Narco, policía “trucho” y “arrepentido”: las mil caras del “Primo” Gutiérrez, el prófugo que sabe demasiado

Conspicuo colaborador de los agentes del área de Drogas Ilícitas, a quienes les “vendía” operativos en los que se quedaban con parte de la droga de los traficantes, este hombre declaró como testigo colaborador en la megacausa con el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan

—Estoy acá, justo en la oficina; escuchame, no queda un cuadrado, queda una bolsa que tiene más, tiene 550 de lo mismo del cuadrado, tiene un poquito más. ¿Te llevo esa?

—¿Cuánto tiene?

—Tiene 550, igual te queda a 10 pesos, no te hagas drama.

—Bueno, bueno, después, cualquier cosa, te doy lo que falta.

El que empezó la conversación fue José Víctor Gutiérrez. No hablaba desde cualquier lugar: la oficina a la que hacía referencia era, en realidad, la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro. “Primo”, como se hacía llamar, ni siquiera era policía: era un “transa” de la zona oeste del conurbano. Uno entre tantos, pero con contactos. De los buenos. Con la venia de un comisario, el falso agente llamó el 12 de diciembre de 2014 a otro traficante para ofrecerle parte de la droga que los uniformados habían incautado en un operativo.

“Transa”, recaudador, informante, testigo “plantado” y hasta policía “trucho”. Todo eso fue Gutiérrez en los últimos diez años. Tantas cosas hizo mal que, para intentar limpiar su ficha, alguna vez declaró como “arrepentido”. Terminó con dos condenas en sus espaldas y cumplió las penas, pero cuando recuperó la libertad estalló un escándalo judicial aún más grande en el que, como no podía ser de otra manera, también estaba involucrado. Entonces se arrepintió de arrepentirse y, en vez de entregarse y aclarar todo de nuevo, se escondió.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez buscan desde el 24 de julio de 2020 a “Primo” como miembro de la presunta organización narcocriminal del fiscal procesado Claudio Scapolan. Lo acusan de haber participado en dos de los cinco casos analizados: Bustamante y Santellán. LA NACION pudo saber que, aunque consiguió pasar más de un año y medio prófugo, sobre su cabeza solo pesa una orden de captura en el país, no en el exterior. Ni siquiera existe una recompensa para quien aporte datos sobre su ubicación. Primo Gutiérrez se convirtió en un fantasma. Uno que sabe demasiado.

Gutiérrez se movió libremente en el bajo mundo del narcotráfico gracias a la protección de Oscar Antonio Caviglia, al que conoció a través de su tío, también informante. Así llegó a conocer a Gabriel Cabral. Bajo las órdenes de estos policías, el “transa” prestó servicios como si tuviera uniforme en las delegaciones por las que rotaron aquellos: San Isidro, San Martín, Moreno, La Matanza y Lomas de Zamora. A todos les convenía: los comisarios ganaban operativos y el narco revendía la droga secuestrada, hacía plata y “cortaba” a la competencia.

Todo cambió el 18 de febrero de 2015. Ese día, “Primo” cayó en La Cárcova, una de las villas encadenadas de San Martín, en José León Suárez.

No bien se enteraron de la detención, los policías amigos de Gutiérrez protagonizaron una “explosión” de comunicaciones para controlar los “daños”. Cabral estuvo presente cuando lo arrestaron. Caviglia, por su parte, habló a las 20.14 con la mujer del detenido y, 33 minutos después, con Maximiliano Jarisch, secretario del fiscal Claudio Scapolan. Un abogado llamado Gustavo Semorile, de confianza de los policías, volvió esa misma noche a toda prisa desde la Costa. Al día siguiente, Cabral y Caviglia se reunieron con Semorile y un abogado de su estudio jurídico, Francisco García Maañon. Acordaron intentar salvar a Gutiérrez, pero, de no conseguirlo, se aseguraron de que la investigación llegara solo hasta él.

Cada uno cumplió su rol: el acusado, asesorado por Semorile, declaró que no formaba parte de la banda desbaratada en La Cárcova, sino que estaba allí porque era informante. Para esa época habían armado una denuncia -llamada anónima falsa, mediante- para extorsionar al proveedor de un narco al que ellos le vendían la droga secuestrada en operativos. Esa causa “trucha” estaba en manos del fiscal Scapolan. Con “Primo” caído en desgracia, Cabral intentó “dibujar” ese expediente para que pareciera que Gutiérrez realmente estaba colaborando.

