Plan antimafia. La recuperación del control de las cárceles, la principal apuesta para desarmar a sangrientas organizaciones criminales
Un paquete legislativo con profundas reformas, un mayor impulso al patrullaje policial y el apoyo de las fuerzas federales forman parte de la receta que aplicará el gobernador Maximiliano Pullaro
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.-La reacción de las mafias narco fue inmediata. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro tocó el nervio del negocio que funciona desde las usinas de la cárcel y rápidamente la respuesta llegó con balazos a una sucursal del banco Macro y al hospital de Emergencias de Rosario. Pullaro está seguro, según admitió en diálogo con LA NACION, que las mafias van a seguir demostrando su malestar. Las amenazas contra él no son nuevas, pero ahora se hicieron más intensas. Su gestión en seguridad apunta a tres ejes en una primera etapa que buscará amortiguar la urgencia. Recomponer el patrullaje y llegar a febrero con 140 móviles en la calle, reformular el rol de la Policía de Investigaciones e intervenir las prisiones para evitar que los líderes narco sigan con las riendas del negocio mafioso.
La cárcel es el nudo principal de la violencia que golpea a Rosario. Los líderes de las bandas están todos encarcelados, con altas condenas. Los calabozos se transformaron en un hogar perpetuo para estos grupos, que moldearon desde el encierro nuevos negocios, como las extorsiones, un modelo más cercano a la mafia tradicional, que funciona sobre la base del terror. Si no hay miedo nadie pagaría. Por eso deben alimentarlo con balas, con muertos que aparecen en las calles con carteles con sellos de la mafia. En lo que va de este año mataron a 247 personas. Probablemente la cifra de asesinatos en 2023 sea un poco más leve que el anterior, cuando se rompió el récord de 2013 y se cometieron 288 crímenes.
Frente a esta situación límite, Pullaro busca mostrar un perfil que le dio resultado en la campaña, que se centra en la imagen de un hombre duro, que lucha contra las mafias. A nivel electoral le dio sus frutos y piensa repetir esa estrategia en una gestión en la que deberá refundar la política de seguridad en Santa Fe, luego del déficit que dejó en esa materia la administración del peronista Omar Perotti.
El riesgo es agudo para Pullaro, en un contexto desolador. El martes y miércoles pasado, cuando el gobernador ordenó reagrupar a los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde se encuentran segundas y terceras líneas de bandas narco, solo había en las calles de Rosario 18 patrulleros que circulaban para custodiar por la ciudad que tiene 1,3 millones de habitantes y 178 kilómetros cuadrados de superficie. En un galpón de la jefatura de policía estaban herrumbrados más de 180 móviles, muchos de ellos modelos nuevos, con desperfectos que nunca fueron arreglados.
Ante ese escenario complicado, el gobierno de Santa Fe anuló por decreto las custodias fijas que brinda la policía a más de 400 personas, algunos de ellos testigos que pertenecen a organizaciones criminales, y también suspendió las vacaciones por 90 días para los 24.000 efectivos de la fuerza. Para el gobierno no queda margen. Porque saben que la reacción del crimen organizado, rústico y precario, pero efectivo a la hora de regar con sangre las calles, será dura.
Tocar el nervio de las bandas narco en las cárceles es un riesgo que Pullaro busca correr al principio de una gestión. Sabe que es más alto el beneficio por lo que muestra a la población que las consecuencias que podría sufrir, incluso a nivel personal. En la fiscalía de Rosario hay audios que se secuestraron en teléfonos celulares de presos de la banda de Los Monos, en los que se menciona, antes de que el radical asumiera en la gobernación, que tendrían que atentar contra él. “Probablemente aumente la violencia contra objetivos civiles, pero va a ser por un tiempo corto”, apuntó el gobernador.
Pullaro eligió de ministro de Seguridad a Pablo Coccoccioni, quien durante su gestión en ese ministerio se encargó de manejar las cárceles. Hoy la situación carcelaria de Santa Fe es una bomba latente. Hay una sobrepoblación de más del 25 por ciento de reclusos en una provincia que tiene más de 10.000 convictos, con altos niveles de reincidencia y escasa edad; la mayoría vive fuera del sistema. Esa franja nunca trabajó ni estudió y forma parte de la mano de obra precaria de las bandas de la mafia narco.
El gobierno de Santa Fe pidió a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich que le traspase a la provincia de manera temporal el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, una cárcel que tiene capacidad para 462 internos, que se empezó a construir hace 16 años y en ninguna de las últimas cuatro gestiones nacionales se pudo terminar. La idea de Pullaro es que allí se traslade a los presos de “alto perfil” que están en el penal de Piñero.
El objetivo del gobernador es que Santa Fe termine las obras que restan –el penal se encuentra terminado en un 90 por ciento- y que traslade internos con causas federales. Bullrich está dispuesta a ceder el manejo de ese penal a la provincia, según indicaron a la nacion fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Falta ajustar detalles, entre ellos, si los agentes penitenciarios serán provinciales o federales.
