La expulsión de delincuentes extranjeros, una forma de cerrar la puerta giratoria judicial

El anuncio oficial sobre endurecimiento en las políticas migratorias incluyó la mención a la expulsión de aquellos extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Si bien aún no se conocen los detalles de la reforma propuesta a la ley 25.871, promulgada en 2004, el eje que fue expuesto en la propuesta apunta a consolidar la decisión que tomó el Gobierno para quitar de la calle a delincuentes que aprovechan la permisividad de la justicia local, la llamada puerta giratoria.

Esos ladrones deberían estar en prisión, cumplir la pena desde su primer arresto, pero la realidad marca que con delitos que lleven la expectativa de condena mínima de tres años o menos, la excarcelación es casi automática por la falta de plazas penitenciarias. Entonces, para esas personas continuar el proceso en libertad es casi un permiso para robar una y otra vez. La expulsión aparece de esa manera como una forma de cerrar la brecha legal y evitar nuevos atracos. Eso pese a que al ser enviado al país de origen ese delincuente quedará en libertad. La idea es que al menos no volverá a robar en la Argentina.

Con algunas diferencias, el Gobierno Nacional y la administración porteña llevan adelante en los últimos dos años esa resolución ejecutiva, que requiere siempre la intermediación de Migraciones ante los juzgados que llevan las causas.

Por ejemplo, el viernes 2 del actual fueron expulsados dos extranjeros en expedientes en los que intervino el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina. Se trató de un colombiano y de un uruguayo que acumulaban causas de motochorros en la región metropolitana Buenos Aires. Ya habían tenido una condena y con ese antecedente fueron luego atrapados con fines de extradición. Las órdenes de búsqueda y captura fueron emitidas por dos juzgados contenciosos administrativos federales que habían iniciado el procedimiento de expulsión.

“Cabe destacar que acorde a las leyes migratorias vigentes, los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en nuestro país, luego de ser juzgados y recibir su condena, quedan sujetos al desarrollo del correspondiente proceso de expulsión de la República Argentina. En ese sentido, el personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA logró en los primeros 4 meses del año, más de 50 capturas de extranjeros sentenciados por una amplia variedad de crímenes en nuestro territorio, que ya fueron remitidos a sus países de origen”, explicó en ese momento el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

Por su parte, otro caso impulsado por el gobierno porteño servirá para graficar el mecanismo que lleva a la expulsión. En diciembre pasado fueron alejados de la frontera argentina dos delincuentes colombianos, que cuatro meses antes habían sido sorprendidos en el momento en que robaban en un departamento situado en Tucumán al 800, en el momento en que no había moradores en el lugar.

Dado que la puerta fue forzada para el ingreso, la expectativa de pena quedaba fijada por el artículo 167, inciso 3, del Código Penal en un monto de entre tres y diez años de prisión. Por ser la mínima pena tres años, el delito puede ser excarcelable -y lo es siempre por la falta de plazas de alojamiento carcelario- y las autoridades podían esperar que esos ladrones cometiesen más delitos mientras finalizaba el proceso penal. Con acuerdo de Migraciones y de un tribunal oral en los criminal y correccional se decidió la expulsión cuatro meses después del arresto.

El año pasado más de 30 delincuentes extranjeros fueron expulsados mediante ese sistema.

En promedio, en la ciudad son arrestadas unas 15.000 personas cada año por diferentes delitos y si bien los de mayor expectativa de pena pasan al sistema penitenciario federal -dado que el control de presos es una función que aún está en proceso de transferencia desde la Nación a la ciudad-, los calabozos de comisaría y alcaidías porteñas no cuentan con más de 2000 lugares, por lo que en la mayoría de los casos los detenidos son excarcelados por la Justicia. Un 15 por ciento son extranjeros.

En el momento de sacar a ladrones del país entra en juego el nivel de arraigo en el país, ya que con familia directa argentina, una expulsión es hoy más compleja. Se apunta más que al delincuente que vive aquí hace años a aquellos que buscan hacer un turismo delictivo o que fueron empujados de sus países -se piensa en Colombia y Chile- por la presión del Tren de Aragua, un grupo de origen venezolano definido como terrorista. y que expulsa a bandas locales de sus territorios para ocupar sus lugares.

La ley actual tiene otra variante para la expulsión de extranjeros condenados por delitos. Es el extrañamiento, que el reo puede pedir cuando se cumple la mitad de la pena. Eso es, el preso pide cambiar el alojamiento en prisión por ser enviado a su país. Los jueces no están obligados a aceptar esa propuesta, que deja en libertad al detenido una vez que abandona el territorio argentino.

LA NACION

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