Rosario, el uso de la policías y los nuevos desafíos de la seguridad pública

Poner un freno a la violencia en Rosario aparece como una de las urgencias en la agenda de la seguridad pública, ubicándose como prioridad por los 175 homicidios registrados este año en ese departamento judicial santafesino. Otros temas figuran también entre las preocupaciones más inmediatas. Un repaso de las inquietudes sociales que demandan el uso preventivo o contundente de las fuerzas de seguridad podrían unir situaciones de diferentes orígenes como el delito urbano, con la representación imaginaria del motochorro en el tope del miedo colectivo, la presión de las bandas narco que se hacen dueñas de la vida en asentamientos y la nueva irrupción de las barras del fútbol.

El punteo de temas a resolver incluye, además, el malhumor que generan la constante repetición de las protestas callejeras y cuestiones más alejadas de las áreas metropolitanas, pero que impactan en la visión social de la inseguridad, como la amenazante actividad de mapuches radicalizados en el sur y los habituales ataques a silobolsas en las zonas rurales. Hasta el debate, que ya lleva aquí once años, sobre la necesidad o no de dotar a las policías de armas de descarga eléctrica está dentro de las cuestiones a resolver.

La llegada de un nuevo ministro de Seguridad –en realidad, la segunda gestión de Aníbal Fernández en el área– abre nuevamente la expectativa sobre la forma en que se encarará cada uno de esos desafíos, que se reiteran año tras año. Por cierto, no pueden olvidarse dos ejes importantes: las fuerzas federales solo pueden hacer tareas de prevención y reaccionar frente a un delito que se produce en ese momento, mientras que las investigaciones siempre son conducidas –bien o mal– por la Justicia. Si un magistrado no lo ordena, ningún policía puede allanar un puesto de venta de drogas, pese a que todos los vecinos señalen ese búnker. Por otra parte, los uniformados federales y provinciales tienen campos distintos de acción.

En Rosario se mezclan hoy las fuerzas que dependen de autoridades nacionales y santafesinas por el pedido de asistencia del gobierno local. Por esas solicitudes oficiales de apoyo también hay gendarmes en el conurbano y la ciudad. En la región metropolitana y en Rosario las situaciones no son similares, ya que en la ciudad portuaria santafesina las bandas narco optaron por teatralizar su crueldad. Y el Ministerio de Seguridad de la Nación no podía mantenerse como espectador de la obra de Guille Cantero y sus monos. En esa tema, Aníbal Fernández decidió mostrar diferencias con Sabina Frederic.

Su primera reunión oficial fue con el gobernador santafesino Omar Perotti. El funcionario nacional prometió sumar más de 500 gendarmes a los 2500 agentes federales que están hace tiempo en Rosario. El plan apuntaría a convertir a la Gendarmería en el músculo visible en barrios conflictivos –hasta ahora el trabajo federal era entrar y salir rápido de las zonas calientes– mientras que la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria serían los ojos y brazos para ejecutar las investigaciones judiciales. De eso hablaron Aníbal Fernández y Marcelo Saín, a cargo de la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Por lo pronto, ayer y el sábado anterior golpearon, en forma masiva, en Rosario la PFA y la PSA. Cantero, en el penal de Marcos Paz, seguramente también analizará sus próximos pasos.

La situación en la villa 1-11-14

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la presencia de gendarmes alrededor de la villa 1-11-14 es algo que las autoridades porteñas quieren mantener, al menos hasta noviembre del año próximo. En la reunión del ministro Fernández con su par de la ciudad, Marcelo D’Alessandro quedó establecido que se respetará el acuerdo alcanzado de palabra con la anterior gestión nacional. Hay alguna duda en las dos partes sobre el momento en que la Policía de la Ciudad se hará cargo de esa zona del bajo Flores, pero al coincidirse que no será antes del fin del primer trimestre de 2022, se cerró allí un potencial conflicto, según reconocieron ambos sectores.

La forma en que se enfrentará el reto cotidiano de las protestas callejeras también encontró un discurso unificado en las áreas de Seguridad nacional, porteña y bonaerense: cortes totales no serán permitidos. Las marchas, en cambio, será toleradas, ya que nada más puede hacerse al respecto. El ministro Fernández aseguró que se desalojarán los intentos de tomar vías ferroviarias. Esa zona es responsabilidad directa de la PFA. En el icónico Puente Pueyrredón la Prefectura reapareció con más vigor que en meses anteriores. La avenida 9 de Julio, el único corredor hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está bajo la órbita de la fuerza porteña.

Los puntos de contacto que muestran hoy funcionarios nacionales y porteños tiene un punto de tensión: el uso de las pistolas Taser. Aníbal Fernández expresó su rechazo a esas armas de descarga eléctrica, pero no fue uno de los temas tratados en el encuentro con D’Alessandro. No hay acuerdo en esa cuestión, porque el kirchnerismo se opuso a las Taser desde que en 2010 salió la propuesta de comprar por parte de la por entonces Policía Metropolitana. Ya no importan si sirven o no para resolver problemas tácticos. Hay una grieta entre las posiciones.

La opinión del ministro nacional alcanza solo a las fuerzas federales, ya que cada distrito puede decidir en forma libre sobre las herramientas de sus propias policías. En el caso de las Taser, la Ciudad tiene aprobada la compra de 300 unidades y también fue autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). El funcionario que firmó ese acuerdo dejó su puesto en forma no voluntaria y ahora la llegada de las Taser depende de la autorización de la Aduana para la importación de ese material.

Entre los mapuches y la rotura de silobolsas

Fuera de área metropolitana la agenda de seguridad tiene un tema que causa un fuerte impacto local: la actividad radicalizada de grupos que se reivindican como mapuches. Por ejemplo, hace dos semanas, una decena de miembros encapuchados de la comunidad autodenominada Quemquemtreu irrumpió en un terreno del paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, y colgó banderas en las que se leía “Territorio mapuche recuperado”. Si bien el predio fue restituido a su dueño hace una semana luego de un allanamiento, un número aún indeterminado de personas reingresó al lugar y permanece allí. Esa situación se repite en varios lugares del sur.

Los productores rurales, por su parte, están preocupados por la pérdida de granos que provocan las roturas de los silobolsas. El años pasado se registró un récord de esos eventos, con 236 casos notificados en Buenos Aires (87 episodios), Santa Fe (82), Córdoba (57) y Entre Ríos (10). Si bien en estos meses la situación mejoró, con un total de 56 ataques,

Frenar esa arremetida contra la producción es una tarea encargada a las patrullas rurales de las fuerzas provinciales. Sin embargo, los productores esperan no solo el arresto de los responsables directos, sino una investigación que tome todos los episodios para detectar posibles puntos de contacto entre los ataques. Para los propietarios de esos campos, una línea aún no descubierta uniría todos esos actos de vandalismo.

Esa clase de investigación podría entrar dentro de la zona de trabajo de un grupo especial de investigadores, al estilo FBI norteamericano. Esa es la función que se piensa para la Policía Federal.ß Informes de corresponsales