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Los presos en Devoto consiguieron que la negociación alcance a todos los penales federales
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LA NACIONGustavo Carabajal
"Se les gana la reja para generar que estén intranquilos durante el fin de semana. Así, los vamos a obligar a que se instale la mesa diálogo. Después, vamos a hacer un grupo para plantear lo que piden las entidades defensoras de los derechos humanos, que se haga una lista con gente que tenga enfermedades y que se vayan, realmente. Hasta ahora se fue poca gente. En todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera".
Así, un preso del penal de Villa Devoto, convocaba al resto de los reclusos para copar los pabellones y la estrategia a seguir para tratar de que se otorguen libertades y prisiones domiciliarias. Horas después que este mensaje fue enviado comenzó el violento motín que se extendió durante casi 17 horas. Y hoy, en la segunda reunión entre los representantes de los presos y funcionarios del Ministerio de Justicia y dos integrantes de la Cámara de Casación Penal federal, se acordó un cuarto intermedio en las negociaciones hasta el miércoles próximo.
Según consta en el acta, los presos lograron que se forme una comisión interdisciplinaria para que se revisen y analicen los procesos judiciales y administrativos de los internos incluidos en las resoluciones de la Cámara de Casación que apuntaban a descomprimir la situación en las cárceles a raíz de la pandemia.
Esta comisión, que no estará formada por jueces, deberá revisar los expedientes de: los presos incluidos en los grupos de riesgo, por tener más de 60 años y por sufrir enfermedades crónicas; aquellos que estuvieran en condiciones de obtener la libertad anticipada o las salidas transitorias, los internos con condenas menores a tres años de prisión y los que estuvieran excedidos en los plazos de la prisión preventiva; mujeres con niños y embarazadas y extranjeros que cumplan los requisitos para ser expulsados.
En definitiva, la comisión analizará todos los planteos que describió el preso que, por mensaje de audio, convocaba a la revuelta, el jueves por la noche.
Se estableció que el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, realizarán una actualización de los listados con los nombres de los internos que podrían ser beneficiados con las prisiones domiciliarias.
Dicho gabinete interdisciplinario también revisará los expedientes de los presos que fueron condenados cuando eran menores, en "violación a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En otro de los párrafos del acta firmada, luego de más de cinco horas de negociación, se dejó constancia que las cuestiones planteadas y acordadas en la conversación, tendrían efecto sobre los presos alojados en todas las cárceles federales del país y no incluya solamente a los reclusos del penal de Villa Devoto.
Esto coincide con el mensaje de audio de otro de los presos, enviado antes del violento motín, donde indicaba que "la cárcel de Devoto era la punta de lanza de todos los penales del país para conseguir que sus demandas sean escuchadas. Todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera".
Entre otros reclamos los reclusos exigieron la aplicación de la resolución de la Cámara de Casación que "con base en la doctrina que emana de los reiterados precedentes de este tribunal, extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la superpoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo".
El acta de acuerdo fue firmada, entre otros, por el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco y los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos y Daniel Morín.
A pesar de la resolución de la Cámara de Casación Penal, no todos los magistrados y fiscales de primera instancia aceptaron conceder excarcelaciones o prisiones domiciliarias a los presos cuyas condenas deben controlar o que estuvieron a su cargo en la etapa de instrucción.
"En mi caso, me opuse a todos los pedidos que me presentaron para conceder prisiones domiciliarias. Con lo que me costó meterlos presos y probar que existía riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, lo que la ley considera riesgos procesales, no voy aceptar que los liberen, de ninguna manera. Es una falta de consideración a nuestro trabajo", expresó un fiscal nacional de Instrucción que solicitó mantener su identidad en reserva.
Mientras que un magistrado de Instrucción coincidió, en parte, con la posición del Ministerio Público. "En los casos de los acusados de delitos graves, como homicidio o abusos, será muy difícil que pueda conceder alguna excarcelación o prisión domiciliaria. Pero, en los hechos de delitos leves es posible que revise cada caso en particular", concluyó ese magistrado de primera instancia.
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