Se presentó una nueva denuncia por abuso de menores contra el empresario Marcelo Porcel y las víctimas ya suman al menos 11

El expediente en el que se investigan presuntos abusos sexuales de menores atribuidos al empresario Marcelo Porcel por compañeros de sus hijos del colegio privado Palermo Chico sumó una nueva denuncia. Según informaron a LA NACION fuentes de la acusación particular, la querella por la nueva víctima –la undécima acumulada en la causa iniciada a mediados del año pasado– fue presentada el viernes pasado y al cierre de esta edición aún no había sido analizada por el juzgado interviniente.

En paralelo, según explicaron los letrados querellantes, Porcel obtuvo autorización del juzgado de la causa, con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, para salir de la Argentina el 17 de este mes, para un viaje a Uruguay. El trámite se realizó ese mediodía y el imputado comunicó que permanecería en Punta del Este hasta el 5 de enero de 2026.

Pero durante el fin de semana circularon versiones sobre su eventual regreso al país el viernes, mismo día en que se presentó la nueva denuncia en su contra. La agencia Noticias Argentinas publicó que Porcel había regresado inesperadamente en el vuelo AR 1357 de Aerolíneas Argentinas. Por otra parte, se difundió información que daba cuenta de la ausencia del hijo del histórico creador de la tarjeta de crédito Argencard en el casamiento de su sobrina, por el cual, precisamente, había viajado al este uruguayo.

Sin embargo, según confiaron a LA NACION allegados a la querella, hasta este lunes al mediodía ese movimiento migratorio no figuraba en la plataforma judicial LEX 100, que permite a las partes del proceso acceder a todas las incidencias del expediente. El imputado está obligado a notificar su regreso en ese sistema dentro de las 72 horas de haber ocurrido.

El fiscal Pablo Turano ya pidió que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria por delitos tales como abuso y corrupción de menores. No obstante, no solicitó la detención del imputado, al sopesar en su favor que en lo que va del año salió dos veces del país –una a San José de Costa Rica y otra a Inglaterra y España– y siempre se mantuvo a derecho, según se desprende del dictamen firmado el 3 de diciembre pasado por el representante del Ministerio Público.

El juez Carlos Bruniard aún no tomó ninguna determinación respecto del pedido de indagatoria hecho por el fiscal y refrendado por las querellas y por la defensora de menores que interviene en el caso. Una de las medidas cautelares que reclaman los acusadores es que a Porcel se le retenga la documentación y se le prohíba la libre salida del país. Por el momento, el juzgado autorizó sus viajes al exterior.

Desde el inicio de las actuaciones rige una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas, sus familias y los testigos, y le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). No puede estar a menos de 300 metros de ellos.

Hechos aberrantes

El caso comenzó hace casi un año y medio, el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

La hipótesis que se analiza ubica los hechos entre 2022 y 2024 y describe escenarios que incluyen un departamento del piso 26 de la Torre Le Parc –en la zona de Godoy Cruz y Cerviño, Palermo Chico–, otro frente a ese mismo edificio, propiedad de la madre de Porcel (ya fallecida), y una oficina del imputado situada en un emblemático edificio del barrio porteño de Retiro. El expediente comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado y, con el correr de los meses, se incrementó el número de personas que se presentaron ante la Justicia.

Los testimonios incorporados en sede judicial describen una dinámica que habría arrancado con reuniones en el domicilio particular de Porcel, en “juntadas” en las que el adulto, al que conocían por ser padre de dos de sus compañeros de colegio, les proveía bebidas alcohólicas (vodka, tequila y Jaggermeister, entre otras), los incentivaba a beber en una suerte de “competencia de resistencia” a cambio de dinero.

Los menores (que tenían entre 13 y 15 años cuando ocurrieron estos episodios, entre 2022 y 2024) refirieron que también les daba plata para que realizaran apuestas en portales de juego online y que les pagaba por otros “desafíos”, como, en una ocasión, correr semidesnudos alrededor de la mesa de su oficina.

Algunos de los adolescentes, además, confesaron que Porcel les hacía “masajes” con cremas y aceites en los que, en determinado momento, los tocaba impúdicamente.

Parte de esos encuentros habrían incluido traslados nocturnos, organizados en secreto –fuera del conocimiento de los padres de los chicos– y con consignas reflejadas en chats de WhatsApp grupales que tenían nombres como “Agente P” y “Shubidubi”.

Los querellantes sostienen que el dinero y el alcohol funcionaron como mecanismos de control y captación de los que se valió Porcel, habiendo abusado previamente de la confianza que le daba su carácter de padre de dos de sus compañeros de colegio.

