La ley antimafia será aplicada por primera vez contra narcos de Rosario
El Ministerio de Seguridad Nacional definió “una zona sujeta a investigación especial”, en la que se impondrá la norma aprobada por el Congreso en marzo pasado
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.– Como anticipó el 3 de abril pasado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, Rosario es la ciudad que se eligió para que debute la llamada “ley antimafia”, que fue promulgada el 9 de marzo pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, prevé que las autoridades pidan al Poder Judicial que declare a esta ciudad “zona sujeta a investigación especial”, una figura que incluye la nueva normativa y les da a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado, como la posibilidad de intervenir comunicaciones digitales, entre ellas, redes sociales.
La aplicación de la llamada ley antimafia, que por primera vez se pone en práctica en el país, se hará en Rosario, una ciudad donde las fuerzas federales actúan desde diciembre de 2023 en el marco del Plan Bandera, en coordinación con la policía provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Las estadísticas oficiales muestran un descenso de la violencia en el último año, que se mide en el registro de homicidios dolosos. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública, los asesinatos en el primer trimestre de 2025 bajaron a nivel provincial con respecto al mismo período del año pasado. Se cometieron 59 asesinatos en toda la provincia, con una reducción del 9,2%. En ese lapso de 2024, se habían registrado 65 crímenes. En 2023, esa cifra había sido de 120 asesinatos. La reducción de los homicidios entre 2023 y 2025 fue a poco más de la mitad.
La tendencia del descenso de los crímenes en toda la provincia tuvo una excepción: Rosario. En este departamento se registró un leve aumento del 5,7% respecto del trimestre anterior. En la capital provincial, la baja, en cambio, fue del 6,3% en el mismo período. El incremento de los asesinatos en Rosario fue, de todas maneras, leve. En los tres primeros meses de 2025 se cometieron dos crímenes más que el año anterior (37 contra 35). Pero si uno contrasta esta cifra con 2023 la baja es abrupta, ya que en ese período se habían producido 70 homicidios.
En abril hubo siete asesinatos en el departamento de Rosario, con lo cual las estadísticas muestran que el principal problema que enfrentaba esta ciudad del sur provincial sigue bajo cierto control. No hubo un aumento de los crímenes de manera exponencial. Lo que comenzó a advertirse durante las últimas semanas, según distintas fuentes policiales, es un aumento de las llamadas balaceras, aunque este tipo de ataques violentos no llegan a niveles de años anteriores. Y crímenes selectivos, dentro de un ambiente de tensión muy puntual, como es el barrio 7 de Setiembre, en el noroeste rosarino, donde actúa una banda relativamente nueva que se llama Los Menores, que actualmente tienen influencia directa en la barra brava de Rosario Central y cuyos integrantes están sospechados de matar, en noviembre del año pasado, al líder histórico de la hinchada Andrés Bracamonte.
Las pesquisas, fortalecidas
Con la aplicación de la ley antimafia buscarán desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta etapa, luego de que fueron encarcelados y se mantuvo aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos y los clanes de Esteban Alvarado, Funes y Caminos.
“Lo novedoso de la ley antimafia son las herramientas con las que podrán contar los fiscales y las fuerzas de seguridad para investigar a organizaciones criminales”, sostuvo en diálogo con la nacion Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito. Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que la elección de Rosario para la aplicación de esta ley tiene que ver con el trabajo de inteligencia criminal que se realizó en esta ciudad durante los últimos meses.
Entre los argumentos que se exponen en la resolución publicada en el Boletín Oficial figura que en Rosario “se verifica la comisión de determinados delitos específicamente enumerados, de forma reiterada, y cuya realización tiene por objeto evidente alguno de los siguientes supuestos: el beneficio de una organización, el desplazamiento o aniquilación de otra organización, el amedrentamiento de la población o la provocación de temor a las autoridades estatales”.
La resolución también señala que la legislación se puede aplicar “cuando resulta evidente que una organización pretende asegurarse el control de un territorio para la comisión de nuevos ilícitos, para continuar ejecutando los que ya se estuvieran cometiendo o para la sustracción de ese territorio del control de las autoridades, o cuando los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en esa área sean notoriamente insuficientes, previa conformación del comité de crisis previsto en la ley de seguridad interior”.
Entre las consideraciones para la puesta en marcha de la ley antimafia, el Ministerio de Seguridad Nacional recordó que en Rosario “hechos delictivos de extrema gravedad” han generado una situación de “conmoción social” que impulsó al gobernador Maximiliano Pullaro a pedir a la cartera que conduce Patricia Bullrich la convocatoria a un comité de crisis, como ocurrió en marzo de 2024, cuando se produjeron una serie de asesinatos a trabajadores que provocaron un fuerte impacto en la ciudad. El funcionamiento de ese comité de crisis se prorrogó y actualmente continúa vigente.
Según información reservada que recolectó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en Rosario operan actualmente organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en la llamada ley antimafia, que endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con bandas narco y que generen violencia con condenas de 8 a 20 años.
La nueva normativa también habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.
Además, entre las herramientas novedosas que plantea la ley, abarca el acceso a comunicaciones digitales, que a partir de ahora –según prevén en la cartera de Seguridad– será más rápido y aceitado. Una de estas cuestiones tiene que ver con la interceptación no solo de comunicaciones telefónicas, sino también de mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación.
“Con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas”, señala la ley.
De esa manera, en una investigación se podrán vincular los teléfonos o las plataformas que utilicen integrantes de un clan criminal. Antes estas maniobras judiciales dentro de una investigación demoraban y conspiraban muchas veces contra la pesquisa.
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