Hoy la cárcel es un paraíso narco. En el pabellón Nº9 del penal de Piñero funcionaba un búnker de venta de drogas. “Allanamos tres veces ese lugar y en dos oportunidades encontramos marihuana y cocaína fraccionada como si fuera un búnker”, explicó a la nacion el fiscal Franco Carbone.
El problema de la violencia en Rosario se transformó en una pesadilla endémica, pero puede empeorar. El fenómeno criminal de Rosario tiene una transformación desde hace unos cinco años. Y en ese cambio influyó la cárcel. Desde 2018 fueron condenados todos los líderes de los grupos que manejaban el narcomeudeo, como Los Monos, Los Funes, Los Caminos, y sus bandas subsidiarias. También fue sentenciado a prisión perpetua a Esteban Alvarado, que está posicionado un escalón más arriba en la cadena al ser el gestor de la llegada de importantes cargamentos desde Bolivia y Paraguay. A su vez, también fueron encarcelados más de un centenar de sicarios y soldaditos de estos grupos.
Ante las nuevas necesidades y los problemas logísticos de manejar el negocio de la venta de drogas desde la prisión apareció un nuevo fenómeno, vinculado a la estructura de una mafia más tradicional. Los grupos que vivían del expendio de drogas en los búnkeres agregaron otro negocio criminal, como es de las extorsiones y los pagos por protección. En 2023 en Rosario se produjeron más de un millar. Ese miedo no solo hace funcionar los engranajes de la mafia –”paga uno de cada tres extorsionados”, señaló hace unos meses la fiscal Valeria Haurigot- sino también los anticuerpos que sirven de protección, como las custodias VIP, el blindaje de autos y la venta de armas.
Pullaro envió un paquete de leyes a la Legislatura provincial en materia de seguridad, que, entre otros proyectos, figura la adhesión de Santa Fe a la llamada ley de narcomenudeo. El argumento que plantea la nueva gestión es que la Justicia provincial ya investiga a los mismos actores por otros delitos y que su estructura mayor en recursos humanos y técnicos permite una acción de mayor racionalidad política y económica. Es posible que ahora baje la cantidad de expedientes abiertos en la justicia federal, donde recién este año se condenó por primera vez en la historia a un narco de peso, como Delfín Zacarías, por lavado de dinero narco. En su alegato el fiscal federal Federico Reynares Solari, que logró que sentenciaran a seis años a Zacarías, planteó que era una deuda pendiente del fuero federal investigar el entramado económico de las organizaciones.
El 55 por ciento de las causas que se iniciaron en la justicia federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Son 1434 expedientes judiciales que no tendrán ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por drogas el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337 que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
El 62 por ciento de esas causas se abrieron por intervención de las fuerzas federales en Rosario, donde desde abril de 2014 en ocho oportunidades se reforzó el accionar con agentes de Gendarmería. Sólo el 15 por ciento de esos expedientes se originó por operativos de la policía santafesina. El 63 por ciento de las causas que engloba la tenencia se gestó a partir de “operativos de prevención”. Es decir, en la calle.
El plan de Bullrich
Este lunes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciará en Rosario un nuevo plan de intervención con las fuerzas federales. En la cartera nacional ayer no contaban aún con el detalle sobre cuántos efectivos están desplegados en Rosario. Señalaron que el informe que les dejó Aníbal Fernández no puntualizaba la cantidad de efectivos destinados a tareas operativas.
La idea de Bullrich es ser práctica y efectiva. El despliegue de gendarmes será focalizado en barrios donde hay altos índices de violencia y donde las bandas narco que están en la cárcel tienen influencia directa en base a la violencia extrema. La primera vez que desembarcaron fuerzas federales fue en abril de 2014 y ese esquema se repitió cada año. Los resultados no fueron buenos hasta ahora, según muestran las estadísticas. Sólo en 2017 hubo una leve baja de 18 homicidios en Rosario.
Pullaro le pidió a Bullrich que sea la provincia la que coordine las acciones de los gendarmes, a partir de que sea quien lidere el llamado comando unificado. Pero en el Ministerio de Seguridad de la Nación no van a ceder a esa idea, porque consideran que la Policía de Santa Fe, atravesada por una corrupción histórica, no está preparada. Siempre primó una desconfianza entre ambos sectores de las fuerzas de seguridad.
El otro objetivo de Bullrich, que ahora también tiene bajo su jurisdicción el Servicio Penitenciario Federal, es blindar y aislar a los líderes narcos que están en los penales federales de Marcos Paz, Ezeiza, Resistencia y Rawson. “Se van a restringir muchas cosas. Los monitoreos van a ser 24 horas y las visitas van a tener contacto con los presos a través de un blindex. Van a estar sujetos a un régimen especial que vamos a dictar por una resolución los próximos días”, afirmó la ministra a LA NACION.
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