Polémica. Un sicario narco cumplía prisión perpetua, pero un juez salteño lo benefició con salidas transitorias y se fugó

Lino Ademar Moreno le advirtió a Jesús Ernesto Ledesma que cuando saliera de la cárcel lo mataría. Hace casi cuatro meses que nadie sabe dónde está, con lo que, en rigor, está en condiciones de cumplir su venganza.

La amenaza del sicario que por cuenta y orden de una banda narco asesinó a Liliana Ledesma, la hermana de Jesús, se concretó hace dos años desde la Unidad Penal N°8, de Orán, donde cumplía una condena a prisión perpetua por el homicidio de la productora rural que se había animado a denunciar a los traficantes, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, en Salvador Mazza, en la zona caliente del flujo de cocaína entre Bolivia y Salta.

Moreno debería estar encerrado en esa cárcel, pero hoy está prófugo. Se escapó en junio pasado durante una salida transitoria que gozaba tras una polémica decisión del juez del Tribunal de Juicio de Orán Edgardo Laurenci, que debía controlar que el sicario cumpliera la pena.

El magistrado que abrió la puerta que Moreno atravesó para pasar a la clandestinidad integra el tribunal que, después de varias polémicas y siete suspensiones, enjuicia actualmente a los hermanos Delfín Reynaldo Castedo Aguilera –conocido como El Patrón del Norte– y Raúl Amando “Hula” Castedo, considerados los ideólogos del asesinato de la productora rural que los había denunciado por traficar cocaína a través de sus establecimientos rurales.

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, pidió el juicio político de Laurenci para destituirlo; lo acusa no solo de haber otorgado las salidas transitorias a pesar de las amenazas contra Ledesma y un testigo clave del crimen contra la productora rural, por el que recibió la pena máxima del Código Penal; también, sin atender los antecedentes de Moreno, que ya se había escapado de la ley en dos oportunidades: el 9 de marzo de 2001 y el 30 de agosto de 2006, 22 días antes de matar a Ledesma, cuando también estaba prófugo.

Tampoco consideró los informes negativos elaborados por psicólogos y asistentes sociales del Servicio Penitenciario de Salta que recomendaban rechazar el pedido de libertad transitoria presentado por el sicario, a quien el 13 de octubre de 2021, además, el gobierno de Salta le había denegado la conmutación de pena que había solicitado.

Para peor, sostuvo, el juez demoró 53 días en hacer oficial el pedido formal de captura del prófugo.

El juez no consideró estos antecedentes ni los informes negativos elaborados por los psicólogos y asistentes sociales del Servicio Penitenciario de Salta, que recomendaban rechazar el pedido de libertad transitoria presentado por el sicario, a quien el 13 de octubre de 2021 el gobierno de Salta le había denegado la conmutación de pena que también había solicitado.

Nada de eso importó. El 11 de octubre de 2022, el juez Laurenci benefició a Moreno con las salidas transitorias de la Unidad Penal de Orán. Tenía permiso para salir de la cárcel un domingo por mes durante doce horas. Y aunque los informes que habían recomendado no concederle el beneficio no se modificaron, el magistrado le concedió al sicario la posibilidad de salir dos domingos por mes.

No solo eso: a partir del 25 de abril de este año, concedió al sicario la libertad de que eligiera cuáles eran los días que saldría del penal para gozar de las salidas transitorias. En cada uno de esos permisos, Moreno estaba autorizado en concurrir a la casa de su tío Reynaldo Ruiz –constituido como tutor y garante de la medida– y no podía abandonar la vivienda excepto para regresar al penal.

Sin embargo, el 18 de junio pasado, Ruiz alertó que su sobrino salió de su casa y no regresó. Llevó el bolso con las cosas de Lino a la cárcel, lo entregó y se fue. Según denunció el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, el magistrado demoró 53 días en solicitar el pedido de captura contra el sicario Moreno.

Debido a las irregularidades registradas en el expediente en el que se benefició con las salidas transitorias a Moreno y por la sucesión de hechos que derivaron en la tardanza de 53 días para se concreten las medidas para lograr recapturar al evadido, el máximo responsable de los fiscales de Salta, pidió que Laurenci sea sometido a un juicio político para destituirlo del cargo.

Es un momento complejo: Laurenci, junto a los jueces Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, está juzgando a los hermanos Castedo por el homicidio de Ledesma. Ya en la segunda audiencia del debate, la fiscal Claudia Carreras denunció al tribunal por parcialidad. Señaló que le limitaron la posibilidad de indagar convenientemente a los acusados sobre el hecho, sus circunstancias y contexto, y afirmó que se le había rechazado arbitrariamente la posibilidad de incorporar a la causa copias digitalizadas de los casetes con escuchas que comprometían al clan narco. La querella consideró que todas estas limitaciones eran, en los hechos, un adelanto de opinión. La defensa se opuso a la recusación, el tribunal la rechazó y ordenó que el juicio siga con esas pautas.

“Se recibieron amenazas por parte de Moreno hacia un testigo clave; dijo que saldría a buscar a estos dos y los mataría. No es justo, porque a ellos quién los cuidaría –a él, a su madre, a su hermano y al que fue el testigo clave en esa causa– o, en todo caso, les tendrían que poner custodia policial o algo porque quién les asegura que no lastimarán a nadie. Que todos ellos pertenecen a una banda mafiosa, son sicarios de los Castedo, no se sienten seguros, ni él ni su familiar, por eso no les perece bien que este señor pueda salir antes de cumplir su pena”, reza la denuncia realizada por Jesús Ledesma, que consta en la página 33 del expediente N° 4040/08, en referencia a la intimidación que los alcanza a él, a su madre, Élida, y al testigo estrella en el caso del homicidio de Liliana Ledesma.

