia, ambas unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otras. La gravedad de la situación hizo que el procurador general interino, Eduardo Casal, convocara a un grupo de fiscales para que diseñen medidas para intentar poner fin a lo que se denominó una “amenaza latente”.

En los últimos días la “mesa de trabajo” convocada por Casal se reunió por segunda vez y la semana próxima, según pudo saber LA NACION de fuentes que participaron del encuentro, podrían estar presentadas las conclusiones de los fiscales que participan de la iniciativa.

“Se está trabajando en el producto final que le será presentado a Casal, que deberá sacar las conclusiones finales”, agregaron las fuentes consultadas.

Según se explicó en el sitio web de noticias de la Procuración General de la Nación, la mesa de trabajo se formó para analizar el “despliegue de maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios” y se sostuvo que los especialistas fueron convocados debido a “la relevancia y la gravedad de esta problemática, las dificultades que ese fenómeno presenta para la persecución penal, y la amenaza que este presenta para la sociedad”.

La mesa es coordinada por el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, y participan el fiscal federal Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procunar; los fiscales federales de Lomas de Zamora Sergio Mola y Cecilia Incardona; Guillermina García Padín, que conduce la Unidad de Ejecución Penal; el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim; el fiscal general a cargo de la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba; el fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto; el fiscal federal en ejercicio de la presidencia de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo; el fiscal general Diego Velasco; Matías Álvarez, Matías Scilabra y Mariana Gamba, auxiliares fiscales de la Procunar, y el secretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional, Luis Arocena.

En el informe interno que había presentado la Procunar, se había advertido sobre “la existencia de personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”.

En dicho análisis se explicó que el problema no solo sucedía en las unidades del SPF, sino también en cárceles que dependen de otras jurisdicciones. LA NACION informó la situación que sucedió en una prisión de Entre Ríos donde un interno, identificado como Roberto Verón Aguinagalde, seguía al mando del negocio narco que tenía en Pilar.

En una reciente resolución, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de medidas para tener controlado a Verón Aguinagalde que fuentes judiciales las graficaron como similares a las que se utiliza en Italia para los detenidos acusados de integrar organizaciones mafiosas.

“La iniciativa [la mesa de trabajo] busca un abordaje institucional integral contra el grave fenómeno de las organizaciones narcocriminales que actúan desde los establecimientos penitenciarios, a partir de un relevamiento y diagnóstico preliminar realizado por la Procunar con el apoyo de las fiscalías que intervinieron en los casos allí analizados”, se explicó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.

En el análisis hecho por la Procunar, se describieron las siguientes situaciones:

• Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad.

• Las estructuras superiores de las organizaciones ejercían la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de diferentes sistemas de comunicaciones, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, exponiendo en muchos casos los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización.
• En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas. Por cierto, el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones.
• Se ha detectado el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias y habilitados para el uso general de las personas allí detenidas, para el desarrollo de las actividades delictivas.

• También se advirtieron comunicaciones o instrucciones impartidas entre personas detenidas en los mismos o diferentes establecimientos penitenciarios, en las que se coordinaron diversas maniobras delictivas.
• En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciaros. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares.
• En los casos relevados se ha observado una importante capacidad operativa para llevar a cabo la coordinación de maniobras delictivas de gran complejidad, como por ejemplo, el ingreso mediante contrabando de sustancias estupefacientes al país, o el traslado de grandes cargamentos entre ciudades distantes del territorio, situaciones que, por lo general, requieren de gran precisión para ser efectuadas de manera encadenada.
• Se observó la vinculación de estos grupos criminales con otras actividades violentas que fueron planificadas y guiadas desde los establecimientos penitenciarios, como homicidios, secuestros extorsivos o amenazas coactivas, dando cuenta de la gravedad de los sucesos.

“Hay que sacarle el teléfono”

El fiscal de Rosario que imputó a 16 personas ligadas a la banda de Los Monos por homicidios, ataques a balazos, usurpaciones y narcomenudeo, sugirió “no investigar más” al condenado líder de la narcobanda Ariel “Guille” Cantero -que suma penas de 84 años de prisión tras siete condenas-, pero reclamó, según consignó Télam, que “hay que sacarle el teléfono” de la celda en la que se encuentra encerrado en la cárcel de Marcos Paz.

El fiscal Pablo Socca, que en una audiencia realizada anteayer imputó por diversos delitos a 16 jóvenes que operaban en un barrio de Rosario en nombre de Cantero, recordó que 12 de ellos ya estaban presos previamente por similares infracciones.

”Estoy harto de investigar y al poco tiempo darme cuenta que los delincuentes ya están presos. De esas 16 personas, 12 ya estaban presas por homicidios, balaceras o portación de armas”, sostuvo Socca.