“Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf

El fiscal Martín López Perrando volvió a solicitar que se cite a declaración indagatoria a Norberto Cristian Graf, excompañero de la escuela técnica donde estudió Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984, cuyos restos fueron hallados enterrados en el fondo de la casa de donde aún vive Graf, en Coghlan. La imputación es por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En su nuevo dictamen, el representante del Ministerio Público insistió en que luego del hallazgo de los restos óseos de Fernández Lima, hace cuatro meses -el 20 de mayo pasado- el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente [por el homicidio]”.

Como informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la nueva presentación de López Perrando se da luego de que, en agosto pasado, el juez en lo criminal y correccional Alejandro Litvack, pidiera a la fiscalía que reformula la imputación por considerar que si bien el dictamen original detallaba la prueba recolectada en la investigación y las acciones desplegadas por el sospechoso, no se había efectuado una concreta imputación para citar al excompañero de la víctima.

Entre las “maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, el fiscal resaltó “la generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta”; “la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación”, y “la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, las manifestaciones que hiciera el sospechoso “resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”.

López Perrando explicó que “si bien no fue posible aún determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Fernández Lima, sí pudo acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca [sic]” que habita -y habitaba- el imputado “tras lo cual inmediatamente luego del hallazgo de los restos practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad”.

Por otra parte, el fiscal sostuvo que “el delito encubierto es el homicidio de Fernández Lima” y que, si bien aún “no es posible atribuir autoría determinada, sí resulta claro que el homicidio ocurrió en el interior de la finca donde se encontraron los restos” y agregó que se trató de “un hecho sorpresivo e imprevisto, que pudo haber tomado desprevenido al autor o haber ocurrido en circunstancias donde este no contaba con tiempo suficiente para asegurar un ocultamiento más elaborado”.

Para el fiscal, el imputado no pudo ser “ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín de la vivienda en que habitaba al momento del homicidio de Fernández Lima y que habita aún hoy”.

El delito de encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 incisos 1° y 3°, apartados “a” y “c”, del Código Penal, contempla una pena de prisión entre uno y seis años, mientras que la supresión de evidencia (artículo 255 Código Penal), establece una pena de entre un mes y cuatro años de cárcel.

A lo largo de su dictamen de 16 páginas, el fiscal López Perrando dijo que Graf dio explicaciones “absurdas” y que, en un acto de “desfachatez disfrazada de indignado asombro”, exigió explicaciones sobre lo que ocurrió -un homicidio- “dentro de la intimidad del hogar que habitaba y habita junto a algunos de los integrantes de su reducido núcleo familiar”.

El representante del Ministerio Público afirmó en su escrito, al que tuvo acceso LA NACION: “Esta Fiscalía no solo logró la remoción y preservación del cuerpo del delito y de su escenario primario, sino también en instancia posterior, la identificación de los restos hallados y la naturaleza violenta de la muerte para finalmente determinar la relación de conocimiento y cercanía existente entre víctima y victimario. Y fue a partir de ese momento, y no antes, que Graf desplegó las maniobras imputadas, como si hasta entonces hubiese naturalizado el hecho de que en su propio jardín yaciera una persona apuñalada y enterrada. En términos jurídicos, además, ello significa que fue hallado en posesión y disposición del cuerpo del delito".

Y agregó: “En definitiva, su conducta encuadra exactamente en la figura del encubridor: no solo pretende obstaculizar el acceso a la verdad, sino que promueve, de manera directa, la impunidad de los autores y partícipes del homicidio. Y estos hechos se cometieron inmediatamente después del hallazgo. Finalizando entonces se puede concluir que nadie encubre aquello que desconoce. Y es por ese mismo motivo que, ese conocimiento del hecho se revela cuando comienzan las maniobras distractivas”.

Hace diez días, los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, letrados que representan a Javier Fernández, hermano de la víctima, solicitaron una serie de medidas de prueba.

Explicaron que “resultará de interés fundamental que se implemente, por medio de la Gendarmería Nacional u otra fuerza de seguridad, técnicas de georradar en el domicilio” de los Graf.

En el escrito, que tiene nueve páginas, también se solicitó mayores precisiones sobre la llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre el hallazgo de los restos óseos.

“Concretamente, resultará fundamental poder conocer la identidad de la persona que efectuó dicha llamada telefónica a los fines de poder recibir un amplio testimonio respecto a lo que vio y bajo qué circunstancias”, se sostuvo en la presentación.

Entre otros puntos del escrito, la familia Fernández solicitó que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires a “los fines de que se informe desde el año 1984 en adelante quiénes son o fueron los titulares de los distintos inmuebles situados en la manzana circunscripta entre las intersecciones de la avenida Congreso, calles Washington, Manuel Ugarte y Naón”.

Como se dijo, Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. Sus restos fueron encontrados, accidentalmente, casi 41 años después, por un albañil de una obra que se realizaba en el lote situado en la avenida Congreso 3748, que linda con el chalet de la familia Graf.

Eso pasó hace cuatro meses. Tras el hallazgo de los huesos, el arquitecto a cargo de la dirección de la obra llamó al número de emergencias 911. A los pocos minutos llegó personal de la Comisaría Vecinal 12C y se sumaron luego peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM), quienes levantaron 151 piezas óseas y otras evidencias que terminaron siendo clave para la investigación.

Ahora, con el avance de la investigación, el fiscal López Perrando explicó: “Al momento en que iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero a su casa, [por Graf] se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz y por ello les espetó a los obreros que tenían prohibido cortar un determinado árbol que se hallaba cercano a la medianera que dividía ambas propiedades”.