La gran mayoría de los menores ya declararon en Cámara Gesell y fueron coincidentes en sus señalamientos. En el expediente se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte que reflejan el impacto de los acontecimientos en la psiquis y el proceso madurativo de los adolescentes.

En estas últimas semanas, la Defensora de Menores que asiste a las víctimas reiteró el pedido de llamado a indagatoria de Porcel, en consonancia con lo solicitado por el fiscal, y pidió reforzar las medidas de control de salida del país mediante la retención de documentos de viaje, ponderando la gravedad del caso, la pluralidad de víctimas y la existencia de material íntimo de un niño.

La investigación también avanzó con allanamientos en domicilios vinculados al imputado y el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos. Entre la evidencia recopilada, el peritaje del celular de Marcelo Porcel permitió recuperar conversaciones relevantes para la acusación y fotografías de amigos de sus hijos desnudos –tomadas subrepticiamente a través de cámaras de filmación cuya presencia los chicos desconocían–, material cuya existencia fue confirmada por padres que accedieron a imágenes rescatadas del dispositivo.

El descargo del imputado

Consultado por LA NACION, Porcel sostuvo que, según los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense, no habría existido abuso, y que incluso en alguno de esos peritajes se puso en duda la veracidad de los dichos de una de las presuntas víctimas. Más allá de esa manifestación, la investigación continúa en curso, con declaraciones en Cámara Gesell, análisis de dispositivos electrónicos y nuevas presentaciones de denunciantes.

En tanto, la dirección del colegio Palermo Chico informó que “ante manifestaciones sobre presuntos hechos ocurridos fuera del ámbito escolar y que involucrarían a alumnos, se activaron los protocolos vigentes, se dio intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se puso en conocimiento la situación ante las autoridades educativas jurisdiccionales”. Fuentes del establecimiento indicaron, además, que la familia del imputado ya no forma parte de la comunidad educativa.

La resolución sobre el llamado a indagatoria sigue pendiente. En una decisión basada en el principio de economía procesal, el juzgado optó por esperar a que se incorporen todos los relatos en Cámara Gesell para que, en el momento de la imputación, queden contenidas todas las acusaciones y el imputado no deba comparecer más de una vez para ser notificado de nuevas imputaciones.

Frente a ese criterio, padres del colegio presentaron un escrito en el que sostuvieron que, cuando hay derechos de menores en juego, la economía procesal no puede prevalecer sobre la necesidad de avanzar.

Los antecedentes difundidos en el expediente muestran un patrón que excede la sucesión de hechos. Las entrevistas protegidas, peritajes y testimonios de profesionales de la salud mental dan cuenta de miedo, confusión y vergüenza frente a un adulto con poder y visibilidad social. Las descripciones sobre el uso de cremas en ámbitos íntimos y mensajes previos que anticipaban encuentros con alcohol a cambio de dinero se repiten en tiempo, modo y lugar.

En los grupos de chat, según surge de los registros, se utilizaba el término “shubidubi” para referirse a esas reuniones, y el convocante se hacía llamar “el capitán”. La Justicia tomó declaración a profesionales que atendieron a las presuntas víctimas y esos informes no fueron impugnados por la defensa.

“El mentado actuar de Porcel se llevó a cabo de manera sistemática, organizada y premeditada, a lo largo del tiempo, aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria, puesto que los progenitores de las víctimas los dejaban bajo su responsabilidad como persona adulta de su confianza. A ello debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los cuales el imputado tenía el control absoluto”, sostuvo el fiscal en su pedido de indagatoria.

La nueva querella del viernes pasado se suma a la causa que vio crecer el número de denunciantes, que ya supera la decena. Según las fuentes consultadas, en caso de ser encontrado culpable, los delitos que se le imputan a Porcel mantienen una expectativa de pena de cumplimiento efectivo por la pluralidad de víctimas y la gravedad de los hechos que se atribuyen.

Para los abogados querellantes, la salida del país de Porcel, aunque autorizada, refuerza la necesidad de medidas de control sobre su regreso y comparecencia, motivo por el cual insistieron con la retención de documentación y prohibición de viaje.

En este contexto, las familias continúan el proceso judicial y con la asistencia terapéutica. El objetivo principal, de acuerdo con las fuentes de la querella, es la incorporación de nuevas pruebas y que se defina el llamado a indagatoria y que se garantice el interés superior de niñas, niños y adolescentes que brindaron sus relatos reveladores.

Por José María Costa

• Abuso de menores

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