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Narcoescándalo en Río Cuarto: imputan a otro jefe policial
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. Siguen los coletazos en la causa de narcolavado en Río Cuarto . La Justicia federal imputó a Sergio Almerich, que fue jefe de la Delegación de la Policía Federal en esa ciudad hasta fines del año pasado. Fue imputado por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento por falta de denuncia. El asesinato, en enero, del supuesto jefe narco Claudio Torres generó un tembladeral que alcanzó a agentes inmobiliarios, comerciantes y derivó en la detención del exjefe de Investigaciones de la policía local, Gustavo Oyarzábal.
Almerich, actualmente en la Delegación Bariloche de la Federal, fue mencionado en las indagatorias. Dijeron que él le había advertido a Jonathan Monserrat, pareja de su hija y detenido en la causa, que tuviera "cuidado" con quienes se relacionaba porque estaban vinculados con la droga.
El juez Carlos Ochoa entiende que Almerich podría haber estado al tanto de los movimientos de la banda de Torres y omitió hacer la denuncia, a pesar de que su condición de funcionario público lo obligaba a hacerlo.
El 16 de enero Torres fue asesinado con seis balazos en la puerta de su casa cuando se bajaba de un Audi TT; tenía una pistola calibre 6.25 que no llegó a disparar. Su hermanastro, que lo acompañaba, se salvó, aunque también fue baleado. Les dispararon con armas calibres 11.25 y 9 milímetros, y el sicario escapó en una Renault Kangoo.
Torres había sido investigado los dos años previos por venta de drogas y trata de personas. Después del crimen hubo unos 50 allanamientos y 16 detenciones, incluyendo la de Oyarzábal, en febrero. Ese mismo mes el Audi de Torres fue encontrado en Buenos Aires.
Los allanamientos por la megacausa se extendieron entonces a Buenos Aires y a Chubut . Entre lo secuestrado hay 42 autos -la mayoría, de alta gama-, ocho motos y un cuatriciclo, lote valuado en $24 millones. También, armas de fuego, joyas y artículos electrónicos por $2,6 millones, y unos 6 millones entre dólares y pesos. Los inmuebles, que está a disposición del juzgado federal interviniente, suman $27 millones. Hace casi seis años que el juez Ochoa investiga el caso. Después del crimen y del allanamiento a la Jefatura policial de Río Cuarto, el magistrado fue amenazado.
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