Recuperó la libertad un ciudadano italiano que fue integrante de las Brigadas Rojas
Se trata de Leonardo Bertulazzi, acusado de secuestros y asociación ilícita; había sido detenido por la Policía Federal en agosto pasado
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PARA LA NACIONManuel Casado
Tras un fallo de la Justicia, fue liberado Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, que había sido detenido en agosto pasado en su departamento del barrio porteño de Monserrat, en un operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ambas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA).
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal al hacer lugar a una presentación de la defensa de Bertulazzi. El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, hizo lugar al recurso interpuesto relativo a la libertad del todavía “refugiado”.
El juez Slokar sostuvo en su voto que la decisión de la Cámara Federal, recurrida por la defensa, no había evaluado las circunstancias personales de ciudadano italiano, que resultarían conducentes para conceder la libertad. El magistrado afirmó la existencia de arraigo de Bertulazzi en la Argentina, ya que “vive junto a su esposa hace 20 años en el mismo domicilio, del que es propietario” y resaltó que “con fecha 7 de octubre de 2004 fue reconocido como refugiado por el Poder Ejecutivo”.
Slokar hizo referencia al efecto suspensivo de los recursos administrativos y judiciales contra la resolución del 29 de agosto pasado que tuvo por cesada la condición de refugiado político y destacó lo alegado por la defensa: “Toda vez que nos encontramos dentro del plazo de 180 días previos para su interposición hasta tanto se cumpla, deberá respetarse la garantía de no devolución mientras la cesación no se encuentre firme”.
En el fallo, Slokar y Ledesma resolvieron hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa oficial y ordenar al tribunal el dictado de una nueva resolución, de conformidad con los criterios sentados.
En agosto pasado, tras la detención del ciudadano italiano, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado donde afirmó: “Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”.
Bertulazzi se encontraba en Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera levantada por las autoridades del gobierno nacional”, explicaron en ese momento fuentes oficiales.
Según la información oficial, la detención de Bertulazzi “fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia”.
En el citado comunicado se afirmó: “Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer Ministro de Italia Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización, estuvo vinculado a la logística del secuestro de Moro”.
En mayo de 2002 había ingresado en la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.
Como informó LA NACION tras su primera detención, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda, modelo 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina desde Chile.
Su paso en las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la explosión de un artefacto que armaba. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa 28 de marzo y se lo conocía como Stéfano, su nombre de guerra. Tras esa pena inicial que le aplicaron tribunales italianos, llegó una sentencia de 27 años por terrorismo.
Cuando fue detenido hace dos décadas en un garaje cerca de su departamento de Monserrat, Bertulazzi llevaba el pasaporte de su hermano, de nombre Alberto, con su fotografía. Tras la audiencia judicial, fue trasladado en medio de un importante operativo policial al Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal.
Las Brigadas Rojas son una organización terrorista que en la década del 80 quedó desmembrada y con la mayoría de sus miembros en prisión. Hasta que en mayo de 1999 atentaron contra el asesor en materia laboral del gobierno italiano Massimo Dantona. Luego, en marzo de 2002, mientras se sustanciaban los juicios contra exbrigadistas, una columna juvenil de ese grupo terrorista volvió a atacar. Esa vez mató a quemarropa a Marco Biaggi, en Bolonia, ataque que fue reivindicado por los acusados.
Según publicó el diario Clarín en julio de 2003, el ciudadano italiano fue liberado por decisión de la jueza federal María Servini. La Justicia de Italia condenó a Bertulazzi “en ausencia”, posibilidad no prevista en las leyes procesales de la Argentina. La magistrada entendió que de esa manera el detenido no pudo ejercer su derecho constitucional de defensa, dispuso su libertad.
Ahora, tras anularse su estatus de refugiado, Bertulazzi fue nuevamente arrestado. “Esta detención refleja el compromiso de Argentina con los valores de la democracia y el Estado de derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes. Asimismo, subraya la necesidad de evitar que instituciones diseñadas para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad sean aprovechadas indebidamente por criminales que atentan contra la paz y las instituciones democráticas”, concluyó el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al gobierno argentino por la captura del hombre que en su país tiene una condena de 27 años de prisión por diversas acciones terroristas cometidas en las décadas del 70 y del 80.
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