Ordenan liberar a uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia

Durante un raid de sangre y tiros que duró seis horas, entre la noche del 27 de julio y la madrugada de 28 de julio de 1996, Guillermo Álvarez asesinó al empresario Bernardo Loitegui (h.), al subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre y a la estudiante María Andrea Carballido. Dos años después, en noviembre de 1998, mientras estaba detenido en la vieja cárcel de Caseros, había matado durante una pelea a Elvio Aranda, un compañero de pabellón. El 28 de octubre de 1999, un tribunal unificó las penas y lo condenó a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado.

Ayer, dos jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal consideraron que "la pena de prisión perpetua no puede exceder los 25 años" y dispusieron que el asesino serial -condenado por matar a cuatro personas y que admiraba a Carlos Robledo Puch- saliera en libertad.

Esto significa que, en las próximas horas, beneficiado por la interpretación de un artículo del Código Penal, el jefe de la banda de "Los Chicos Bien", de 37 años, uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia argentina, estará caminando por Acassuso.

Si bien está preso desde agosto de 1996, con la resolución de la Cámara de Casación, se consideró que cumplió 26 años, nueve meses y 16 días y se le dio por agotada la pena. Esos seis años que figurarían de más, según las fuentes judiciales, corresponden a la parte de la condena que se computó doble por el tiempo que pasó en prisión sin que la sentencia estuviera firme.

"Yo robo porque me gusta, no por necesidad. Los robos me atraen, me seducen. Es como tener la novia más linda", le dijo Álvarez a uno de los remiseros que lo llevaban a buscar a los cómplices que reclutaba a una villa de Beccar para asaltar restaurantes. En uno de esos robos, ocurrido el 28 de julio de 1996, contra el pub Company, de Migueletes 1338, en Belgrano, el jefe de la denominada banda de "Los Chicos Bien", mató al policía federal Aguirre y a la estudiante Carballido.

Ayer, dos jueces de la Cámara de Casación sostuvieron que no correspondía aplicar en el caso Álvarez, un multirreincidente, pues el artículo 52 de Código Penal lo considera inconstitucional. Dicha norma indica que "se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma tal que mediaren cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres años".

Para fundar la inconstitucionalidad de la mencionada norma, los jueces consignaron una acordada de la Corte Suprema de Justicia, en el denominado fallo Gramajo.

Con este argumento, los magistrados Ángela Ledesma y Alejandro Slokar revocaron la decisión de un juez de Ejecución que, en marzo de 2014, había fijado en 37 años y seis meses el límite temporal de la pena que Álvarez recibió por los cuatro asesinatos. Los camaristas consideraron que no había que aplicar esa norma, pues no estaba vigente en ese momento.

En 1998, Álvarez recibió la primera de las cuatro condenas. La Cámara de Apelaciones de San Isidro lo sentenció a 25 años de cárcel por asesinato del empresario Loitegui, hijo de un ex ministro de Obras Públicas en el gobierno de Alejandro Lanusse. En 1999 lo condenaron a reclusión perpetua por los homicidios en el pub Company. Al año siguiente sumó una nueva condena, 18 años de prisión por el asesinato de Aranda en la vieja cárcel de Caseros y tuvo dos sentencias a seis meses de cárcel por intentos de fuga.

La defensa de Álvarez había presentado un recurso contra la decisión del juez de ejecución penal. Entonces, al analizar el planteo de la defensa, la jueza Ledesma sostuvo que "frente a dos interpretaciones posibles el magistrado debía inclinarse por la más favorable para el imputado".

Anoche, Álvarez estaba en condiciones de abandonar el penal de Gualeguaychú, donde cumplió la última parte de la condena ante la imposibilidad de alojarlo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal por los dos intentos de fuga que protagonizó. Por una cuestión de seguridad, lo llevaron a Entre Ríos.

Antes de salir en libertad, Álvarez debía pasar por alguna dependencia de la Policía Federal, donde deberá verificar que no tuviera ninguna causa pendiente.

Sólo su admirado Robledo Puch mató más gente que él. César Humberto Ghirardi, otro asesino múltiple liberado hace un mes, fue condenado por tantos homicidios como el "Concheto". Cuando fue detenido por personal de la comisaría de Beccar, a las órdenes del comisario Jorge Avesani y por un grupo de detectives de la División Homicidios de la Policía Federal en agosto de 1996, encontraron en su poder recortes de diarios con noticias sobre Robledo Puch.

En el chalet en el que vivía con sus padres, Álvarez guardaba una carpeta con las publicaciones de los restaurantes que había asaltado y los homicidios que había cometido. Se jactaba de haber "reventado un lugar en el que estaban Susana Giménez y Huberto Roviralta".

Álvarez, cuyo padre tenía dos cines y una galería comercial y concurrió a los mejores colegios de San Isidro, reclutaba a sus cómplices en la villa La Cava, de Béccar. Aprovechaba su buen aspecto para entrar en los restaurantes, se hacía pasar por cliente y hacía inteligencia. Después volvía con sus cómplices, que irrumpían armados en los locales y concretaban los robos.

"¿Viste el robo en Belgrano a la confitería Company? Fui yo. Lo robé. No puedo creer que me bajaron a un compañero. El «poli» le dio a traición, pero yo tengo la tranquilidad de haber vengado la muerte de mi compañero. Entré y le tiré. Le vacié el cargador. Le pegué siete tiros en la espalda y tres en la cabeza", admitió y confesó sin pudor Álvarez, según el relato del remisero.

Juez de la Cámara de Casación

Discípulo de Zaffaroni

Fue uno de los precursores de la agrupación judicial kirchnerista llamada Justicia Legítima, que se formó en 2012. Fue secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Es un académico destacado y discípulo del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni. Actualmente es el presidente del Tribunal de Casación Penal de la Nación

Juez de la Cámara de Casación

Defensora de las garantías

Ferviente defensora de la "horizontalidad en el Poder Judicial". Fue Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Penal. Apegada al respeto de la garantías constitucionales y egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hace semana, la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que había resuelto con su par Slokar, en el que sostuvo que la policía no podía revisar los autos sin orden judicial

Por Gustavo Carabajal

---

Conforme a