Leonardo Cositorto sumó problemas y quedó a un paso de otro juicio por estafa
Rechazaron un planteo promovido por la defensa del detenido fundador de Generación Zoe
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Pocas horas después de que en Salta se postergara el inicio del segundo juicio a Leonardo Cositorto, la Justicia de Córdoba confirmó el requerimiento de elevación a juicio del fundador de Generación Zoe. Falta definir la fecha del proceso. El acusado fue condenado en Corrientes, en febrero pasado, a 12 años de prisión.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero no hizo lugar a las apelaciones planteadas por la defensa de Cositorto y el resto de los acusados a la resolución del Juzgado de Control, que confirmaba el requerimiento de elevación a juicio de la causa Zoe.
Un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que los camaristas declararon formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Graciela de Lourdes Díaz, en el ejercicio de la defensa de Norman Próspero; Guillermo Dragotto, en el carácter de defensor de Cositorto y Maximiliano Batista; Andrea Elda Amigo y Johan Brian López, en ejercicio de la defensa técnica de Andrea Mariela Sánchez; Marcos Andre Urriche, en su carácter de abogado defensor de Maximiliano Eric Mitroff; Pablo Maccarini por Silvia Rosa Fermani y Florencia Anahí Alvarez; y Martín Gigante, por Silvina Verónica Abellonio.
En ese marco, se indicó que corren los plazos para recurrir la resolución de la Cámara.
La instrucción y el requerimiento de elevación a juicio estuvieron a cargo de la fiscal Juliana Companys, que investiga el accionar de la organización Generación Zoe, que lideraba Cositorto y que prometía elevados retornos por servicios de inversiones con criptomonedas, educación financiera y coaching ontológico.
En octubre del 2024 la Cámara del Crimen de Villa María anuló la primera elevación a juicio por “inconsistencias en la instrucción del expediente”. Companys reformuló la acusación e hizo nuevamente el pedido. La defensa de varios de los imputados se opuso y ahora salió esta resolución de confirmación.
La fiscal entiende que la organización operaba bajo un supuesto sistema piramidal de recaudación de fondos, que se hacía pasar por un grupo empresarial bajo el nombre de Generación Zoe SA y otras entidades relacionadas.
Polémica por la serie
Hace un año, al estrenarse la serie “El vendedor de ilusiones” en Netflix, el defensor de Cositorto, Guillermo Dragotto apuntó a la fiscal: "Debió velar por el secreto de sumario. Vamos a pedir a la Fiscalía General que tome cartas y la aparte de la causa. Vamos a tomar acciones legales, tanto penales como civiles, contra ella, y contra la plataforma".
“La fiscal por más que sea la parte acusadora debe velar por la objetividad. Sin embargo, realizó una entrevista en un bar y prestó la fiscalía en horarios no permitidos. Incluso hay una actriz que hace el papel de la fiscal, usando el despacho de la propia fiscal, en un horario público. Podría ser peculado por prestar esto en beneficio propio”, subrayó el abogado de Cositorto.
En diciembre pasado el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el doctor Armando Andruet, se expidió sobre la denuncia y dictaminó que, aunque Companys pudo haber actuado dentro de sus funciones, su participación en el documental y sus declaraciones han generado dudas sobre su imparcialidad.
Entiende que “infringió varios principios éticos del Código de Ética Judicial”, lo que justifica la recomendación de elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia para su consideración y posible sanción.
La fiscal argumentó que su participación se enmarca en una causa de gran relevancia social y que es su deber informar al público. Aseguró que no vulneró la reserva del sumario.
La aparición de funcionarios judiciales en casos que ni siquiera tienen sentencia de primera instancia quedó en medio de una fuerte polémica por lo sucedido durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Con la presentación que mañana realizará el Colegio de Abogados San Isidro, ya son seis los pedidos de destitución por mal desempeño que enfrenta al magistrada Julieta Makintach.
La jueza quedó en la práctica suspendida de sus funciones al establecer la Suprema Corte bonaerense una licencia obligatoria por 90 días. Makintach quedó en el foco de la polémica al ser investigada por la filmación ilegal llevada adelante en las audiencias del caso Maradona. Entre quienes promovieron el juicio político se encuentra el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona. El debate oral que llevaba 21 audiencias fue declarado nulo el jueves pasado.
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