Los policías, los verdaderos, tenían miedo de que su informante contara la verdad ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence. No por nada Caviglia, primero a través de Gabriel Cabral y luego a través de Santiago Cabré, les hizo llegar plata en varias ocasiones al detenido y a su familia como reaseguro de su silencio. Eso duró un año.

Pero Caviglia y compañía estaban jugadísimos.

Incluso desaparecieron escuchas de la AFI.

La delación

Tras un año soportando solo el “garrón”, Gutiérrez cambió de abogado, declaró como “arrepentido” y apuntó hacia “arriba”. Como imputado colaborador, reconoció: “Semorile fue mi abogado. Me lo puso Cabral. Es el mismo que defiende a todos estos narcotraficantes. Semorile tenía un arreglo con Cabral para que le avisara cuando iba a allanar domicilios de sus clientes, como el de la hija del Negri, que es de San Martín, o la hija de Claudio ‘Piturro’ Andrada, al que agarraron con 500 kilos. Por supuesto, después le daba la plata”.

Todos, los narcos, los policías y el propio “Primo”, que era un poco de cada cosa y más, terminaron condenados. Entre los sentenciados estuvo el comisario mayor José Luis Santiso, exjefe del Registro Provincial de Armas (Repar), mencionado en el triple crimen y la triple fuga por una larga lista de llamadas con su amigo Martín Lanatta, gestor informal del Registro Nacional de Armas (Renar). Lanatta fue condenado a prisión perpetua, al igual que su hermano Cristian y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, como partícipes necesarios de la celada planificada con mucha inteligencia para matar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina el 7 de agosto de 2008 en algún lugar del Gran Buenos Aires.

Gutiérrez cumplió los tres años de prisión, salió en libertad y bajó el perfil por un tiempo. Aunque pasaron más de seis años de todo eso, a los policías federales les llamó la atención encontrar el 24 de julio de 2020 dos copias de la causa sobre el despacho de Scapolan cuando allanaron la fiscalía por orden de la jueza Arroyo Salgado.

Aquel día, la magistrada, por pedido del fiscal Domínguez, finalmente ordenó las detenciones de Gutiérrez, su exabogado Semorile, sus amigos policías Cabral y Caviglia y el resto de los 55 involucrados en “Leones Blancos”, “Bustamante”, “Santellán”, “Basaldúa” y “Acosta”, menos la de Scapolan -al que sindicaba como jefe de la organización narcocriminal-, ya que, por ser fiscal, tenía fueros e inmunidad de arresto.

Ahora, a “Primo” lo acusan de haber participado como policía sin uniforme en los casos Bustamante y Santellán.

Dos operativos fraguados

En el caso Bustamante, expediente abierto en 2014 tras una denuncia anónima trucha, Gutiérrez hizo lo que quiso en complicidad con Caviglia, Cabral y Cabré. Tanto, que el Tribunal de San Martín anuló todo lo actuado, absolvió a los traficantes y advirtió sobre las falencias del fiscal de instrucción: “Todo ello fue perpetrado, cuanto menos, bajo la mirada complaciente del fiscal Scapolan, quien, además, continuó largamente su actuación fuera de los límites de su competencia, tal como ya lo había hecho en otro caso”.

En el caso Santellán, en medio de un allanamiento, Caviglia, Cabré y “Primo” le exigieron 30 mil dólares a Sergio Santellán para no “reventarle” la casa ni llevarse detenida a su pareja, que no era otra que la hija de Claudio “Piturro” Andrada, un peso pesado de la zona oeste. Santellán accedió, pero con una condición: que la entrega fuera en el estacionamiento donde tenía su auto. En ese lugar, los policías se repartieron con el fiscal Scapolan lo que había en la bolsa de nylon en la que Santellán dijo que puso la plata de la extorsión. Todo quedó registrado en un video al que accedió LA NACION.

Gutiérrez no es el único prófugo del caso Scapolan: también llevan casi dos años en esa condición los policías Federico Rodríguez, Sergio Mamani y Gabriel Desideri.

El que tampoco se entregó fue Semorile, su exdefensor, que prefirió ganar tiempo escondido hasta saber cómo avanzaba la causa. Pero en vez de ganar tiempo, perdió la posibilidad de contar lo que sabía a cambio de una reducción de la futura pena, cosa que negociaron dos de sus empleados de su estudio jurídico. LA NACION pudo saber que sobre Semorile solo existe una orden de captura nacional. Tal vez por eso haya decidido quedarse en Paraguay, donde vive con su novia guaraní, mientras atiende a los clientes que le quedaron en la Argentina a través de un teléfono a nombre de otro.

Por Agustín Ceruse

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