Grooming y abuso sexual: desplazaron a la cúpula policial de la pequeña localidad del norte cordobés en el foco del escándalo
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la medida respondió a “la falta de credibilidad de la institución por parte de la sociedad”
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CÓRDOBA. Con 15 detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, entre los cuales hay un policía, el Ministerio de Seguridad provincial resolvió remover a la cúpula policial del departamento Río Seco.
La medida alcanzó al jefe de la departamental, al jefe de zona y a otros policías. El ministro Juan Pablo Quinteros afirmó que la decisión responde a “la falta de credibilidad de la institución por parte de la sociedad”.
Además, pidió al Tribunal de Conducta Policial que investigue por qué la denuncia realizada por una mujer en el 2021 contra la familia de José Aníbal Villarreal, el detenido exasesor del legislador oficialista Ernesto Flores, sobre el que pesa la acusación más grave de abuso sexual con acceso carnal, no pasó nunca a la Justicia.
La presunción en el pueblo es que Flores tenía ascendencia sobre las autoridades policiales y que podría ser ese el motivo de que no se avanzara en la causa.
La mujer hizo la denuncia cuando tenía 33 años y refirió abusos y reducción a la esclavitud cuando estaba en guarda con esa familia, entre los 2 y los 16 años, momento en que logró escapar. Incluso tiene un hijo que sería del hermano de Villarreal.
El comunicado oficial de la Policía señala que subjefe Iván Rey puso en funciones a las nuevas autoridades de la Unidad Regional Departamental Río Seco: como director asumió el comisario inspector Pablo Sebastián Allendes, como subdirector, el comisario inspector Miguel Silva y como jefe de zona 1 y 2 al comisario Franco Javier Montoya.
El policía detenido ayer en la causa de grooming y abusos es Juan Cruz Cejas Bustamante, quien prestaba servicios en Córdoba capital. Está imputado por grooming.
Sigue el escándalo en la Unicameral
Villarreal era asesor del legislador provincial peronista Flores, quien pidió licencia por seis meses en su cargo. La Unicameral aprobó hoy esa solicitud con los votos del oficialismo.
Entre sus asesores, no solo Villarreal —a quien desvinculó cuando trascendió la investigación judicial— tiene denuncias: otros tres también tenían causas en su contra. Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, que era asistente y tenía una condena a tres años y medio de prisión efectiva por los delitos de peculado y usurpación; Mario Giraudo, condenado a dos años de prisión condicional por encubrir un abuso sexual, y José Héctor Villegas, imputado desde el 2023 por explotación de trabajo infantil y abuso deshonesto.
Además, la organización periodística Ruido reveló que la Unicameral le pagó $ 4.590.800 a la pareja del legislador entre 2024 y 2025. Karina Mayra Mariño recibió la suma a través de la partida “Servicios Técnicos y Profesionales”.
La fiscal Analía Cepede que lleva adelante la causa por grooming y abusos, indicó que al menos dos de los abusos se habrían producido en campos del legislador Flores. Sobre él, en particular, no pesa ninguna acusación.
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