Los carteles de Jalisco y Sinaloa se instalaron en Bolivia para producir cocaína y exportarla en puertos argentinos
La llegada de una de las más violentas organizaciones criminales del continente fue detectada por el hallazgo de cargamentos de cocaína con el logo usado por esa banda transnacional
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LA NACIONGustavo Carabajal
Ante la necesidad de encontrar nuevas rutas y centros de producción de cocaína, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, dos de las principales megaorganizaciones de narcotraficantes de México, comenzaron a desarrollar parte de sus operaciones cerca de nuestro territorio.
Durante los últimos meses, en el lado argentino de los 742 kilómetros del límite con Bolivia, las fuerzas federales y la policía de Salta secuestraron casi 370 kilogramos de cocaína en paquetes que tenían un sello: “PRADA”. Según fuentes oficiales, se trata de una marca que el Cartel de Sinaloa utiliza para diferenciar su droga, a la que los narcotraficantes mexicanos califican como “90% pura”.
Está claro que la verdadera empresa dueña de ese logo conocido en todo el mundo no tiene ninguna vinculación con la actividad ilegal, pero los narcos mexicanos recurren a ese nombre vinculado a un producto de alta gama para establecer la diferencia con la droga de otras organizaciones rivales.
Pero el desembarco del Cartel de Sinaloa en Bolivia, cerca de la frontera con la Argentina no se trata de un hecho aislado. Al igual que las huestes de la organización criminal que comandaba Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, se desplazaron a la frontera caliente de la cocaína integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que dirigía el sanguinario Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el domingo pasado en las sierras de Jalisco durante una incursión del Ejército de México. También opera el Primer Comando Capital (PCC), con presencia activa e intensa en la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
Semejante interacción apuntaría, por el momento, a tejer alianzas para explotar la ruta de la cocaína producida en la provincia de Chapare, en Bolivia y en el Vraem (tal como se denomina a la zona del Valle formado por los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro de Perú), a través de puertos de la Argentina y sur de Brasil para que los cargamentos ilegales zarpen rumbo a Amberes, Rotterdam, Lisboa, Galicia y el lejano Oriente.
Tentados por la mayor permeabilidad de las fronteras y la capacidad de producción de cocaína de los narcos peruanos y bolivianos que concentran, respectivamente, la segunda y tercera mayor superficie cultivada de hojas de coca en el mundo, con cosechas de 790 y 320 toneladas anuales, los carteles mexicanos decidieron instalarse en esta zona del continente.
El plan de los narcos mexicanos apunta a comprar la mayoría de la producción de cocaína de los clanes bolivianos. Aunque hace cuatro meses, varias de esas factorías fueron desbaratadas durante la primera etapa de la nueva gestión de Bolivia, encabezada por Rodrigo Paz.
No fue casual la decisión del flamante primer mandatario boliviano. En Chapare, una de las doce provincias del departamento de Cochabamba, en el Trópico Boliviano, se concentra la mayor producción de hojas de coca del país, de las cuales 90% termina en el mercado ilegal, donde se utiliza como materia principal en los laboratorios que producen clorhidrato de cocaína.
Por sus vínculos con dichas factorías de cocaína fueron procesados el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante la presidencia de Evo Morales y el exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en la misma gestión.
Ambas detenciones constituyen apenas un ejemplo de la complicidad que existía entre funcionarios de la gestión Morales con los laboratorios que producían cocaína.
Además de la necesidad de encontrar nuevas rutas, la decisión de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa tenía como objetivo controlar los centros de producción de cocaína, como entre 2008 y 2013 lo hicieron los colombianos.
Para transportar la droga elaborada en el Chapare hay que recorrer 907 kilómetros hasta la frontera con Salta. Desde allí, por territorio argentino hasta los puertos del Paraná para embarcar la droga hacia Europa.
Durante esta segunda fase de la operación mexicana, la del transporte, fue que las fuerzas de seguridad argentinas encontraron los primeros indicios de la actividad del Cartel de Sinaloa en la zona.
A principios de noviembre, las autoridades argentinas hallaron 364 kilos de cocaína en una avioneta que se estrelló en un campo de Rosario de la Frontera, en Salta. Tenían la misma marca que el alijo de 1,6 toneladas secuestrado en julio de 2022 en la ciudad de México y que pertenecía a la banda que comandaba Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La marca que figura en cada uno de los ladrillos de cocaína hallados en la aeronave parcialmente incendiada y enterrados en una caleta, en el límite Salta y Santiago del Estero, corresponde a una línea de marroquinería de alta gama, con sede en Milán, Italia.