El fiscal a cargo de la investigación sostuvo: el día del hallazgo de los restos óseos, “su preocupación [por Graf] se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora: pasando desde la existencia de una iglesia en donde habrían sido enterradas personas hasta [decir] que en una oportunidad habría pedido tierra para rellenar su terreno y que los restos habrían venido ocultos sin que nadie se diera la cuenta”.

Fernández Lima, al que apodaban Gaita, y Graf, conocido como Jirafa, habían sido compañeros, hasta un año antes del crimen, en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36. No eran amigos.

El caso quedó bajo la lupa judicial cuando personal de la Policía de la Ciudad fue alertado de que obreros que trabajaban en una obra en construcción en un lote situado en Congreso 3748 encontraron restos óseos cuando hacían una excavación para fundar cimientos. En ese lugar había un chalet donde, a principios de siglo, había vivido Cerati, que se lo había alquilado a la artista plástica Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi.

La propiedad había sido demolida para la construcción de un edificio. Y en el momento del hallazgo, los albañiles trabajaban sobre la medianera que daba al fondo del inmueble situado en Congreso 3742.

Tras el hallazgo de los huesos se inició una investigación que quedó a cargo del fiscal López Perrando, que, dadas las particularidades del caso –se trataba de un cuerpo que, evidentemente, llevaba muchos años enterrado, lo que requería de métodos especiales de análisis–, convocó a especialistas del EAAF. Ellos fueron los encargados de la “intervención arqueológica” en la escena donde aparecieron los restos óseos, el 29 de mayo pasado.

“Fuimos convocados por la fiscalía de López Perrando para realizar una ‘intervención arqueológica’ para aportar una mirada y una interpretación del contexto en que el que se produjo el hallazgo. Ingresamos por avenida Congreso 3748, donde se encuentra el obrador. El lugar del hallazgo fue en la medianera con la propiedad de avenida Congreso 3742. No se trataba de una medianera de concreto, era una medianera ‘verde’, un ligustro frondoso. Buscamos indicios para determinar la fosa original donde fue enterrado el cuerpo”, explicó a LA NACION la directora para la Argentina del EAAF, Mariela Fumagalli.

La mayoría de los 150 fragmentos óseos fueron levantados por peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad, que trabajó en la escena el día del hallazgo de los huesos.

Los especialistas del EAAF recolectaron una serie de “elementos asociados” (una etiqueta de una prenda que podía corresponder a una campera o pantalón de jean marca UFO, una media y cuero que podría haber sido parte de un par de botas). El personal de la Policía de la Ciudad ya había secuestrado el reloj y la corbata azul.

A partir de la “lectura y limpieza arqueológica”, los peritos del EAAF estimaron que el foso donde fue enterrado Fernández Lima tenía 60 centímetros de profundidad, 1,20 metros de largo y aproximadamente 60 centímetros de ancho, explicó Fumagalli.

“La evidencia nos permitió inferir que el foso está situado en el lote de avenida Congreso 3742. Que el hallazgo se haya producido en el lote de al lado, sumado al hecho de que en esa casa vivió Cerati, fue un factor clave para la difusión del caso y una señal de alarma para la familia de Diego, porque seguían la información que salía en los medios de comunicación y todo les hacía ‘ruido’”, explicó la directora para la Argentina del EAAF.

Los peritos del EAAF estuvieron a cargo de hacer un perfil biológico de los fragmentos óseos hallados en el jardín de Coghlan. Se trata de un estudio que permite determinar el sexo, la edad estimada en el momento de la muerte, la estatura y posibles lesiones que presentaba el cuerpo, entre otras cuestiones.

“Nosotros no establecemos causas de muerte. Sí describimos lesiones. En este caso vimos una lesión cortopunzante a la altura de la cuarta costilla derecha y lesiones en miembros inferiores y superiores con, posiblemente, otro tipo de arma que probablemente se puede asociar a un intento de manipulación del cuerpo”, sostuvo Fumagalli. Para el fiscal López Perrando hubo un intento de desmembramiento del cuerpo.

Las conclusiones del perfil biológico fueron entregados al representante del Ministerio Público. Después se tomaron muestras óseas para intentar obtener un perfil genético, estudio que se realizó en el Laboratorio Genética Forense del EAAF en Córdoba.

“Nuestro objetivo era identificar los restos. Teníamos perfil genético, pero no teníamos una muestra indubitada para comparar. Había que buscar familias que tuvieran familiares desaparecidos. Podíamos tener el mejor perfil genético, pero si no teníamos con qué comparar, eso no nos serviría de nada”, agregó la especialista.

De pronto hubo un giro en el caso: la familia de Diego se comunicó con la fiscalía de López Perrando y con el Equipo Argentino de Antropología Forense. A partir de la información que se publicaba en la prensa relativa a los huesos hallados en la casa de al lado de la que había alquilado Cerati hace un cuarto de siglo, las primeras sospechas de los Fernández Lima se convirtieron en señales de alarma.

El dato que a la familia le llamó la atención fue el reloj porque él usaba uno de características similares. También, la corbata. Y sobre todo el rango etario que habíamos estimado a partir del análisis inicial de los restos óseos. Si la familia no se hubiese comunicado iba a ser casi imposible llegar a una identificación positiva”, explicó Fumagalli a LA NACION.

Entonces se le tomó una muestra de sangre a la madre de Diego, Bernabella Lima, que hoy tiene 87 años. Hubo “match”.

Por Gabriel Di Nicola

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