Julieta Makintach, la jueza del escándalo, fue apartada “preventivamente” del cargo de magistrada
La decisión fue tomada por el jurado enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Julieta Makintach, la jueza de San Isidro que protagonizó el escándalo que derivó en que se declarara nulo el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, fue apartada “preventivamente” de su cargo.
La decisión fue tomada hoy por el Jurado Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires, que debe llevar adelante el jury.
“La medida dispuesta ratifica la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) a fines de mayo pasado. Más allá del alcance semejante entre ambas disposiciones, las diferencias radican en cuanto a que el apartamiento preventivo proviene del órgano político establecido por la Constitución provincial para enjuiciar magistrados y no tiene término; en cambio, la licencia del máximo tribunal era por 90 días, más allá de que podía ser prorrogable”, dijeron fuentes judiciales.
Resta saber, ahora, qué decidirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tiene en sus manos la carta de renuncia presentada por Makintach. Fuentes judiciales sugirieron que de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de avanzar hacia el jury debe deducirse que el primer mandatario provincial le rechazaría a la magistrada la dimisión. Si la aceptara, automáticamente el jury deviene abstracto.
Hace dos semanas, Makintanch, de 47 años, había presentado su renuncia como jueza. En su carta dirigida a Kicillof explicó que la decisión de renuncia “se inscribe el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas”.
Al hablar del “contexto de los hechos de público conocimiento”, Makintach se refirió a la producción del documental Justicia Divina, donde se contaban detalles del juicio y que tenía a la magistrada en un rol protagónico.
Se trataba de un proyecto audiovisual de seis capítulos de media hora cada uno, a cargo de la productora La Doble, según dio a conocer el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en una de las últimas audiencias del juicio, antes de que el debate fuera declarado nulo.
“Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de Justicia”, sostuvo en su carta la magistrada.
Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017, integra, hasta el momento, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. El 28 de mayo pasado, un día después de que el fiscal Ferrari presentara las pruebas que confirmaron el vínculo entre la magistrada y el documental Justicia Divina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia compulsiva por 90 días.
“Consciente del contexto y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo. Esta decisión no solo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales”, sostuvo Makintach en la parte final del texto de renuncia.
La magistrada explicó que había tomado la decisión con serenidad y sin renunciar a ejercer el derecho de defensa en los ámbitos que correspondan.
Cabe recordar que los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo están a cargo de un expediente para determinar si la magistrada cometió algún delito con sus acciones durante el juicio.
“Agradezco a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor, en una carrera que ha sido extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la Justicia”, sostuvo Makintach en las líneas finales de su renuncia.
Ahora, cuando se complete el proceso administrativo, el gobernador deberá definir si acepta o rechaza la dimisión de la magistrada.
La renuncia presentada por Makintach había ocurrido el mismo día en que se reunió el jurado de enjuiciamiento.
El 24 de junio pasado, convocados por la presidenta de la Suprema Corte de Justcia, Hilda Kogan, que también preside el jurado, los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula bonaerense) aceptaron la competencia, informaron a LA NACION fuentes al tanto de la reunión.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertad Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
A principios de junio pasado, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera la licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiriera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia.
Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resulta incontrastable” y “acredita sin fisuras” las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo", en referencia a ese interés meramente personal.
A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach:
- Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que finalmente fue declarado nulo.
- Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.
- Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.
- Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.
- Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate) con fines estrictamente personales.
- Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.
- Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari], quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.
- Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.
- La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.
En la página 25 de su denuncia, el procurador general bonaerense afirmó: “El agravio fue tan notorio que todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, imputados y particulares damnificados) coincidieron en anular lo actuado hasta el momento, petición a la que hicieron lugar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso".
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