Las fuerzas federales podrán iniciar investigaciones patrimoniales sobre el crimen organizado
El Ministerio de Seguridad Nacional las instruyó a realizar pesquisas “simultáneas y paralelas” a la obtención de pruebas en causas con otro objeto procesal
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LA NACION
El Gobierno instruyó a sus fuerzas federales de seguridad a avanzar en investigaciones patrimoniales y financieras “simultáneas y paralelas” mientras realizan participan como auxiliares en causas judiciales, aun cuando aquellas no sean el objeto procesal principal de la pesquisa. Se busca seguir “la ruta del dinero” del crimen organizado, el lavado y la evasión tributaria, informaron fuentes oficiales.
Según consta en una resolución publicada en el Boletín Oficial de hoy, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se instruye “a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal para que propongan a la autoridad judicial interviniente la realización de una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela a las medidas de prueba tendientes a determinar el objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en los hechos vinculados a la criminalidad organizada, principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento”.
El Ministerio sostiene que la resolución firmada por Bullrich busca atacar de forma integral los flujos financieros ilícitos y los bienes de origen delictivo que dan sustento a las actividades de las organizaciones criminales complejas.
“Actualmente, la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por el ocultamiento del origen ilícito de los bienes delictivos y su integración en la economía formal”, se afirma en el texto de la resolución 2025-777-APN-MSG.
Al respecto, se explica que “dichas fuerzas policiales y de seguridad federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional producen inteligencia financiera y criminal, y son un componente importante en las investigaciones financieras [...] Poseen recursos específicos de inteligencia financiera, reciben capacitación periódica en la materia y pueden brindar asistencia en la creación de perfiles patrimoniales”.
Justificación
Según se precisó, con la resolución se procura cumplir con los compromisos internacionales a suscriptos por la Argentina en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, a tiempo que es respuesta a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en especial, en lo referente a la identificación de un “componente financiero en un caso de delito precedente”.
“Es importante mencionar que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su Informe de Evaluación Mutua (IEM), refiere que, en la Argentina, las fuerzas de seguridad no son Autoridades de Orden Público autónomas, sino fuerzas auxiliares, en vista de que no cuentan con facultades discrecionales para iniciar investigaciones de forma independiente. Sin embargo, constituyen una fuente clave para identificar posibles casos de lavado de activos, en tanto informan a los jueces intervinientes sobre toda actividad sospechosa detectada en el marco de sus controles preventivos. Asimismo, comportan un recurso esencial para jueces y fiscales en sus investigaciones, por cuanto pueden llevar a cabo medidas de investigación específicas en el ámbito de sus competencias”, se destacó en la resolución 025-777-APN-MSG.
“Además, en el IEM, específicamente en el Resultado Inmediato (RI) número 7, se menciona que la Argentina debe fortalecer la comprensión y el uso de investigaciones financieras paralelas, más allá del rastreo de activos, entre todas las Autoridades de Orden Público mediante la concientización sobre el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), y el fomento de la cooperación entre las unidades relevantes con el objetivo de sistematizar su participación desde el inicio de la investigación, cada vez que se identifique un componente financiero en un caso de delito precedente”.
La resolución subraya la importancia de la cooperación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para combatir el delito complejo y desarticular las estructuras económicas que lo sostienen.
En ese sentido, destaca que las fuerzas federales, sin ser “autoridades de orden público autónomas”, desempeñan un papel clave en la identificación de posibles casos de lavado de activos y en la asistencia a jueces y fiscales en sus investigaciones.
En los fundamentos de la medida se destaca que el Ministerio Público Fiscal de la Nación “dictó la Resolución PGN N°58/24, impulsando investigaciones patrimoniales con el fin de identificar y recuperar bienes de origen delictivo" y que “en ese marco, se instruyó a los fiscales para que, en las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica adopten en forma simultánea las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito y la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas“.
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