La herencia maldita del asesino: mató a su familia y hasta el día de hoy se debate a quién le tienen que quedar sus bienes

Hay historias criminales que terminan con una sentencia. La de Ricardo Barreda no. El odontólogo murió el 25 de mayo de 2020, después de pasar los últimos años de su vida muy lejos de su casona de La Plata donde, el 15 de noviembre de 1992, mató a su esposa, sus dos hijas y su suegra. Había cumplido la condena que la Justicia le impuso y ya no estaba sometido al régimen penal. Pero cuando falleció, otro expediente llevaba casi tres décadas intentando responder una pregunta mucho más incómoda: qué debía ocurrir con los bienes de las cuatro mujeres que había asesinado.

La respuesta tampoco fue sencilla. Hubo que determinar quiénes eran los herederos, establecer si Barreda podía recibir algo del patrimonio de sus víctimas, reconstruir el orden de las muertes y, finalmente, resolver qué ocurría con la casa, los objetos que quedaron adentro, otros inmuebles y hasta documentos de última voluntad atribuidos al propio homicida.

Así las cosas, el hombre que eliminó a toda su familia terminó dejando una herencia que, aun después de su muerte, siguió generando expedientes, reclamos y nuevas discusiones judiciales.

Aquella mañana de domingo, Barreda estaba en la casona de la calle 48 entre 11 y 12. El fin de semana había comenzado como tantos otros: tareas domésticas, el patio, la parra y las telarañas del techo que, según su propio relato, le molestaban.

En un momento se cruzó con Cecilia, su hija mayor, de 26 años y también odontóloga. La joven hizo un comentario sobre su padre y apareció en escena el apodo “Conchita”, una palabra que Barreda consideraba humillante y que años después mencionaría reiteradamente como parte de las razones que, según él, habían alimentado su resentimiento.

Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los crímenes más conocidos de la historia policial argentina. Barreda dejó la tijera que llevaba para podar y fue hasta su habitación. Allí tomó una escopeta Víctor Sarasqueta calibre 16 que había recibido como regalo de su suegra, Elena Arreche.

Regresó al sector principal de la vivienda y comenzó a disparar. Gladys Mac Donald, su esposa, recibió dos disparos. Cecilia, tres. Adriana, la hija menor, dos. Elena Arreche, su suegra, que apareció en camisón al escuchar las detonaciones, también fue asesinada.

En pocos minutos arrasó con su familia. Entonces se fue de su casa y visitó a una de sus amantes, María de las Mercedes Guastavino, más conocida en el barrio como “Pirucha” o “La bruja”, llamada así por sus dotes como vidente. Cuando regresó al hogar, los cadáveres ya estaban fríos.

Barreda intentó inicialmente presentar el episodio como un robo, pero terminó confesando. Tres años después, el 14 de agosto de 1995, fue condenado a reclusión perpetua por tres homicidios calificados por el vínculo —los de su esposa y sus dos hijas— y uno simple, el de su suegra. En aquel momento el Código Penal todavía no contemplaba la figura específica del femicidio.

La condena fue perpetua, pero el caso quedó atravesado durante años por discusiones sobre el cómputo de la pena. Barreda había permanecido detenido desde noviembre de 1992 y una parte sustancial del tiempo transcurrió como prisión preventiva. La sentencia quedó firme recién en mayo de 2007. Para entonces, los años de preventiva y la aplicación del régimen del 2x1 habían adquirido una importancia decisiva.

En 2008 consiguió el arresto domiciliario. La mujer que le permitió acceder a esa alternativa fue Berta “Pochi” André, una docente que había comenzado a hablar con él cuando visitaba a un familiar detenido. La relación terminó convirtiéndose en pareja y Barreda pasó a vivir con ella en un departamento de Belgrano.

El beneficio no fue definitivo. En enero de 2011 salió sin autorización del domicilio y volvió a prisión. Poco después recuperó el arresto domiciliario y, en marzo de ese año, la Cámara Penal de La Plata le concedió la libertad condicional. En diciembre de 2014 volvió a prisión por la situación de convivencia con André, que se encontraba deteriorada y en una condición de salud delicada. Recién salió libre a fines de 2015 y en mayo de 2016 la Justicia declaró extinguida la pena.