Con un logo similar los organizadores del transporte de cargamento de 1600 kilos de cocaína marcaron los ladrillos con droga que fueron secuestrados hace más de tres años en el barrio de Tepito en la capital mexicana.
Además de la marca de las carteras de alta gama, los paquetes con cocaína llevaban el logotipo de uno de los mayores fabricantes de automóviles eléctricos de Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, los narcos detenidos que llevaban el cargamento de cocaína formaban parte del cartel de Sinaloa.
Más de tres años después y a 6100 kilómetros de distancia, el logotipo de las carteras de alta gama apareció en los paquetes del cargamento de 364 kilos de cocaína secuestrado en un campo de Rosario de la Frontera, en Salta.
El hallazgo de este cargamento puso en alerta a los responsables de las fuerzas de seguridad que, además, comenzaron a advertir la presencia de integrantes del PCC con la intención de armar alianzas con los narcos mexicanos para transportar la cocaína elaborada en Chapare.
Esa cooperación en Bolivia tendría la misma matriz que los vínculos que comenzaron a tejerse entre los productores de cocaína peruanos de la zona del Vraem con los carteles mexicanos.
A partir del análisis de las primeras actividades en la zona, los responsables de las agencias de investigaciones de Perú, Bolivia y la Argentina concluyeron que gran parte de la cocaína producida en esa zona también sería transportada a través de la frontera caliente de la droga en el norte argentino.
El riesgo más temido consiste en que esa alianza entre bandas de narcotraficantes mexicanos, clanes de productores bolivianos y peruanos y organizaciones criminales brasileñas pueda provocar un aumento de la violencia en esa área del continente.
Existen antecedentes del desembarco del Cartel de Sinaloa en nuestro país. Aunque en aquella oportunidad se trató de un intento que fracasó cuando un grupo de traficantes argentinos le vendió un cargamento de efedrina rebajado con sal a los narcos mexicanos que habían instalado un laboratorio en una quinta de Maschwitz para producir metanfetaminas.
La reacción química producida por la mezcla de la sal y los otros precursores provocó una explosión que afectó a varias casas situadas en las adyacencias y que hizo visible la presencia de los narcos mexicanos.
Este episodio y los homicidios de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón pusieron al descubierto que hubo una época en la que nuestro país se había convertido en una base de operaciones del Cartel de Sinaloa.
Durante la investigación de los tres asesinatos se determinó que, en esa época, la Argentina fue el segundo comprador mundial de efedrina. Entre 1999 y 2010 se importaron 55.395 kilogramos de efedrina, cuando la industria farmacéutica local requería 100 kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos. Cada comprimido de dichos medicamentos lleva una microdosis de efedrina; por lo tanto, la cantidad requerida por los laboratorios era muy inferior a la que se importaba.
La Justicia determinó que de esos 55.395 kilogramos al menos 40.000 kilogramos de efedrina fueron derivados a los carteles mexicanos de narcotraficantes, especialmente a la organización de Sinaloa.
Los testigos que declararon en el juicio por el triple homicidio indicaron que los traficantes argentinos compraban el kilogramo de efedrina a 90 o 120 dólares y se lo vendían a los narcos mexicanos a US$10.000. Esto significó un movimiento de US$392.000.000 durante once años por la venta de 40.000 kilogramos de efedrina a los carteles mexicanos.
Forza, una de las víctimas del triple homicidio, había sido uno de los contribuyentes más importantes para el Frente Para la Victoria, en la campaña electoral de 2007. Depositó cuatro cheques de su droguería Seacamp, en la cuenta N° 5270993 del Banco Nación, propiedad del Frente para la Victoria.
A quince años del escándalo de la efedrina y los vínculos con algunos funcionarios del gobierno kirchnerista, los responsables del Cartel de Sinaloa volvieron a fijar su atención en la región sur del continente.
Aunque, en esta oportunidad, desplazados de la situación explosiva en el Caribe, con la flota de los EE. UU en alerta por el conflicto con Venezuela, tanto las bandas de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mudaron sus operaciones a esta zona con el objetivo puesto en traficar cocaína peruana y boliviana a Europa.
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