Sobre la base de ese testimonio, la fiscal Claudia Carreras fundó su dictamen para que a Moreno no se le otorgaran las salidas transitorias.

Al exponer los argumentos para pedir el juicio político de Laurenci, el jefe de los fiscales de Salta recordó que el 29 de octubre de 2021 el sicario Moreno solicitó que se lo beneficie con las salidas transitorias, al haber cumplido 15 años de prisión.

En esa oportunidad, el juez Laurenci, luego de revisar los informes psicológicos y las conclusiones de los estudios realizados por el Gabinete Interdisciplinario del penal de Orán, decidió no conceder el beneficio.

En dichos informes, el personal penitenciario consignó que el sicario Moreno tenía “conducta ejemplar 10, concepto ejemplar 9, y dictamen psicológico favorable”.

Sin embargo, el 11 de octubre de 2022, y sin que en el legajo penitenciario y en el expediente de Moreno se hubiera consignado algo distinto que justificara su cambio de parecer, ante un nuevo pedido del sicario, Laurenci decidió beneficiarlo con las salidas transitorias.

“Como si esto fuera poco, a solo seis meses de la resolución, la conducta temeraria del magistrado aumentó cuando el 25 de abril de este año decidió ampliar el beneficio de salidas transitorias a dos domingos por mes, a elección del interno Moreno, sin ningún tipo de intervención de la Fiscalía de Graves Atentados, ni de nuevos informes que convaliden y/o den cuenta de la progresión y confianza del interno como a su adaptación en relación al beneficio usufructuado. De más está decir que luego de esta decisión se produjo la fuga de Lino Ademar Moreno, de público y notorio conocimiento”, expresó el máximo responsable de los fiscales de Salta.

“Por su parte, y volviendo a la resolución de concesión del beneficio de salida transitoria de 11 de octubre pasado, un año después no se explica el cambio de criterio del magistrado en relación al cumplimiento de los requisitos que ahora sí permiten el acceso al beneficio”, se explicitó.

A partir de la reconstrucción de la fuga del sicario Moreno y de las medidas aplicadas posteriormente por Laurenci, los funcionarios del Ministerio Público determinaron que el juez recibió una comunicación el 18 de junio en la que le noificaron que el condenado por el homicidio de Liliana Ledesma no había regresado a la casa de su tío y tampoco a la cárcel.

Entonces, el juez ordenó que se iniciara un sumario y que se lo mandaran a su despacho. En ese momento, no firmó ninguna orden de captura.

El 22 de junio pasado, el magistrado remitió el sumario a la fiscalía para que dicte una opinión y, eventualmente, sugiera la aplicación de alguna medida. Habían pasado cuatro días de la fuga y la orden de captura no se había dictado.

Recién el 6 de julio, 18 días después de la fuga de Moreno, el juez Laurenci decidió ordenar su detención. No obstante, la orden de captura tampoco se concretó en ese momento por una serie de errores en la solicitud.

“En primer lugar, ordenó que la policía concurriera al domicilio del tío de Moreno, donde tenía previstas las salidas transitorias, y, recién en caso de no ser hallado en el lugar, se inserte su captura en la orden del día. Es decir, difícilmente una persona que se fuga y evade la ejecución de su pena, luego de tantos días, va a encontrarse en el único domicilio que se le conoce”, se expresó en la presentación contra el juez Laurenci.

Por ejemplo, en el oficio enviado a la Unidad Regional Norte Nº2 de la Policía de Salta se consignaron erróneamente todos los datos de Lino Moreno, excepto su nombre. Debido a este error, los policías que debían concurrir al domicilio del tío de Moreno perdieron el tiempo intentando ubicar al fugado en un barrio y dirección absolutamente diferentes.

Luego de tres intentos fallidos de ubicar el domicilio del tío de Moreno, los policías hallaron la casa. Ya era el 4 de agosto; había pasado más de un mes de la fuga del sicario. Además, la orden de captura tampoco se pudo incluir en el sistema de búsqueda de evadidos porque se consignó un número de DNI equivocado.

El pedido de captura con los datos correctos de Moreno ingresó en el tribunal el día 9 de agosto, a las 8, según consta en la página 157 del expediente. Habían pasado 52 días desde la última vez que el sicario había sido visto cuando abandonó la cárcel de Orán para ir a lo de su tío. En esos 52 días no existió la manda de captura del sicario acusado de matar por cuenta y orden de los hermanos Raúl y Delfín Castedo.

“No era un dato menor a considerar por el juez Laurenci la inminencia del debate contra los hermanos Castedo que debía realizarse en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, del cual el mismo Laurenci forma parte. Tampoco era un dato menor considerar que la ciudad de Orán, lugar donde se efectuaban las salidas transitorias de Moreno, está próxima a la frontera con el vecino país de Bolivia. Hasta aquí se demuestra la falta prudencial de criterio del juez Laurenci, de pertinencia temporal y de análisis de las condiciones personales y penitenciarias del interno Moreno, todo lo cual demuestra su mal desempeño en las presentes”, concluyó el procurador García Castiella.

Por el homicidio de Liliana Ledesma, en el primer juicio desarrollado en 2010 fueron condenados también a la pena de prisión perpetua María Gabriela Aparicio (hermana del fallecido diputado provincial Ernesto “El Gordo” Aparicio), Aníbal Tárraga y Casimiro Torres, mientras que Patricia Guerra recibió una pena de diez años de prisión y Juan Moreno, una de cuatro años de prisión efectiva.

En tanto, desde el pasado 19 de septiembre se desarrolla en Orán, tras siete suspensiones por trabas interpuestas por la defensa, un segundo juicio por el caso que tiene como imputados a los hermanos Castedo, quienes están acusados de los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento.

Por Gustavo Carabajal

• Justicia

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