Para entonces habían pasado casi 24 años desde la masacre. Pero existía otro reloj judicial funcionando en paralelo, el de la herencia.

La sucesión había comenzado apenas un mes después de los asesinatos, cuando parientes de las víctimas se presentaron ante la Justicia. El problema era evidente: Barreda pertenecía a la familia y podía tener derechos patrimoniales propios sobre determinados bienes. Pero una cosa era conservar aquello que jurídicamente le perteneciera y otra muy distinta recibir por herencia bienes de las personas por cuyos homicidios había sido condenado.

La diferencia terminó siendo fundamental. En 2014, Hugo Enrique Fernández Arreche, sobrino de Elena Arreche y familiar de las víctimas, promovió una acción para que Barreda fuera declarado indigno para sucederlas. El 27 de noviembre de ese año, el Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata, a cargo de la jueza Sandra Nilda Grahl, hizo lugar al pedido. La sentencia excluyó a Barreda de las sucesiones de Gladys, Cecilia, Adriana y Elena. La decisión se basó en la condena penal por los homicidios.

La declaración tuvo una consecuencia jurídica concreta: Barreda no podía convertirse en heredero de las mujeres que había matado. Pero todavía faltaba resolver algo más complicado. ¿Quiénes eran, entonces, los herederos?

El expediente tenía una particularidad extraordinaria. Las cuatro partidas de defunción consignaban la misma hora. Eso significaba que la Justicia no podía establecer cuál de las mujeres había muerto primero. La cuestión no era un detalle. Podía cambiar por completo el destino de los bienes. Si, por ejemplo, una de las hijas hubiese sobrevivido aunque fuera brevemente a su madre, podría haber heredado de ella. Y al morir después, esos bienes habrían ingresado en su propia sucesión y pasado a sus herederos.

Pero no había forma de demostrar esa secuencia. Por eso la jueza aplicó la figura jurídica de la conmoriencia, que permite presumir que las personas fallecieron simultáneamente cuando no puede determinarse quién murió antes. La consecuencia fue que ninguna de las cuatro mujeres heredó a otra.

La resolución terminó de ordenar una sucesión que llevaba décadas abierta. Por Elena Arreche quedaron reconocidos como herederos sus sobrinos Irma Luisa Fernández Arreche, Dora Elena Julián Arreche y Hugo Enrique Fernández Arreche. Por Gladys Mac Donald, familiares de la misma línea. En cuanto a Cecilia y Adriana, que no tenían descendencia, aparecieron otros parientes colaterales, entre ellos sus tías abuelas

La propiedad más cargada de simbolismo es, naturalmente, la casona de la calle 48. Fue allí donde Barreda mató a las cuatro mujeres. La Provincia de Buenos Aires declaró el inmueble de utilidad pública y avanzó con su expropiación. La toma de posesión estatal se concretó el 20 de octubre de 2021, cuando Barreda ya estaba muerto. El odontólogo había iniciado en vida una acción vinculada con la expropiación para reclamar una compensación que consideraba acorde con el valor de mercado de la propiedad, unos 350.000 dólares. Después de su muerte, el conflicto continuó con sus sucesores.

La discusión dejó de ser quién se quedaría con la casa, porque el inmueble ya había pasado al Estado. El problema pasó a ser cuánto debía pagarse por ella y quiénes tenían derecho a recibir esa indemnización. Ese punto todavía no terminó de cerrarse.

La historia adquirió un capítulo casi surrealista cuando la Justicia tuvo que ocuparse de los objetos que permanecían dentro de la vivienda. En julio de 2024, los herederos fueron intimados para que manifestaran si tenían interés en conservar los muebles y otros bienes existentes en la casona. No hubo respuesta.

El plazo venció y, en febrero de 2025, la jueza Grahl declaró formalmente abandonados esos bienes y dispuso que quedaran a disposición del Ministerio de las Mujeres bonaerense. El expediente llegó a ese punto después de la toma de posesión estatal del inmueble y de un relevamiento de bienes y objetos que permanecían allí: entre ellos, dos automóviles que quedaron asociados para siempre con la historia de Barreda, un DKW y un Ford Falcon verde, nada menos.

