Lola y Victoria, los bares embargados que eran las bases de una red de trata

A las víctimas, no las llamaban por su nombre. Las identificaban por un número. Los propietarios de los prostíbulos, previo pago de coimas, eran alertados por policías corruptos una hora antes de los procedimientos. La mayoría de las jóvenes explotadas sexualmente eran presionadas y amenazadas para que no abandonaran el lugar. Estos datos, aportados por un joven, amigo de una de las víctimas de explotación sexual, en una comunicación telefónica con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) fue parte fundamental del inicio de una investigación que posibilitó desbaratar una red de trata que operaba en el barrio de Flores.

Según el expediente judicial, la banda criminal habría explotado sexualmente, al menos, a 65 mujeres durante casi una década.

En una reciente resolución, el juez federal Sebastián Casanello procesó a siete integrantes de la organización criminal. Además ordenó la captura y declaró en rebeldía a un sospechoso que entre febrero de 2016 y enero pasado fue funcionario de la Municipalidad de Tres Febrero. Según la Web de noticias de la Procuración General, www.fiscales.gob.ar., se trata de Marcelo Uscheroff, que hasta su renuncia fue director de Asuntos Institucionales y representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de dicho distrito.

Además de procesar a siete personas y ordenar la captura de Uscheroff, Casanello decretó el embargo preventivo del Hotel La Perla y de los locales Lola y Victoria Bar, todos inmuebles situados en Flores.

En Lola, local situado en Alberdi al 3100, y en Victoria Bar, en Varela 64, entre otros lugares, "las víctimas eran explotadas sexualmente con el ejercicio de la prostitución. Eran controladas con una planilla donde se detallaba su nombre, horario de entrada y salida, número de habitación del albergue transitorio y precio. Además, las puertas de entrada y salida de los locales nocturnos eran monitoreadas por personal de seguridad y cámaras. Los prostíbulos y hoteles alojamientos actuaban en modo organizado", según el expediente judicial.

También se explicó que los "encuentros sexuales" pactados en Lola se concretaban en el hotel La Perla, situado en Portela al 200, y los arreglos efectuados en el bar Victoria se desarrollaban en habitaciones de Varela 62 y Bolivia 77.

La investigación estuvo delegada en el fiscal federal Franco Picardi, que contó con la colaboración de sus colegas Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, a cargo de la Protex.

Según la investigación de los representantes del Ministerio Público, plasmada en la resolución del juez Casanello, la red de trata funcionó desde 2012 hasta el mes pasado, cuando se ordenaron detenciones y allanamientos, encabezados por el Departamento de Investigaciones de Trata de la Prefectura Naval. Para los fiscales, la organización criminal se dedicaba a "captar, trasladar, acoger y explotar sexualmente, al menos, a 65 mujeres que, por su condición de migrantes, menores de edad o pobreza, se encontraban en situación de vulnerabilidad".

En el expediente se dejó asentado que las víctimas debían entregar, en un sobre, el 50% del dinero que recibían por los encuentros sexuales.

"Es interesante mencionar que la efectiva práctica prostibularia [sic] también se desprende de los sucesos que habría padecido A.M.P.P., a quien al llegar al prostíbulo Victoria le manifestaron que debía entregar el 50% de los encuentros sexuales y de las copas [los tragos que compraban los clientes]", afirmó Casanello en su resolución. La víctima fue encontrada encerrada en un inmueble vecino al prostíbulo.

"Eran mujeres de bajos recursos, en algunos casos migrantes, único sostén de familia y amedrentadas por el poder que ostentaba la banda criminal", afirmó Casanello.