Llevaban más de un mes detenidos en la alcaidía de los tribunales porteños

Un hábeas corpus colectivo en favor de más de un centenar de detenidos en la Alcaidía de los Tribunales porteños fue presentado en las últimas horas, luego de que funcionarios judiciales inspeccionaran la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), un espacio para detenciones de no más de 24 horas, y comprobaran que había 120 presos, algunos de los cuales estaban allí desde hacía un mes.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya le había encomendado al Ministerio de Seguridad que monitoreara el estado de la unidad -en el subsuelo del Palacio de Justicia, en Lavalle 1337-, en la inspección judicial se constató que había personas hacinadas, baños tapados e incluso materia fecal en las paredes, según registraron en el expediente los funcionarios judiciales.

La inspección se realizó el jueves pasado. La ordenó el juez Alberto Baños, subrogante del juzgado en lo Criminal y Correccional 43, a partir de una denuncia del fiscal Félix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Soledad Nieto, a cargo de la secretaría penal Nº109, fue la encargada de recorrer la Unidad 28, que, según explicó a LA NACION, "es de tránsito y no de alojamiento". Se encontró con "condiciones de alojamiento imposibles" para los 120 presos que se encontraban allí.

"Había personas alojadas en esa unidad desde, por lo menos, el 3 de marzo", describió Nieto, que precisó: "Suciedad, baños tapados, paredes con materia fecal y cinco «leoneras» en lugares mínimos", donde se alojaban los 120 detenidos.

Por esa situación, al día siguiente se interpuso un hábeas corpus y se decidió la redistribución de los reclusos en distintos complejos penitenciarios. Miembros del SPF asistieron a la audiencia dispuesta por el juzgado y expusieron las razones por las que, al momento de la inspección, había tantos detenidos en esa zona de celdas.

La orden judicial incluyó la limpieza de la unidad, tres veces por semana -algo que se concretó ayer-, y se tomaron testimonios para que se investigue a las autoridades del SPF por las irregularidades y por el incumplimiento de al menos tres acordadas de la Corte. En 2012, 2013 y diciembre de 2016, el máximo tribunal dispuso una serie de medidas respecto de la Unidad 28, tras varias presentaciones de la Procuvin y de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Se destacaba en la última acordada que muchas de las personas allí detenidas debían dormir en el piso o en bancos de concreto, algo con lo que también la Justicia asegura haberse encontrado en este caso.

Fuentes del SPF argumentan que, como el 66% de la población penal está alojada en el área metropolitana, entre Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, hay presos que tienen su traslado suspendido por la falta de espacio en esos complejos y por la resistencia de sus abogados a que se los mude a otras provincias.