Lo condenaron por ordenar escuchas telefónicas, pero en realidad quiso espiar a su esposa
La pena fue impuesta a Pablo Molina, quien fue secretario penal del Juzgado Federal N°1 de Corrientes
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LA NACION
Pablo Molina fue secretario penal del “poderoso” Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que tiene competencia electoral. Cuando estaba en funciones, en el marco de una investigación por narcotráfico, ordenó la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su esposa y la de un presunto amante de la mujer. Ayer fue condenado a la pena de cuatro años de cárcel por el delito de abuso autoridad.
El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, a cargo del juicio. Molina, además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
A principios de mes, durante el alegato, el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona habían solicitado la pena de cinco años de prisión.
Según informó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, Molina fue acusado por “haber confeccionado y suscripto el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Carlos Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -por entonces a cargo de las escuchas-, que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público explicaron que luego se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación".
Todo se descubrió en marzo de 2019 cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos encontró 28 discos compactos con el “producido” de las comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.
“En gran parte de ellas, aparece el propio acusado hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas, respecto de las cuales el tribunal correntino se declaró incompetente y las remitió a la justicia local de Chaco, donde viven la damnificada y Molina, para su investigación y su posterior juzgamiento”, se informó en una publicación.
Molina ya había sido condenado en 2023, junto con el exjuez Soto Dávila por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables a narcotraficantes. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal agravó esas penas: seis años de prisión para el exjuez y cinco para el exsecretario, al considerarlos jefe y miembro de una organización criminal.
El veredicto fue leído hoy por el juez federal Manuel Alberto Jesús Moreira, que cumplió las veces de presidente del TOF, también integrado por los magistrados Jorge Gallino y Fabián Cardozo.
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