La Cámara Penal de la Nación resolverá el conflicto de competencia entre fueros por la investigación contra el presidente de San Lorenzo
La jueza nacional Laura Bruniard rechazó el pedido de inhibitoria de su par porteña, Rocío López Di Muro, y le pidió a ella que se inhiba de continuar con la causa contra Marcelo Moretti
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LA NACION
El conflicto de competencia entre dos fueros por quedarse con la investigación contra Marcelo Luis Ángel Moretti, presidente de San Lorenzo, por la revelación del escandaloso video grabado con una cámara oculta en el que el mandamás azulgrana se guardó en el bolsillo un fajo de dólares que le dio una empresaria a cambio de que fichara a su hijo en las inferiores del Ciclón, quedó ahora en manos de la Cámara del Crimen.
Según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, en las últimas horas la jueza nacional Laura Bruniard rechazó el pedido de inhibitoria que le había planteado su par de la Ciudad Rocío López Di Muro, y, acto seguido, la intimó a que siga tomando intervención en la causa en que el fiscal porteño Maximiliano Vence abrió de oficio luego de ver la nota periodística con la cámara oculta que complicó a Moretti en Canal 9.
El recurso subió a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El azar del sorteo decidió que la Sala VII de la Cámara del Crimen, integrada por el juez Juan Cicciaro y completada con sus pares Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto como subrogantes, sea la encargada de definir quién se quedará con la causa.
La jueza Briuniard, de acuerdo con la fiscal Mónica Cuñarro, que tiene delegada la investigación iniciada a partir de la unificación de denuncias realizadas por dirigentes de la oposición azulgrana, sostiene que los hechos atribuibles a Moretti encuadran en lo que se conoce como defraudación por administración infiel, tipificada en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, que castiga con penas de un mes a seis años de cárcel al que “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”. Ese delito es de competencia exclusiva de la Justicia nacional, no de la porteña.
La jueza López Di Muro, en tanto, sostiene que el fiscal Vence fue el primero en comenzar a investigar el caso (un día antes del sorteo en la Justicia nacional) y que no solo advirtió la presunta comisión del delito tipificado en aquel artículo del Código (que, en rigor, no sería de la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad), sino también una presunta acción reñida con el artículo 5 de la ley 24.192.
Esa norma, que estableció el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, prevé que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo.
¿Con qué prueba el fiscal Vence considera probado ese delito en este caso? Con una afirmación de Moretti en la cámara oculta, en la que se jactó de haber pagado 200.000 dólares para pagar un viaje de una delegación de San Lorenzo a Ecuador, por un partido de Copa Libertadores, que habría incluido a 30 miembros de la barra brava azulgrana. El fiscal de la Ciudad también le imputó ese delito a Francisco Sánchez Gamino, ladero del presidente azulgrana y, en ese tiempo, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
El asunto, expresaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, es que, en cualquier caso, este último hecho también representaría una defraudación por administración infiel, ya que el mentado viaje no lo habría pagado Moretti de su bolsillo –como él se jactó ante la cámara oculta–, sino de las arcas del club. Y, como se dijo, la Justicia de la Ciudad no se puede atribuir jurisdicción para perseguir un delito que no es de su competencia en materia penal.
Hasta el momento, según explicaron las fuentes consultadas, de los documentos, auditorías y declaraciones testimoniales no surgió que se hayan pagado pasajes, excepto para el plantel profesional en ese viaje. Además, los denunciantes ante la Justicia nacional nada expresaron de este eventual caso adicional.
Lo que sí quedó a la vista es el momento en que Moretti se guarda un fajo de billetes que le extiende sobre la mesa de su despacho de la presidencia del club María José Scottini (gerenta general del multimedios Hoy, de La Plata) con el enfático pedido de que ficharan en las inferiores de San Lorenzo a su hijo, Simón Coronel. Hablaron de que pasaría como una “donación” que no aparece en ningún registro contable de la institución; lo que sí se verificó es que el adolescente, efectivamente, fue inscripto con jugador juvenil del Ciclón ante la AFA una semana después del pago filmado a escondidas (con unos anteojos que llevan montada una minicámara) por el chofer de la empresaria de medios y exfuncionaria municipal de La Plata, entre otros, a cargo de Pablo Bruera, cuyo hijo también fue fichado oportunamente en San Lorenzo.
LA NACION
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