Piden llevar a juicio al clan L’abbate por la megacausa por la multimillonaria estafa con la venta de departamentos “en pozo”

La fiscal Mónica Cuñarro pidió la elevación a juicio de la megacausa por cientos de estafas con la venta de departamentos “en pozo” por cifras multimillonarias en dólares en edificios que quedaron incompletos o ni siquiera comenzaron a ser construidos. Esa maniobra, según la acusación, incluyó la reventa de las mismas unidades a distintos compradores y el “pagadiós” a decenas de proveedores, con el consecuente desvío de fondos a través de un entramado societario que siempre tenía como partícipes y beneficiarios al empresario inmobiliario Vito Antonio L’abbate, a sus tres hijos −Emanuel Andrés, Juan Ignacio y Santiago David− y a Gastón Flores, un histórico colaborador.

Además, la representante del Ministerio Público requirió en las últimas horas la ampliación de indagatoria de los tres hermanos L’abbate y de Leonardo Damián Virarelli, Mario Alberto Virarelli, Patricia Patricia Jesús Virarelli, Sergio Marina, Diego Messina, Marcelo Gallina, Gustavo Fuentes y Daniel Osvaldo Tomassi por el delito de defraudación por administración fraudulenta, al poner en entredicho la intencionalidad de su participación en el conglomerado de más de veinte sociedades a través de las cuales se realizaron las fallidas operaciones inmobiliarias.

La jueza Paula González ya puso fecha para esas indagatorias: el 12 de marzo próximo, Mario y Leonardo Virarelli; el 16, Patricia Virarelli y Gustavo Fuentes; el 17, Messina y Gallina; el 18, Tomassi y Marina, y el 19, los L’abbate.

El dictamen de Cuñarro relativo a la elevación a juicio del expediente solicita mantener las prisiones preventivas de los principales acusados, los embargos e inhibiciones generales de bienes ya dictados, y el secuestro y decomiso de valores y documentación.

Señala a los L’abbate y a Patricio Gastón Flores como jefes y ejecutores de una estructura delictiva que ofrecía departamentos en edificios a construir, multiplicaba ventas de las mismas unidades y dilataba entregas para apoderarse de los fondos. Según el dictamen, esas maniobras fueron desplegadas entre 2012 y 2025 y el perjuicio acreditado hasta ahora, en más de 560 hechos documentados, asciende a más de US$24 millones y más de 1125 millones de pesos.

Vito y Emanuel L’abatte están presos en la cárcel de Villa Devoto; Juan Ignacio y Santiago, en el penal federal de Ezeiza, y Flores, en el de Marcos Paz.

Según consta en el dictamen al que tuvo acceso LA NACION se les imputa “en su carácter de representantes legales y/o apoderados y/o integrantes de las empresas Induplack Fiduciaria SA, Induplack SA, Icons Tech SA y Urdaneta Gas SA -como desarrolladores inmobiliario- y de las empresas vinculadas, Iwin Aberturas SA, Iwin SA, Integral Home SA. y/o en el rol de fiduciantes fundadores de los fideicomisos y/o como integrantes del fondo común de inversión, haber integrado, organizado y/o tomado parte, según el caso, en una asociación o estructura criminal signada con el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo, desde el año 2012 hasta abril de 2025, momento en que se concretó su detención”.

Para Cuñarro, el modus operandi combinó preventas −a valores muy convenientes e incluso con cuotas en pesos−, promesas de escrituración y un andamiaje de sociedades y contratos superpuestos para seguir cobrando aun cuando las obras estuvieran paralizadas o los inmuebles ya hubiesen sido adjudicados a terceros, incluso más de una vez. “En concreto, la banda planificó y ejecutó estafas mediante una logística societaria y empresarial sofisticada”, rubricó.

“Nos encontramos frente a una conducta delictual que, desde un primer momento, fue pergeñada por los imputados para damnificar a una cantidad de personas indeterminadas, que se comprueba con tan solo analizar las propias circunstancias témporo-espaciales de cada uno de los hechos; la ingeniería contractual y societaria que precedió al lanzamiento de la comercialización desde pozo de las unidades que integrarían cada uno de los edificios a construir, la utilización del mismo modus operandi en todos los casos y los vínculos familiares y laborales que conectan a quienes participaron en cada una de las etapas de su despliegue", precisó la fiscal.

Englobó esas maniobras en “dos grandes grupos que permiten poder comprender mejor el plan común que unía a esta organización criminal”:

• Las maniobras defraudatorias que tuvieron como víctimas a las personas adquirentes de las unidades funcionales de los fideicomisos y/o emprendimientos inmobiliarios, así como también aquellas que defraudaron a proveedores y socios importadores cuyo perjuicio asciende hasta el momento a un total de US$24.109.715 y $1.125.518.305.
• El uso ilegal y abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva −fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal (aprobado con la ley 27.260, que durante el gobierno de Mauricio Macri creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales- y contratos de inversión inmobiliaria.

