“Lo mejor que podés hacer es renunciar”, el consejo que recibió la jueza tras el escándalo por el documental
Avanza la investigación donde se intenta determinar si la magistrada cometió algún delito
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Cuando el escándalo por el documental Justicia Divina ya era una noticia que había tenido repercusión mundial, la jueza Julieta Makintach, la protagonista principal del proyecto audiovisual, le escribió un mensaje de WhatsApp a su colega y compañero del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro Ariel Introzzi donde le pidió que tuviera “nobleza” y que entendiera la situación. La magistrada recibió solo un consejo como respuesta: “Lo mejor que podés hacer es renunciar”.
La situación, según dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, fue recordada por Introzzi cuando declaró como testigo en la causa donde los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo intentan determinar si la jueza Makintach cometió algún delito en su accionar.
Hasta su “licencia compulsiva” dispuesta por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Makintach integraba el TOC N°2 de San Isidro, pero se había sumado a sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso para completar el TOC N°3, que había sido sorteado para llevar adelante el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, debate que finalmente, tras el escándalo, fue declarado nulo.
Justicia Divina era un proyecto audiovisual de seis capítulos de media hora cada uno que tenía como figura central a la jueza Makintach e iba a contar detalles del juicio.
Un equipo de filmación de la productora La Doble, según denunció en su momento Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, filmó a la jueza dentro del edificio de los tribunales de San Isidro el 9 de marzo pasado, dos días antes de que comenzara el malogrado debate. También un camarógrafo, contratado especialmente, filmó parte de la primera audiencia.
La denuncia que dio origen a la investigación de los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo fue presentada el jueves 15 de mayo pasado por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del Diez. Ese día, ante la sorpresa de todas las partes, Makintach había asumido la presidencia del tribunal.
Según recordó Introzzi, el lunes 19 de mayo, Makintach reunió a “todos” [funcionarios y empleados del TOC N°2] y sostuvo que todo lo que se decía, respecto de un proyecto audiovisual, era una “barbaridad” y que no había ningún documental en preparación y que ella solo había autorizado el ingreso en la sala de audiencias a un “escritor maradoniano” y a una amiga de la infancia [por María Lia Vidal Aleman].
Después, cuando ya se habían hecho públicas las grabaciones que se habían tomado el domingo 9 de marzo, el juez Introzzi le recriminó a Makintach que haya mentido y que filmara un documental de manera clandestina en las instalaciones del TOC N°2 con “desconocidos sin autorización”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente.
“Metiste seis desconocidos en el tribunal”, le habría espetado Introzzi, palabras más, palabras menos. Makintach le habría respondido: “No eran seis, fueron cuatro”.
Después de ese cruce, ocurrió la situación del 28 de mayo pasado, el pedido de “nobleza” por parte de Makintach y el consejo del magistrado para que renunciara.
Según las fuentes consultadas, Introzzi también recordó que, en alguna oportunidad, antes de que comenzara el juicio, Makintach había hecho referencia a su intención de presidir el tribunal a cargo del debate y llegó a comentar que si sus colegas “no la dejaban, iba a plantear la situación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense”.
Jury
La jueza Makintach está cerca de enfrentar un jury de enjuiciamiento.
Para el martes próximo, a las 11, la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, citó a los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados) que integran el Jurado de Enjuiciamiento para que “se pronuncien sobre su competencia para entender en el caso”.
A principios de mes, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, había presentado una denuncia contra la jueza Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia.
Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera una licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia
Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resulta incontrastable” y “acredita sin fisuras” que las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo [por el interés meramente personal]”.
A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach, que a continuación se detallan:
- “Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados, a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona [que finalmente fue declarado nulo].
- Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.
- Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.
- Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.
- Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate, con fines estrictamente profesionales.
- Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.
- Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari] quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.
- Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.
- La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, el noveno, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
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