Secuestraron la computadora que usaba en su despacho la jueza Julieta Makintach
La suspendida magistrada está imputada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El expediente judicial donde la suspendida jueza Julieta Makintach está imputada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, presuntamente cometidos por su rol estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que iba a girar en torno a las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona, no se detiene: ayer fue secuestrada la computadora que la magistrada tenía en su despacho de los Tribunales de San Isidro.
La medida fue ordenada por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, magistrado que interviene en la causa, tras un pedido de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo, funcionarios a cargo de la investigación.
Rossignoli, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION, también autorizó el análisis de la información que pueda haber en los “dos discos rígidos” que se ordenó secuestrar.
La medida también había sido solicitada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y por su colega Rodolfo Baqué.
“Teniendo en consideración que del material probatorio incorporado a esta Investigación Penal Preparatoria (IPP), es factible considerar que estos [los discos rígidos] podrían contener almacenada información que podría resultar de interés para la investigación, es que estimo procedente la medida requerida por el Ministerio Público Fiscal, debiéndose en su caso incorporar a la pesquisa únicamente aquella [información] que guarde estricta relación con el evento materia de investigación. Las medidas requeridas resultan, por el momento, necesarias para el avance de la investigación y que no pueden ser sustituidas por otras que permitan lograr el mismo resultado”, explicó el magistrado en la citada resolución.
Los dos discos rígidos secuestrados ayer estaban la Delegación de Tecnología Informática del Departamento Judicial de San Isidro.
El juez Rossignoli explicó que solo se podrán incorporar a la “pesquisa” solo la información que “guarde” relación con la investigación, para no vulnerar “garantías de índole constitucional -entre otras, la intimidad de las personas-, que se encuentran legalmente protegida, ya que en los dispositivos secuestrados se pueden almacenar comunicaciones electrónicas, registros privados, documentos sensibles e información de carácter estrictamente personal”.
Cuando presentaron su acusación y pidieron la destitución de Makintach, los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo sostuvieron: “La aquí imputada [por Makintach] aceptó la propuesta comercial efectuada, al menos, por María Lía Vidal Alemán [una amiga de la magistrada] y bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del mentado juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
En el escrito, de 42 páginas presentado el 10 del mes pasado y dirigido al fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusadores públicos pidieron que el dictamen sea elevado al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, “con el objeto de que se le dé debida intervención al Jurado y de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires”, a cargo del jury contra la jueza.
“Ambas [Makintach y Vidal Alemán] procuraron que Juan Manuel D’Emilio [guionista] se ocupara de la producción del proyecto cinéfilo -lo que incluía la gestión de su financiamiento que, a raíz de un presupuesto aproximado, partía de un mínimo de US$800.000- y paralelamente, en función de la contraprestación venal acordada, la encausada se comprometió a hacer y a dejar de hacer actos propios de sus funciones, como habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate -dejando de lado la orden judicial impartida por el Tribunal que ella misma integraba- y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo que garantizaría liderar la publicidad de la decisión jurisdiccional a adoptarse en el proceso”, afirmaron los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo.
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