El deterioro del tiempo hizo el resto. La casa ya no era de Barreda. Los objetos que quedaban adentro tampoco terminaron reclamados por los herederos. Pero el patrimonio todavía no estaba completamente resuelto.

Existe además otro inmueble vinculado con la familia: una propiedad ubicada en la calle 40 de La Plata, perteneciente al patrimonio de Elena Arreche. La casa tenía un destino familiar que quedó truncado por la masacre. Adriana, la hija menor de Barreda, tenía previsto casarse el 4 de febrero, apenas unos meses después del crimen, y había comenzado a soñar con su nueva vida en ese lugar junto a Alejandro, un médico con quien mantenía una relación. Pero su padre no se lo permitió a los tiros. Con el paso de los años, ese inmueble también quedó incorporado al complejo entramado patrimonial.

A eso se suma una propiedad en Mar del Plata donde frecuentaba a otra de sus amantes, que según los antecedentes reunidos sobre el caso, fue ocupada ilegalmente después de la detención de Barreda y permaneció en esa situación durante años. El patrimonio familiar quedó así repartido entre propiedades, derechos económicos y bienes que, lejos de encontrar rápidamente un dueño, fueron acumulando expedientes.

Pero la mayor sorpresa apareció después de la muerte de Barreda. Según contó su biógrafo, el escritor y actor, Pablo Martí Krenz, que está a punto de publicar su libro acerca de la verdadera historia del femicida, el odontólogo había firmado dos testamentos mientras estaba preso. Uno beneficiaba a su abogado de confianza, Eduardo Gutiérrez. El otro a un psicólogo del Patronato de Liberados, de apellido Clara.

El primero de esos documentos habría sido posterior al segundo. Gutiérrez se presentó en la sucesión con el instrumento y, de acuerdo con lo relatado por Krenz, el otro beneficiario cuestionó su validez al sostener que Barreda podría no haber estado en condiciones psíquicas adecuadas cuando lo firmó. La situación se complicó todavía más porque Gutiérrez murió en enero de 2024.

Así, la discusión dejó de involucrar solamente la sucesión de Barreda y pasó a conectarse con otra sucesión: la del propio letrado. La eventual transmisión de los derechos que pudiera haber recibido del odontólogo quedó, por lo tanto, atrapada en un segundo expediente.

La cuestión de los testamentos debe mantenerse diferenciada de la declaratoria de herederos de las víctimas: una cosa es quiénes fueron reconocidos judicialmente como sucesores de las cuatro mujeres asesinadas y otra, muy distinta, determinar qué derechos podía transmitir Barreda sobre bienes que fueran propios o sobre eventuales indemnizaciones.

La historia tampoco terminó con la declaración de indignidad -sanción legal que le quitó el derecho a heredar a Barreda por haber matado a su familia. Durante 2025, la Fiscalía de Estado bonaerense apeló la intervención de Mariana y Tomás Arreche en el expediente relacionado con la expropiación de la casa. El organismo sostuvo que ambos no tenían legitimación hereditaria suficiente para intervenir en ese litigio, mientras que una resolución del fuero contencioso administrativo los había admitido como parte del expediente. La controversia fue llevada ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata.

De este modo, más de treinta años después de los disparos que terminaron con la vida de Gladys, Cecilia, Adriana y Elena, la Justicia todavía debe resolver cuestiones vinculadas con los efectos económicos de aquella tragedia.

La paradoja final es que Barreda quedó definitivamente afuera de la herencia de sus víctimas, pero eso no significó que desaparecieran automáticamente todos sus eventuales derechos patrimoniales. La Justicia debió separar aquello que podía corresponderle de lo que habría recibido como heredero, posibilidad que quedó anulada por la declaración de indignidad.

El femicida dejó de existir el 25 de mayo de 2020, en un geriátrico de José C. Paz, a los 83 años, después de años de deterioro y una vida cada vez más solitaria. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio municipal de esa localidad. Su muerte cerró la historia del hombre, no la de sus bienes y sus miserias.