Investigan si colombianos que venden muebles lavan dinero
La Justicia tiene en la mira a parte de los 3000 ciudadanos de ese país radicados en la frontera del norte argentino; creen que usan esta pantalla para movilizar fondos de actividades ilícitas
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LA NACIONGabriel Di Nicola
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, Salta. José Nelson Henao Ortiz había nacido en Pereira, en Colombia, 47 años atrás. Desde el 2012 vivía en esta ciudad, en la frontera con Bolivia, una zona caliente del contrabando de drogas y el tráfico de personas y divisas, donde ya estaba radicada parte de su familia y varios compatriotas. Fabricaba y vendía por las calles muebles hechos con madera y placas de durlok. No tenía antecedentes penales. Murió el domingo pasado de un infarto después de recibir un balazo de goma de uniformados de la policía de Salta, cuando intentaron detenerlo tras una pelea callejera.
Desde hace más de tres años en esta ciudad, como en Pichanal, Yrigoyen, Tartagal y Salvador Mazza, es común ver a ciudadanos colombianos que recorren las calles con carros cargados de muebles para vender. Ellos dicen que es su modo de ganarse la vida. Funcionarios judiciales y policiales desconfían y sospechan que ocultan otras actividades, como lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que, según datos de fuerzas de seguridad federales, en las provincias del noroeste argentino hay radicados más de 3000 colombianos.
"Estoy muy preocupado porque hay una importante cantidad de ciudadanos colombianos", sostuvo a LA NACION el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que tiene bajo su jurisdicción 700 kilómetros de frontera con Bolivia. El magistrado ya había encendido la luz de alarma hace dos semanas cuando estuvo invitado en el Coloquio de IDEA para hablar ante empresarios nacionales.
La comunidad de colombianos en la frontera se defiende y afirma ser discriminada y estigmatizada porque la comparan con compatriotas narcotraficantes, paramilitares y sicarios.
Reynoso explicó que hace diez días estuvo reunido con funcionarios nacionales y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para hablar sobre el tema y otros problemas de la frontera caliente del contrabando.
"En la frontera hay organizaciones internacionales de delincuentes. Tengo personas detenidas de Colombia, Ecuador, Portugal y Europa del Este", agregó el juez.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales, la venta de muebles por las calles sería una pantalla de ciudadanos colombianos para su principal actividad: ganar dinero con préstamos de efectivo a gente humilde.
En la fiscalía de Violencia de Género de Orán hay una causa a punto de ser elevada a juicio contra tres ciudadanos colombianos acusados del delito de amenazas. La víctima fue una mujer a la que le prestaron dinero y no pudo devolvérselo.
"Utilizan el mismo método que todos los usureros. Los muebles son una excusa para entrar en confianza con la gente. Le prestan poca cantidad de dinero a mucha gente. Los intereses son bajos", sostuvo una fuente judicial que investigó un caso de amenazas por parte de ciudadanos colombianos.
El dinero que le prestan a gente humilde con pocos ingresos económicos lo anotan en pequeñas agendas. Los muebles los venden en promedio a 2000 pesos, y cobran 100 pesos por semana.
"La gente que recibe dinero de los colombianos sabe que sí o sí tiene que devolverlo y no se puede atrasar. También hubo disputas entre ellos por el territorio", dijo a LA NACION un jefe policial de Orán.
Muchos de los ciudadanos colombianos entran en Salta por el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la frontera con Bolivia, con documentación en regla. "Pero también hay gente que ingresa en el país por pasos no habilitados", explicó una fuente de la Dirección Nacional de Migraciones.
Fue tan rápido el crecimiento de la migración de colombianos en Orán que, hace un par de años, un hombre oriundo de Cali abrió un pub llamado Sabor Colombiano, un punto de encuentro de la comunidad. Pero económicamente no le fue bien y ya cerró.
Los treinta ciudadanos colombianos que fueron al cementerio con el cortejo de Henao Ortiz estaban molestos con la policía de Salta y medios de comunicación locales que sugirieron que la víctima habría consumido alcohol y drogas.
"Somos discriminados. Nos tildan de narcotraficantes. Pero nosotros venimos a la Argentina a trabajar. No tenemos la culpa de que haya compatriotas que hayan elegido otras actividades para ganarse la vida", explicó a LA NACION Jorge Henao Ortiz, hermano del ciudadano colombiano muerto la semana pasada. Él llego a la Argentina antes que su hermano. Primero estuvo en Santiago del Estero, después en Tucumán y luego en Orán.
"Siempre nos hemos dedicado a este trabajo [la fabricación de muebles]. Desde que llegué a la Argentina comencé a armar muebles. No todos somos iguales, pero por el hecho de ser colombianos nos tildan a todos de narcotraficantes y sicarios", afirmó Henao Ortiz.
A su lado, Javier Gareca, que es argentino, recordaba a José Nelson con gratitud: "Era una persona muy trabajadora. Me dio trabajo que me permitió mantener a mi familia. Es mentira todo lo que se habla de los ciudadanos colombianos".
"En Salta hay mucha discriminación por portación de cara", dijo el abogado David Leiva, que podría representar a la familia Henao Ortiz.
Preocupa la droga que cruza por la frontera
- El juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, expresó su preocupación por el avance del narcotráfico. Manifestó que en el norte del país tenían un alerta "con luz amarilla y naranja por la cantidad de droga que ingresa por la frontera".
- El magistrado indicó que "se encendió una luz de alerta porque los narcotraficantes comenzaron a ingresar las drogas de diseño. Se descubrieron también distintos métodos que se aplican para ocultar la cocaína y cualquier tipo de droga para eludir los controles".
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