Se presentó una nueva denuncia por abuso de menores contra el empresario Marcelo Porcel y las víctimas ya suman al menos 11

La causa que investiga presuntas conductas de abuso sexual y corrupción de menores vinculadas a un padre de alumnos del colegio privado Palermo Chico incorporó una nueva querella por otra víctima, presentada el 19 de diciembre de 2025. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la querella que detallaron que, al momento de la publicación de esta nota, esa presentación aún no había sido analizada por el juzgado interviniente.

En paralelo, y siempre según abogados de los denunciantes, Marcelo Porcel obtuvo autorización judicial, con conformidad del Ministerio Público Fiscal, para salir de la Argentina el 17 de diciembre. El trámite se realizó ese mediodía y el imputado comunicó que permanecería en Punta del Este hasta el 5 de enero de 2026.

Durante el fin de semana circularon versiones sobre un eventual regreso el viernes, pero las mismas fuentes señalaron que hasta este mediodía ese movimiento no figura en la plataforma LEX 100, que permite a las partes del proceso acceder al expediente.

El caso comenzó hace casi un año y medio, el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

La hipótesis que se analiza ubica los hechos entre 2022 y 2024 y describe escenarios que incluyen la Torre Le Parc −en la zona de Godoy Cruz y Cerviño, en Palermo Chico−, otro departamento frente a ese mismo edificio y una oficina próxima al Obelisco.

Desde el inicio de las actuaciones rige una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas, sus familias y los testigos, y le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). No puede acercarse a menos de 300 metros de ellos.

El expediente comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado y, con el correr de los meses, se incrementó el número de personas que se presentaron ante la Justicia.

Los testimonios incorporados en sede judicial describen una dinámica que habría arrancado con reuniones en el domicilio del adulto, provisión de bebidas alcohólicas a adolescentes e incentivos económicos por conductas vinculadas al consumo de alcohol.

Parte de esos encuentros se habría trasladado, de noche, a oficinas del imputado, con traslados organizados y consignas de secreto que también aparecen reflejadas en chats grupales recuperados por la investigación. En ese esquema, los denunciantes sostienen que el dinero y el alcohol funcionaron como mecanismos de control y captación.

LA NACION resguarda la identidad de las presuntas víctimas por tratarse de menores de edad. De acuerdo con el expediente, la gran mayoría declaró en Cámara Gesell y se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte. En estas últimas semanas, la Defensora de Menores que asiste a las víctimas reiteró el pedido de llamado a indagatoria de Porcel, en consonancia con lo solicitado por el fiscal, y pidió reforzar las medidas de control de salida del país mediante la retención de documentos de viaje, ponderando la gravedad del caso, la pluralidad de víctimas y la existencia de material íntimo de un niño.

La investigación también avanzó con allanamientos en domicilios vinculados al imputado y el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos. Entre la evidencia recopilada, el peritaje del celular de Marcelo Porcel permitió recuperar conversaciones relevantes para la acusación y fotografías de amigos de sus hijos desnudos, material cuya existencia fue confirmada por padres que accedieron a imágenes rescatadas del dispositivo.

Consultado por LA NACION, el imputado sostuvo que, según las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense, no habría existido abuso, y que incluso en alguna de esas pericias se puso en duda la veracidad de los dichos de una presunta víctima. Más allá de esa manifestación, la investigación continúa en curso, con declaraciones en Cámara Gesell, análisis de dispositivos electrónicos y nuevas presentaciones de denunciantes.

Desde la Dirección del colegio Palermo Chico informaron que, ante manifestaciones sobre presuntos hechos ocurridos fuera del ámbito escolar y que involucrarían a alumnos, se activaron los protocolos vigentes, se dio intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se puso en conocimiento la situación ante las autoridades educativas jurisdiccionales. Fuentes del establecimiento indicaron además que la familia del imputado ya no forma parte de la comunidad educativa en un comunicado que fue difundido entre las familias de los estudiantes tras la publicación del caso en LA NACION.

La resolución sobre el llamado a indagatoria sigue pendiente. En una decisión basada en el principio de economía procesal, el juzgado optó por esperar a que se incorporen todos los relatos en Cámara Gesell para que, al momento de la imputación, queden contenidas todas las acusaciones y el imputado no deba comparecer más de una vez para ser notificado de nuevas imputaciones.

Frente a ese criterio, padres del colegio presentaron un escrito en el que sostuvieron que, cuando hay derechos de menores en juego, la economía procesal no puede prevalecer sobre la necesidad de avanzar.

Los antecedentes difundidos en el expediente muestran un patrón que excede la sucesión de hechos. Las entrevistas protegidas, peritajes y testimonios de profesionales de la salud mental dan cuenta de miedo, confusión y vergüenza frente a un adulto con poder y visibilidad social. Las descripciones sobre el uso de cremas en ámbitos íntimos y mensajes previos que anticipaban encuentros con alcohol a cambio de dinero se repiten en tiempo, modo y lugar.

En los grupos de chat, según surge de los registros, se utilizaba el término “shubidubi” para referirse a esas reuniones, y el convocante se hacía llamar “el capitán”. La Justicia tomó declaración a profesionales que atendieron a las presuntas víctimas y esos informes no fueron impugnados por la defensa.

La nueva querella del viernes pasado se suma a la causa que vio crecer el número de denunciantes, que ya supera la decena. Según las fuentes consultadas, en caso de ser encontrado culpable, los delitos que se le imputan a Porcel mantienen una expectativa de pena de cumplimiento efectivo por la pluralidad de víctimas y la gravedad de los hechos que se atribuyen.

Para los abogados de los denunciantes, la salida del país de Porcel, aunque autorizada, refuerza la necesidad de medidas de control sobre su regreso y comparecencia, motivo por el cual se insistió en la prohibición de salida y en la retención de documentación de viaje.

En este contexto, las familias continúan el itinerario judicial y terapéutico que se desprende de este tipo de procesos, con entrevistas protegidas, peritajes y presentaciones formales. El objetivo principal, de acuerdo con las fuentes de la querella, es que se agrave la investigación con la incorporación de nuevas pruebas, se defina el llamado a indagatoria y se garantice el interés superior de niñas, niños y adolescentes que participaron en los relatos.

Por José María Costa

• Abuso de menores

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