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Ratifican la prisión domiciliaria para detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario
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LA NACION
En medio de la pandemia de coronavirus, la Justicia ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario alojados en cárceles bonaerenses sean beneficiados con el arresto domiciliario.
Así lo resolvió juez Víctor Violini, a cargo interinamente de la presidencia del Tribunal de Casación Penal bonaerense. El universo de presos beneficiados podría ascender a 420, según estimaron fuentes oficiales ante la consulta de LA NACION.
El Procurador General de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró hoy que el fallo de Casación que ordena la excarcelación de presos que integran el grupo de riesgo ante el posible contagio de coronavirus, no alcanzará a detenidos por delitos graves como violación o femicidios, y que de los 42.000 privados de la libertad que hay en las cárceles de la provincia, solo podrían acceder a este beneficio "alrededor de 800".
"Los de máxima peligrosidad, no van a salir", confirmó el procurador en declaraciones a la agencia de noticias Télam, tras lo cual admitió que si bien habrá controles para los presos que sean beneficiados con la prisión domiciliaria, "no existen certezas de que no puedan escaparse".
"Durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, disponer el arresto domiciliario las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias, identificadas en los listados aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, bonaerenses", sostuvo Violini en su fallo firmado anoche dónde hizo lugar a un habeas corpus presentado por defensores general oficiales.
Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, dentro del universo de "delitos leves" están contemplados los hechos criminales que tienen prevista una pena de hasta seis años de cárcel.
Respecto de los detenidos considerados del grupo de riesgo sanitario pero acusados o condenados de delitos graves, Violini sostuvo que cada caso deberá ser analizado en forma particular por cada juez o tribunal a cargo de la causa. Serán los magistrados, quienes deberán decidir si corresponde el arresto domiciliario o un aislamiento preventivo en la unidad donde está alojado.
Ayer, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, Lisandro Pellegrini, le envío un oficio al juez Violini donde se le adjuntó un "listado en el que se identifica parcialmente la población penitenciaria que, de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad sanitaria, corren mayor riesgo frente al Covid-19".
Se trataba de una de lista que incluía mujeres embarazadas y con niños, personas mayores de 60 años e internos que sufren cáncer, tuberculosis, diabetes, HIV y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
"Corresponde realizar un balance entre las medidas indicadas para salvaguardar la salud pública y la necesidad de no poner en riesgo a las personas y de asegurar los fines de todo proceso penal. Compatibilizar las indicaciones de prevención y contingencia epidemiológica con los estándares internacionales en materia de protección a víctimas es una tarea que demanda una reevaluación permanente y el punto de equilibrio entre ambos objetivos varía con el desarrollo de la pandemia en nuestro país" , sostuvo Pellegrini en el oficio que le mandó a Violini.
El funcionario explicó que para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense "las medidas paliativas de la superpoblación penitenciaria deberían estar principalmente dirigidas a la población carcelaria procesada o condenada por delitos menores".
Otras resoluciones en la pandemia
Violini es el mismo juez que hizo lugar a una presentación hecha por el defensor de Casación, Mario Coriolano y autorizó el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.
Según fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, en las unidades penitenciarias hay 44.644 presos en plazas para 24.000. Desde que comenzó el brote de la pandemia de Covid-19 se suspendieron las visitas de familiares.
La semana pasada, LA NACION había ingogtmsdo que en lo que iba de la cuarentena que fue decretada el 20 de marzo pasado, se realizaron casi 2000 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, de los cuales el 40% fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires, según información a la que accedió Télam.
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