Les vendió a delincuentes 16 armas que debía custodiar la Justicia

Algunas de las armas sustraídas de la oficina de efectos de la sede fiscal de San Fernando
Algunas de las armas sustraídas de la oficina de efectos de la sede fiscal de San Fernando
La empleada de una fiscalía fue acusada de haber sustraído pistolas y otros efectos que estaban incautados; piden su procesamiento con prisión preventiva
Gabriel Di Nicola
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16 de septiembre de 2019  

Sus consultas en la web fueron incansables. Pamela Mercedes Giménez visitaba constantemente páginas de internet para orientarse en el valor de venta de armas de fuego. No eran búsquedas casuales: esta empleada judicial de 35 años necesitaba saber el precio de pistolas y revólveres que, en un robo hormiga , había sustraído del depósito de custodia de efectos de las fiscalías descentralizadas de San Fernando , donde trabajaba.

Ese "relevamiento online" de precios de armas quedó acreditado en el historial de navegación del iPhone 8 Plus de Giménez, según surge del dictamen de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Patricio Ferrari en el que solicitaron al juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli que les dicte la prisión preventiva a Giménez y a su expareja Matías Lermee .

Estaban en la casa de la oficial Pamela Giménez sin motivo justificable
Estaban en la casa de la oficial Pamela Giménez sin motivo justificable

"El arqueo, aunque provisorio, realizado por los funcionarios asignados a las distintas áreas temáticas de la Fiscalía Descentralizada de San Fernando arrojó la determinación fidedigna de que al menos 16 armas de fuego fueron sustraídas de ese depósito del Poder Judicial provincial a manos de Giménez", afirmaron los representantes del Ministerio Público en el dictamen.

El número de armas sustraídas (una de ellas fue recuperada) habría sido aun mayor: se estima que podría sobrepasar el medio centenar. Además, se sospecha que las pistolas y revólveres robados terminaron en manos de delincuentes a cambio de más de 500.000 pesos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un oficial que presta servicio en la comisaría 1» de San Fernando, quien sostuvo que había tomado conocimiento de que Lermee "andaba vendiendo armas de fuego" y que lo hacía a "través de intermediarios". El hombre que le dio el dato le aportó al policía fotos de ocho armas que supuestamente comercializaba Lermee y también le dijo que este salía con una "fiscal [sic] de San Fernando y por eso se entera de los procedimientos".

Giménez no era fiscal. Hasta su detención, a mediados del mes pasado, era empleada judicial con cargo de "oficial cuarto" y cumplía funciones en el Aérea Correccional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de San Fernando, situación que posibilitó que tuviese acceso al lugar donde se depositaban las armas incautadas, pruebas en causas penales.

Según los fiscales, la oficial avisa que tiene armas para dar y reclama el pago de una venta
Según los fiscales, la oficial avisa que tiene armas para dar y reclama el pago de una venta

"La evidencia más sustancial que a esta altura ha permitido corroborar definitivamente la responsabilidad de Giménez y Lermee fue el análisis de sus propios aparatos de telefonía celular, según los vestigios que estos habían dejado en diferentes aplicaciones y sectores. La evidencia inicial y determinante que derivó en sus primigenias aprehensiones tuvo que ver con un intercambio de mensajes de texto entre ambos hallado en el teléfono celular de Giménez, que no deja dudas en torno a los reclamos de Giménez por la ausencia de las sumas de dinero que este [Lermee] debía entregarle en concepto de la venta de esas armas e inclusive la información que ella le brindaba a ese tiempo sobre otros efectos prestos [sic] a sustraer", sostuvieron los fiscales Asprella y Ferrari.

También se encontraron registros de evidencias que debían estar en la fiscalía
También se encontraron registros de evidencias que debían estar en la fiscalía

Algunos de los mensajes de Giménez a los que hacían referencia los fiscales decían: "Tengo algo que tengo que sacar, no sé si te sirve. Pero negocio, de boluda y gila no [...] Y quiero mi parte de lo otro de lo que quedó, te lo aviso nada más, pelotuda no soy, eso es mío si no armo terrible quilombo y sabés que lo hago, con la plata de mi hija no, querido".

Novedoso sistema

Fuentes judiciales explicaron que en la investigación fue clave el Universal Forensic Extraction Device (UFED), soporte tecnológico que permitió recuperar de los teléfonos celulares de los imputados elementos que habían sido eliminados. El UFED depende de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, conducida por Francisco Pont Verges.

Fue la primera vez que este sistema fue utilizado en el departamento judicial San Isidro. Fue el fruto de un trabajo en conjunto entre el fiscal general local, John Broyad (que designó a los fiscales Asprella y Ferrari para este caso), y su jefe, el procurado bonaerense, Julio Conte Grand. Esa cooperación permitió avanzar en la investigación y determinar qué había pasado con las armas desaparecidas del depósito judicial de San Fernando, explicaron fuentes judiciales.

"La evidencia que ha robustecido esos extremos se corresponde con el hallazgo logrado a través del sistema UFED, que permitió encontrar en el teléfono celular de Lermee múltiples fotografías de las armas de fuego que fueran sustraídas por su pareja pues, pese a la obviedad, no pudieron llegar a manos de este si no fuese por el accionar reputado a la encartada", afirmaron los fiscales en el pedido de prisión preventiva que le hicieron al juez Rossignoli.

En el momento de su indagatoria, Giménez y Lermee se llamaron a silencio. La empleada judicial fue acusada de malversación de caudales públicos, sustracción de medios de prueba y provisión ilegal de arma de fuego con habitualidad. Para Asprella y Ferrari, la evidencia es "variada" y "categórica".

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