Quién es el preso que estuvo detrás de las estafas de las que fueron víctimas dos jueces de San Isidro

Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Luis Cayuela, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fueron blanco de una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los delincuentes se hacían pasar por empleados de una empresa de correo privado y de una compañía telefónica para robar las cuentas de WhatsApp de los magistrados para después pedir a los contactos agendados dinero a su nombre. Detrás de las llamadas que recibieron los camaristas en sus celulares estuvo la voz de Gabriel Nicolás Giménez, un preso reincidente, de 26 años, que cumple una condena única a 10 años de prisión.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Giménez es uno de los tres acusados de las estafas de las que fueron víctimas Stepaniuc y Cayuela, entre otras personas.

Giménez había sido condenado el 26 de junio de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Martín a la pena de tres años y nueve meses de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa. Los jueces lo declararon reincidente y le fijaron una pena única de 10 años y un mes de cárcel.

Anteriormente había tenido causas por robo y tenencia de arma de fuego, informaron a LA NACION fuentes judiciales. “Giménez era el dueño de la línea telefónica utilizada por las estafas y su voz es la que quedó registrada en varias de las llamadas a las víctimas”, dijo un detective del caso.

Como se dijo está preso en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena. Desde una línea telefónica a su nombre se hicieron las llamadas que formaron parte del plan criminal.

La investigación comenzó tras la denuncia de Cayuela, que cayó en la trampa de los estafadores el 19 de febrero pasado al mediodía. El impostor se presentó como empleado de un correo privado y le avisó que tenía una encomienda para entregarle y que debía pasarle un código de seis números que le estaba por llegar. Distraído en ese momento por cuestiones familiares, el magistrado perdió el control de su cuenta de WhatsApp. El estafador, desde su línea, comenzó a enviarles mensajes a sus contactos para pedirles dinero.

Una semana después, desde la misma línea telefónica llamaron a Stepaniuc. También su interlocutor se hizo pasar por empleado de un correo privado, pero como el juez estaba en la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro con Cayuela, fue advertido por su colega de que se trataba de una trampa y cortó la comunicación.

A partir de la denuncia de Cayuela se ordenó una serie de intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir la forma en que los estafadores inducían a las víctimas a entregarles los códigos de seguridad para tomar control de la aplicación de WhatsApp de sus líneas telefónicas.

Por ejemplo quedó grabada la llamada que le hicieron a Stepaniuc. Mientras el juez habla con su interlocutor se escucha de fondo a su colega. “Es lo mismo que me hicieron a mí”, se escucha decir a Cayuela. Entonces, Stepaniuc, antes de cortar la comunicación, dijo: “Ya nos estafaron con eso acá”.

La investigación se inició tras la denuncia de Cayuela y quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, quien junto con detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudo identificar a Giménez y a otros dos internos del penal de Magdalena como los responsables de las estafas.

A partir del dictamen del fiscal Ferrari, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó un allanamiento en la cárcel de Magdalena. En la resolución donde dispuso el procedimiento dijo: “Queda claro que desde el penal de Magdalena actúan varios masculinos -incluso de manera simultánea-, llegando los aquí investigados a realizar cerca de 30 llamadas telefónicas diarias, siempre en horario laboral -entre las 9 y las 17.30− tratando de captar víctimas a través de engaños y utilizando para ello tres discursos diferentes:

• El primero resulta ser el envío de un paquete de la empresa Andreani, con el cual logran obtener el código de verificación de la aplicación WhatsApp.
• El segundo llamado lo hacen aludiendo ser un analista de sistemas de Movistar que informa que el abonado telefónico de la víctima ha sido registrado en otro dispositivo, utilizando el engaño para obtener los datos de la aplicación WhatsApp y/o Gmail.
• Por último, realizan una comunicación emulando ser personal de soporte técnico de WhatsApp, refiriendo que debían confirmar la identidad de la cuenta, sino la misma sería bloqueada por 15 días, con la finalidad de obtener los datos necesarios para continuar con la maniobra delictiva".

Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, Giménez y su cómplice no sabían que Cayuela y Stepaniuc eran jueces, pero se sospecha que tenían una base de datos y conocían sus edades y que viven en la zona norte del conurbano.

Las maniobras de estafas protagonizadas por el Call Center Carcelario, como se denominó a la organización criminal, expusieron una vez más que los delincuentes alojados en las cárceles usan los teléfonos celulares que tienen autorizados desde la pandemia para cometer delitos.

Además, la cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.

Por Gabriel Di Nicola

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