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Procesan a dos jefes policiales por enriquecimiento
La Cámara del Crimen confirmó la imputación sobre ex oficiales de la comisaría 7a.
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Hasta diciembre pasado, el comisario retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) Claudio Lucione trabaja como asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Antes había sido gerente de Seguridad de Boca Juniors, contratado bajo la gestión de Daniel Angelici.
Su colega, el comisario inspector Osvaldo Tapia, era el jefe operativos de las comisarías de la zona sur de la ciudad. Pero, también en diciembre pasado, fue desplazado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.
Ambos acaban de recibir un nuevo revés judicial. La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito, que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión, que había dictado en las vísperas de la pasada Navidad el juez de instrucción porteño Hernán López. La causa se encamina al juicio oral y público.
El fallo unánime de la Sala VII, integrada por Mariano Scotto, Mauro Divito y Jorge Rimondi, se conoce en una semana clave, además, para José Potocar. En las próximas días la Cámara del Crimen debe decidir la situación del ex jefe de la fuerza, que está detenido y procesado por el juez Ricardo Farías de liderar una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios de Núñez y Saavedra.
"Lucione ha tenido un notable incremento de su patrimonio en los últimos años y que no ha podido justificar, aún considerándose el valor que el propio imputado asigna a los bienes inmuebles", sostuvieron en su resolución los jueces Scotto, Divito y Rimondi. Respecto de Tapia, afirmaron: "El plexo probatorio reunido permite concluir en que el imputado no ha podido justificar el incremento de su patrimonio".
Presuntas extorsiones
El juez López tiene a su cargo una causa, iniciada en 2013 por la presunta exigencia de pagos a comerciantes del barrio de Balvanera a cambio de protección policial. En ese momento se comenzó a investigar a la por entonces cúpula de la comisaría 7a., donde se desempeñaron Lucione y Tapia.
En agosto de 2008, el comisario Lucione compró una casa en Cariló, en Pinamar, por la que, según sus declaraciones juradas, pagó $ 219.000. Su colega Tapia, en 2010, adquirió, después de recibir una herencia, una embarcación, un departamento de 55 metros cuadrados y un automóvil Peugeot 207 0 km.
"Puntualmente, en lo que respecta a Lucione y Tapia se encuentra acreditado un aumento del patrimonio el cual no se compadece con las declaraciones juradas formuladas por éstos, siendo además que las explicaciones por ellos vertidas no resultan satisfactorias ante las conclusiones del informe pericial", afirmó el juez López en su resolución.
Los camaristas sí revocaron el procesamiento por el delito de concusión tipificado para un funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde. Según la investigación judicial, las víctimas del presunto accionar policial fueron comerciantes y vendedores ambulantes de la zona de Once, donde tiene jurisdicción la comisaría 7».
En esta cuestión también fue beneficiado Pablo Aksiuk, que en el momento de los hechos investigados era integrante de la brigada de la comisaría 7a.. Los tres uniformados recibieron la falta de mérito pero siguen investigados por este delito.
Según la denuncia original, además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos y "quioscos de droga". Según consta en la denuncia que originó la investigación, los comerciantes pagaban entre $ 1500 y $ 7000 por mes.
En cambio, el juez de la causa sobreseyó a los jefes policiales Luis Poggi y Elio Tobares, que estaban imputados de los mismos delitos por los que fueron procesados Tapia y Lucione.
En el expediente se incorporaron las declaraciones de dos testigos de identidad reservada. Uno es un uniformado que se desempeñaba en la comisaría 7a. El otro es un comerciante que explicó la forma en que debía pagar mensualmente a los policías a cambio de no sufrir el secuestro de su mercadería.
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