Por el riesgo narco, fue avalada la emergencia nacional en seguridad
Luego de escuchar los problemas expuestos en el Consejo de Seguridad Interior, la ministra Bullrich consiguió ayer el unánime apoyo provincial para un inminente decreto de Mauricio Macri
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LA NACIONDaniel Gallo
Fue en la práctica una catarsis colectiva frente a un problema compartido. Los ministros de Seguridad provinciales no usaron eufemismos para referirse al adversario central que se afianzó en cada distrito: el narcotráfico.
En la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior durante la gestión macrista, no hubo lugar para culpar a los medios de agrandar temas o repiquetear con excusas sobre sensaciones. Cada encargado de seguridad que tomó la palabra presentó una situación propia peor que la expuesta por el representante provincial sentado a su lado. Y entre los mensajes aparecieron repetidas y fuertes críticas a la Justicia. Se pidió, incluso, que los jueces tengan capacitación en temas relacionados con el narcotráfico.
En medio del debate sobre ese panorama alarmante del tráfico y la comercialización local de drogas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tuvo inconvenientes para anotarse una victoria política. Ya se habían escuchado las palabras del gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá -único mandatario presente-, y de los ministros de La Rioja, Río Negro, La Pampa, Córdoba y Santa Fe cuando Bullrich lanzó su propuesta. "¿Están de acuerdo con que el gobierno nacional declare la emergencia en seguridad?", interpeló la ministra de Seguridad a los delegados provinciales. Todos dieron su aprobación sin objeción.
El presidente Mauricio Macri consiguió en esa reunión el respaldo colectivo para firmar un DNU con la declaración de emergencia nacional en seguridad. Las provincias serán invitadas a adherirse a ese decreto-ley. Se trata de una manifestación de importante contenido político en comparación con el gobierno kirchnerista, que, durante años, trató el tema como una sensación generada por los medios de comunicación. Más allá de esa toma de posición, el decreto presidencial podrá permitir procesos más rápidos en la licitación de equipos de seguridad, habilitará acuerdos de unificaciones de bases de datos policiales y servirá para reorganizar esquemas de seguridad.
Los jefes de las cuatro fuerzas federales -la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria- estuvieron presentes. Antes se habían reunido con Bullrich y con el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Las modificaciones en las cúpulas uniformadas no serían inminentes. También se sentó a la mesa del Consejo de Seguridad Interior el nuevo titular de la Sedronar, Roberto Moro. Quedó en claro en ese encuentro que focalizarán esfuerzos contra el narcotráfico.
"La prioridad estratégica del Gobierno es reducir el impacto del narcotráfico y el crimen organizado. Es nuestra responsabilidad enfrentarlo antes de que esto empeore", les dijo Burzaco a los ministros provinciales de Seguridad. Ninguno expresó allí oposiciones a la dirección elegida. Es que antes de la palabra de Burzaco a los ministros se había escuchado entre ellos hablar una y otra vez del problema narco.
Luego de un minuto de silencio en honor a los 43 gendarmes fallecidos en el accidente en Salta y de la presentación a cargo de Bullrich, el gobernador Rodríguez Saá fue invitado a abrir el debate. Y fue directo: "En San Luis entró el narcotráfico. Tenemos problemas con ajustes de cuentas y hay lavado de dinero narco en el fútbol. Estamos muy preocupados". Su mensaje dio paso a una ola de cuestionamientos a la acción de la Justicia en sus diferentes niveles. "Acá coordinamos y después la Justicia va para otro lado, les hacemos así el juego a los narcos", expresó Juan Carlos Tierno, ministro pampeano.
También el ministro santafecino Maximiliano Pullaro indicó la necesidad de una urgente reforma del trabajo judicial: "Hay que pensar el rol de la justicia federal; si no hay cambios allí no se podrá avanzar". Explicó que un territorio judicial con dos millones de personas cuenta con sólo dos jueces y dos fiscales federales. Y relató un caso en que tras detenerse a un narco en la calle con cuatro kilos de droga recién 72 horas después fue firmada la orden de allanamiento del domicilio. "Así no se puede. Una palabra resume lo que caracterizó al narcotráfico en los últimos años: impunidad", agregó el ministro santafecino.
Minutos antes el ministro bonaerense Cristian Ritondo se había quejado de la actitud judicial: "Cuando hay una puerta giratoria no hay política de seguridad que aguante".
Cada presentación provincial relataba el esquema de avance narco y quejas sobre la Justicia. Bullrich tomó la palabra entonces para aclarar que se había reunido un día antes con miembros de la Corte Suprema y con magistrados que integran la recientemente creada comisión para combatir el narcotráfico. Aseguró que se buscan acuerdos para solucionar los problemas.
También la ministra puso en debate la ley de desfederalización contra el narcomenudeo. "Vamos para un lado o vamos para el otro, pero hay que decidirlo", dijo. Salta expuso su experiencia como positiva, mientras que Córdoba aseguró que adherir a esa ley trajo más problemas. Ése será el tema de la próxima reunión del Consejo de Seguridad Interior.
Una situación de urgencia
Las definiciones en el Consejo de Seguridad Interior
La emergencia
Con el respaldo provincial conseguido en el Consejo de Seguridad Interior, el presidente Mauricio Macri firmará un decreto para declarar la emergencia nacional en seguridad. Con esa medida el Gobierno busca dar una señal política en un tema que fue negado durante muchos años por la gestión kirchnerista. Ese decreto habilitará una reorganización del esquema de seguridad, permitirá el cruce de bases de datos y agilizará el proceso de compras en seguridad.
El narcotráfico
La reunión del Consejo de Seguridad Interior tuvo ayer como tema dominante al problema que tienen las provincias con el narcotráfico. Todos los ministros provinciales se refirieron al avance del tráfico y la comercialización de drogas en sus territorios En el encuentro se indicó la forma en que los grupos narcos se afianzaron con cocinas de drogas. Se informó que para el Gobierno es prioritario reducir el impacto narco y se puso en debate la ley de desfederalización.
Justicia
Los ministros provinciales de Seguridad expusieron numerosas críticas a la acción de la Justicia. Se habló de "puertas giratorias" que frenan las políticas públicas de seguridad. También se cuestionó con dureza la falta de capacitación de los jueces en temas vinculados con el narcotráfico y se aseguró que los tribunales no comprenden la realidad del fenómeno narco. La ministra Patricia Bullrich informó que se reunió con integrantes de la Corte para tratar ese tema.
Reacciones
Tras conocerse el apoyo provincial a la emergencia en seguridad se generaron reacciones a favor y en contra de la medida. El senador nacional Julio Cobos aseguró: "Estoy completamente de acuerdo con la medida adoptada. Es algo que se vive en cada pueblo y ciudad de nuestro país. Esta medida hará más eficiente la lucha". Por su parte, la diputada nacional Diana Conti dijo: "No hace falta una declaración de emergencia para la lucha contra el crimen organizado".
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