Piden las detenciones de tres policías en el caso del joven que lleva más de un mes desaparecido en Chaco

Lo último que María Inés Gómez le dijo a Axel Alejandro González es lo que cualquier madre le reclama al hijo antes de salir de casa: “Abrigate, nene, que hace frío”. Ya pasó más de un mes desde aquella despedida y el paradero de Axel, de 21 años, es una dramática incógnita que traspasó las fronteras de la zona conocida como Gran Resistencia en Chaco, para volverse un caso de interés nacional por las implicancias que podrían revelarse. “Estoy segura de que la policía está detrás de la desaparición de mi hijo”, asegura la madre.

No eran aún las ocho de la noche del sábado 16 de mayo cuando Axel salió de su casa en el barrio Takay, de Puerto Tirol, con la intención de encontrarse con su novia, Ludmila Villordo. Antes, tomó de la heladera algo de carne y unos chorizos que sobraron del asado del mediodía para improvisar una cena.

De acuerdo con lo que pudo reconstruirse con los testimonios de la causa, Axel se demoró en la calle hasta la madrugada con su amigo de la infancia Ariel Lázaro. Lo que siguió después sigue siendo un misterio. Ludmila Villordo declaró que su novio le envió un audio contándole que había sido interceptado por un patrullero y que los policías lo estaban hostigando, acusándolo del robo de una moto.

El propio Ariel Lázaro confirmó la presencia policial durante aquella madrugada al declarar que vio a Axel correr hacia una zona de monte para escapar de un móvil de la comisaría 2ª de Fontana.

A las seis de la tarde del domingo 17 de mayo, María se presentó en la seccional de Fontana para preguntar si su hijo estaba detenido allí. Ante la negativa, pidió asentar una denuncia por su desaparición, pero el policía que la atendió se negó a tomarla, argumentando que por su domicilio le correspondía otra jurisdicción.

“Empecé a buscar a Axel –recuerda la madre– por otros barrios hasta que se hizo de noche. Entonces con una de mis hijas nos fuimos hasta la Comisaría Metropolitana de Resistencia, porque sabía que ahí me iban a aceptar la denuncia. Desde el primer momento desconfié de los policías de la comisaría de Fontana”.

Ricardo Osuna, padre de Axel y también parte de la querella, requirió la citación en calidad de imputados de los tres policías que viajaban en el móvil N-156 durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de mayo, cuando ocurrió la desaparición del joven. Se trata del oficial subayudante Roberto Barrios y los agentes Antonello Méndez y Claudio Tropez.

“Yo no sé por qué no están detenidos –insiste María– si ellos fueron los que lo persiguieron esa noche; ellos fueron los que hicieron desaparecer a mi hijo”.

A días de comenzada la ineficaz búsqueda de Axel, la Procuración General del Chaco resolvió conformar un equipo de fiscales para centralizar las actuaciones y reforzar las distintas líneas investigativas abiertas. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N°49/26, firmada por el procurador general Jorge Canteros, luego de que el fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos se declarara incompetente al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis de desaparición forzada o responsabilidad policial directa.

“El fiscal Santos estuvo pintado al óleo; no hizo un pomo. En los 10 u 11 días en los que tuvo la causa tomó solo seis declaraciones, de las cuales cuatro eran parientes o personas del entorno de Axel: la mamá, el papá, la hermana y la novia. Le pedimos la intervención de las fuerzas federales porque ante la mera sospecha de que la policía pudiese estar involucrada hay que apartarla de la investigación. Nosotros estamos convencidos de que se trata de un caso de desaparición forzada de persona, pero el fiscal nunca nos recibió y mandó a los policías a investigarse a ellos mismos”, se queja Gabriela Tomljenovic, abogada de la querella en representación de la madre.

“¿Sabés cómo lo resolvió? –se pregunta la abogada, y no espera respuesta–: metió presos a siete civiles, de los cuales ya liberaron a cuatro; todos los conocemos en la zona, sabemos que están vinculados a la venta de drogas, pero no hay que pensar en grandes narcos como Pablo Escobar, sino en ‘transas’ de un barrio de la periferia. Ese mismo día, después de ordenar las detenciones, se declaró incompetente. Es evidente que le quedó grande el caso”.

Su colega, Celeste Segovia, que patrocina al padre de Axel, coincide en que “es impresionante el cúmulo de testimonios que señalan una persecución por parte de los policías, incluso hay un testigo que refiere que lo vio adentro del patrullero y que le gritó que le avisara a su mamá”.

Axel ya había sido detenido por los policías de la comisaría 2ª de Fontana. El joven contó que aquella vez lo llevaron al monte, cerca del aeropuerto, junto a otro chico. Dijo que los policías le sacaron las esposas y lo obligaron a pegarle al otro bajo amenaza: que si no lo hacía, el que iba a ser golpeado sería él.

“Esa es la crueldad de estos policías –se lamenta María–; para ellos la vida de nuestros hijos no tiene ningún valor. Yo me pregunto: ¿ellos no tuvieron una mamá que les haya dado amor? No puedo ni imaginar las cosas que son capaces de hacerles a los chicos cuando los agarran solos en el monte”.

De los siete detenidos –todos civiles– que hasta el momento tuvo la investigación por la desaparición de Axel González, solo tres quedaron con prisión preventiva, aunque el resto también sigue imputado y sujeto a la causa.

La fiscal Julieta Arolfo, que integra el Equipo Fiscal Especial, estableció que Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva permanecerán detenidos, imputados por encubrimiento, mientras que Ramón Antonio “Cuno” Gómez -exsuegro del joven- está acusado de amenazas. En paralelo, se dispuso la libertad de Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez (exnovia de Axel).

Desde el principio, la investigación apuntó contra los parientes de la expareja del joven con base en antecedentes de violencia entre ambas familias, con denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados. Sin embargo, la familia de Axel siempre hizo públicas sus sospechas de que se trató de un caso de violencia institucional.

En ese sentido, el pedido de la querella de citar a los policías Roberto Barrios, Antonello Méndez y Claudio Tropez en calidad de imputados tiene como fin último lograr sus detenciones en virtud de que “se trata de personas que, por razón de sus funciones, poseen conocimiento de los procedimientos internos, acceso a documentación institucional, contacto directo con otros efectivos policiales y capacidad objetiva de influir sobre fuentes probatorias de singular relevancia para el esclarecimiento del caso”.

En el escrito presentado por los padres de Axel, se señala que el agente Barrios reconoció haber intervenido durante la madrugada en un procedimiento relacionado con “dos sujetos” (por González y su amigo Lázaro), manifestando que uno de ellos “huyó hacia un baldío”.

Del mismo modo, un jefe policial que pidió reserva admitió haberse enterado de dicho procedimiento, lo que para la querella demuestra que “los hechos investigados no fueron ajenos al conocimiento institucional de la dependencia policial involucrada”.

En tanto, el miércoles 24 de mayo, Gendarmería concretó la apertura de los 17 teléfonos celulares secuestrados en la causa, mientras se aguarda la identidad genética de las muestras de sangre encontradas en los tres patrulleros secuestrados.

Por Gastón Rodríguez

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