Piden llevar a juicio por homicidio al jubilado que mató a un ladrón

Hace un año su caso causó un fuerte impacto público. El hombre, un herrero jubilado de 71 años, había sido golpeado por cinco delincuentes que ingresaron en su casa, ubicada en Quilmes. Era el tercer robo que sufría Jorge Ríos esa noche, pero fue el primer momento en que estuvo frente a frente con los asaltantes. En un descuido de los agresores, la víctima logró tomar una pistola 9mm que guardaba en su hogar. Disparó varias veces. Los ladrones huyeron, pero uno de ellos quedó rezagado y cayó herido a 60 metros de la vivienda. Hasta allí fue Ríos, con el arma en la mano, esa madrugada del 17 de julio de 2020. Una cámara de seguridad registró la escena, pero esa imagen no permitió, al menos visualmente, definir el punto clave del debate: ¿el delincuente fue abatido en un acto de legítima defensa o fue rematado fuera de la vivienda?

Para el fiscal que lleva adelante el expediente se trató de un homicidio. Y a un año de ese episodio que generó una polémica social, el representante judicial cerró el expediente y pidió elevar a juicio la causa con la acusación de homicidio agravado, que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión para el jubilado.

El fiscal Ariel Rivas solicitó al juez de Garantías 2 de Quilmes, Martín Nolfi, la elevación a juicio de la causa que se le sigue a Ríos, quien no está con prisión preventiva, pero aún permanece con custodia policial tras la muerte de Martín Moreyra, de 26 años.

El herrero Ríos dijo hoy a LA NACION que siente tener sobre sus espaldas “la espada de Damocles” y agregó que él y sus hijos tratan de “sacar fuerza de donde sea”.

Tras conocer la decisión de elevar a juicio su expediente con la imputación de homicidio agravado, Ríos comentó: “Todo esto se pudo haber evitado. El fiscal me desorienta y está situación nos afecta a todos”.

El abogado Fernando Soto, defensor del jubilado junto a Marino Alejandro Cid Aparicio, confirmó a Télam que el funcionario judicial requirió que sea juzgado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

”Estamos evaluando si pedimos nuevamente el sobreseimiento en la causa, aunque al juicio no nos opondremos ya que queremos que se termine este calvario para Jorge”, dijo Soto.

En tanto, Marino Cid sostuvo, al ser consultado por LA NACION, que las pruebas reunidas en el expediente “no sostienen la hipótesis presentada por el fiscal”.

Los hechos investigados ocurrieron entre las 4 y las 4.50 de la madrugada del 17 de julio del pasado año, cuando cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos. El jubilado fue golpeado hasta que pudo agarrar una pistola 9 mm que guardaba en su vivienda y disparar contra los asaltantes. Para la fiscalía, Ríos remató a uno de los ladrones con un disparo fuera de su hogar.

En tanto, Natalia Moreyra, la hermana del joven muerto, pidió “justicia” y que Ríos “pague como sea”, aunque admitió que tanto ella como el resto de la familia está “muy mal por todo lo que pasó” y que, como no tienen abogado, dependen “de lo que dice el fiscal sobre lo que está pasando con la causa”.

Rivas, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de Quilmes, había desdoblado el expediente que tiene por un lado al homicidio de Moreyra con el jubilado Ríos como imputado, y por el otro, a los cuatro sospechosos de ser los cómplices del fallecido en el asalto.

Los acusados por “hurto agravado por escalamiento en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego” son Christian Javier Chara, David Ezequiel Córdoba, Martín Ariel Salto y Claudio Nicolás Dahmer, quienes serán juzgados en otro debate y siguen detenidos con prisión preventiva, ya que el fiscal y el juez consideraron que existe un alto riesgo de fuga.

Por su parte, Ríos aguarda en su casa por el desarrollo de la causa penal en la que continúa procesado y, en caso de ser condenado, podría recibir una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

”Lo que sucedió fue una tragedia, tengo una mochila muy grande que cargar que fue el fallecimiento de una persona. Estoy contenido por un montón de gente, en la parte psíquica y psiquiátrica y en la parte física, pero es todo muy duro”, expresó Ríos en declaraciones a Télam.

El abogado Soto afirmó que la decisión de Rivas ocurrió luego que desistiera de realizar una pericia hispatológica del fallecido, que el representante del Ministerio Público había pedido y que tendría lugar recién en abril de 2022.

”Si el juez no hace lugar al pedido de sobreseimiento vamos a apelar ante la Cámara y si todo continúa hasta el juicio solicitaremos que intervenga un jurado popular”, dijo el defensor.

Soto aseguró que “Ríos quiere que se resuelva esto. A esta altura pensaba que iba a estar sobreseído, pero confía que en un juicio con jurado popular va a quedar claro que actuó en defensa propia”.

En la provincia de Buenos Aires, la formación de un jurado popular queda a elección del acusado en casos cuya expectativa de pena supere los 15 años de prisión. En ese caso, doce ciudadanos seguirán el debate oral y definirán su el imputado es inocente o no. Si se dicta un veredicto de culpable, el juez técnico que preside las audiencias establecerá la pena. En otros episodios con similares características al vivido por Ríos, los jurados populares se inclinaron hacia la inocencia de los acusados.

Así ocurrió en abril de 2019 al analizar la acción del médico Lino Cataldo, que llegó al tribunal acusado de homicidio tras matar a un ladrón frente a su casa en San Martín. Un año antes se había llegado también a un fallo de no culpable al juzgar al carnicero Daniel Oyarzún, que había perseguido y arrollado mortalmente a un ladrón en Zárate.

Este caso tiene algunas similitudes con relación a los episodios vividos por Cataldo y Oyarzún. El herrero jubilado fue sorprendido en su vivienda mientras dormía, y fue golpeado e intimidado con un destornillador por los asaltantes, quienes le causaron heridas en el dorso de la mano derecha, en su antebrazo derecho, y en la cabeza, al mismo tiempo que “intentaron desapoderarlo ilegítimamente de cosas de valor existentes en la propiedad”, según acreditó el juez Nolfi.

Sin embargo, los ladrones no pudieron lograr su objetivo porque Ríos extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó varios disparos con los que los hizo huir. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los asaltantes, luego identificado como Moreyra, quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido y trató de huir rengueando hasta que cayó a la vuelta de la esquina.

En los mismos videos se ve que Ríos salió armado de su casa y alcanzó a Moreyra, lo pateó y, según declaraciones de testigos, le disparo. Si bien en la filmación no se observa a simple vista ningún fogonazo por la mala calidad de la imagen, la hipótesis principal de la fiscalía es que, en ese sitio, a 60 metros de su casa, el jubilado remató al delincuente. Sin embargo, la defensa se ampara en un peritaje balístico del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, el cual determinó que Ríos disparó “a una distancia superior a los 50 centímetros”, según consignó Télam.

Soto señaló que los exámenes determinaron que Moreyra había consumido cocaína y que tenía 2.18 de alcohol en sangre, por lo que consideró que el fallecido tenía “un bajísimo umbral de dolor” que provocó que pudiera correr desde la vivienda en la que fue baleado hasta caer fallecido en la esquina.

En tanto, el personal policial que arribó al lugar minutos después de consumado el hecho tras un llamado al 911, encontró tres vainas servidas correspondientes a un arma calibre 9 milímetros. A su vez, la autopsia al cuerpo de Moreyra indicó que el delincuente recibió dos balazos, uno en el tórax y otro en la región abdominal que le causó la muerte, por lo que la defensa de Ríos sugirió que las municiones pudieron haber sido “plantadas” por los policías que trabajaron en la escena.

LA NACION

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