Todo eso “fue el vehículo para producir los fraudes en alta escala” verificables por la cantidad de denuncias recibidas y las que siguen llegando a los tribunales, “como así también para lograr el desvío del dinero del que se hicieron en el marco de actuación de la estructura criminal”, sostuvo la fiscal.

Para la fiscalía, el corazón del dispositivo fue la utilización de fideicomisos inmobiliarios privados y unilaterales administrados por Induplack Fiduciaria S.A., figura que quedó al margen del control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y permitió borrar en los hechos la separación patrimonial entre fiduciantes y fiduciario.

El entramado societario muestra la constitución y reconversión de firmas para reemplazar a las fallidas y continuar el circuito de cobranzas. La línea de tiempo arranca en 2008 y suma múltiples sociedades donde los mismos apellidos rotaban en sus directorios.

“Las maniobras consistían en tomar dinero, engañar en la mayoría de los casos con el tiempo de la construcción, multiplicar la venta de una misma vivienda, ante los reclamos cambiar las unidades por otras, en algunos casos también su reventa y, en otras ocasiones ofrecían por el mismo valor departamentos con más metros cuadrados a sabiendas que nunca iban a entregar o construir. En esa organización societaria, parte de la banda manejaba la logística operativa en distintas funciones mientras los jefes manejaban la estrategia general y comercial y el destino final del dinero”, reza el dictamen.

“Estos hechos presentan similares características marcados por una metodología común: a) captación de clientes mediante cuotas accesibles en pesos y rápida entrega; b) fechas de finalización del emprendimiento que nunca se cumplían; c) la paralización del desarrollo constructivo; d) la repetición de lo anterior en casi todos los fideicomisos/emprendimientos inmobiliarios; e) las demoras y estiramiento de los plazos de entrega de manera repetida y sostenida con las mismas excusas; f) el silencio y respuestas evasivas frente a los iniciales reclamos de los damnificados; g) ofrecimientos de acuerdos por la demora incurrida que tampoco eran cumplidos; h) las falsas promesas de entrega de otras unidades de mayor valor, mediaciones judiciales o, incluso la entrega de unidades que en realidad habían adquirido otros damnificados; i) inscripción de nuevas empresas en la que los integrantes son los mismos en las nuevas sociedades con intercambio de roles; j) reconocimiento de deudas, convenios de pagos y/o cesión de derechos de unidades en otros fideicomisos como parte de la maniobra fraudulenta”. La “nave insignia” de toda esta maniobra era Induplack.

“En conclusión, los imputados acordaron plazos de entrega con conocimiento de que no podrían ser cumplidos y ejercieron todo tipo de acciones dilatorias para mantener a los damnificados a la espera. En paralelo, se apoderaron del dinero pagado por los denunciantes en su propio beneficio y/o en el de terceros, ya que nunca se volcaron a la construcción de los distintos emprendimientos, perjudicando así los derechos de aquellos que no pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían adquirido”, cerró.

Daño complementario

La fiscal Cuñarro se opuso al cierre de la causa con una resolución alternativa que contemple una conciliación con resarcimiento económico para los damnificados o la suspensión de juicio a prueba (probation), ya que cualquiera de esas opciones significaría que “si el imputado dispone de dinero, concilia, termina sobreseído esquivando las consecuencias que acarrea la posible aplicación de una pena, con una clara autopercepción de impunidad”.

Sostuvo en su dictamen: “La conducta de los aquí imputados no se reduce solo al perjuicio económico que sufrió cada una de las víctimas ni a la alarma social generada en virtud de la conformación de la asociación ilícita sino que lo trasciende y quebranta la paz de toda la comunidad”. Y enumeró, entre otros, las consecuencias de la inconclusión de los edificios:

• Provocó daños en propiedades aledañas y, consecuentemente, en la calidad de vida de los vecinos de las diferentes zonas.
• Las construcciones inconclusas operan en detrimento de los barrios
• En el caso de Juan B. Justo 2651, que registra aguas servidas y acumulación de agua en la excavación, pone en riesgo la salud del vecindario.
• Hay construcciones con peligro de derrumbe que oportunamente deberán ser neutralizadas por las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, tarea que será financiada con los fondos aportados por los contribuyentes.
• Pérdida de confianza en la figura del contrato de fideicomiso inmobiliario, figura muy utilizada en la actualidad para el acceso a la vivienda.
• La desconfianza en la compraventa “en pozo”.

LA NACION

---

Conforme a