1
Seguirá preso el experto en comunicaciones detenido antes de la llegada del Papa: con sus equipos podía escuchar modulaciones policiales
La jueza federal María Romilda Servini rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Tomás Natenzon
5 minutos de lectura'
LA NACIONGabriel Di Nicola
La jueza federal María Romilda Servini rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Tomás Natenzon, el joven experto en tele y radiocomunicaciones que se presenta como bombero voluntario y que está preso desde el domingo pasado, cuando intentó llegar hasta la zona del escenario que se había instalado en Palermo para la misa y el encuentro con los jóvenes que protagonizó el papa León XIV en su histórica visita a la Argentina.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “Se denota un riesgo de entorpecimiento a su respecto que, en este estadio, no puede ser neutralizado a través de otros medios menos lesivos de los derechos individuales que la restricción a la libertad ambulatoria de la persona imputada”, sostuvo la magistrada en una resolución firmada hoy.
El fiscal Carlos Rívolo se había opuesto al pedido de excarcelación presentado por el abogado Juan Manuel Dragani, defensor de Natenzon.
“No puede soslayarse que el imputado se habría valido de vestimenta, insignias, credenciales apócrifas y un vehículo acondicionado a tal efecto —léase, sirenas y balizas— para aparentar una investidura que, en los hechos, no tenía. Ello, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, un evento de suma relevancia institucional y de gran despliegue de seguridad, en el que logró acceder y permanecer en una zona de acceso restringido”, recordó la jueza Servini.
Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que Natenzon se presentaba como bombero, pero en realidad integra la Estación 2 de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha como “personal del cuerpo de apoyo operativo”.
“El grupo del que participa Natenzon se ocupa de asistir a los bomberos; por ejemplo, lleva la comida. Él, por su especialidad, se encarga de las comunicaciones en las intervenciones que llevan adelante los bomberos. Para esa función solo le pidieron su DNI y, como empezó siendo menor de edad, le solicitaron una autorización de sus padres. Es más, no chequearon si tenía antecedentes penales. Él no es bombero”, afirmó un detective judicial que participa de la investigación.
Natenzon, de 25 años, fue detenido el domingo pasado por personal de la Policía de la Ciudad en Palermo. La causa quedó a cargo de la jueza Servini con la intervención del fiscal Rívolo. La magistrada le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, y ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.
En el departamento de Natenzon, situado en un edificio de la avenida Santa Fe al 3900, en Palermo, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró una pistola Taurus calibre 9 milímetros y 47 equipos de comunicación. Pero se encontró algo que alertó a los detectives policiales y judiciales: un croquis con la instalación de los equipos de comunicación en la zona donde se había instalado el escenario para las actividades papales.
“Mientras avanzaba la investigación, se decidió que Natenzon continuara detenido y prestara declaración indagatoria. Después, con el correr de las horas, se determinó que era un experto en telecomunicaciones y radioaficionado. Y, además, quedó en claro por qué tenía el diagrama de los equipos instalados en Palermo: él había estado a cargo del trabajo”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.
Fue indagado anteayer. “Corresponde calificar provisoriamente las acciones desplegadas por la persona imputada, señalando –con la precariedad propia de este estadio– que estas tipificarían, prima facie, en los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público, lo cual concurre en carácter real”, explicó la magistrada en la resolución firmada hoy.
La jueza tuvo en cuenta también las conclusiones preliminares aportadas recientemente por la División Operaciones Telefónicas Especiales de la PFA.
“Recordemos, a todo evento, que se encuentran a cargo de tareas periciales relativas a los equipos de radiocomunicación en el marco de su experticia. En efecto, informó: “Los equipos 2, 3 y 4 son transceptores de marca Motorola, con protocolo de comunicación P25 de uso profesional, con programación de numerosos canales rotulados como de bomberos, protección civil, seguridad y, en algunos casos, de fuerzas policiales (Policía Federal, Gendarmería, Policía de Buenos Aires). Tienen aptitud de hardware para recepción y transmisión. En relación con el punto anterior, se pudo determinar que el Equipo 3, marca Motorola, modelo APX2000, con número de serie ilegible, se encuentra programado con los canales de trabajo PF-I, PF-2, PF-3 y Quinta Olivos, que pertenecen a canales de comunicaciones de la PFA. Más específicamente, el canal PF-1 pertenece a la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones. Constituye un canal de trabajo de acceso restringido y encriptado, por el cual cada una de las dependencias comunica la implantación de órdenes de servicio, enfrentamientos armados, desplazamientos de móviles, tareas investigativas y tareas de prevención; asimismo, a través de este canal, en el caso de requerirlo, se comunica el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional en servicios donde se encuentran involucradas la totalidad de las fuerzas federales, como es el caso, por ejemplo, de las concentraciones frente al Congreso de la Nación. En este contexto, sumado al testimonio brindado por diversas personas en autos respecto de los conocimientos técnicos del imputado, se denota un riesgo de entorpecimiento a su respecto que, en este estadio, no puede ser neutralizado a través de otros medios menos lesivos de derechos individuales que la restricción a la libertad ambulatoria de la persona imputada”.
También, la jueza Servini recordó que todavía el Cuerpo Médico Forense (CMF) debe evaluar al imputado, “cuyas conclusiones no pueden ser desatendidas para la valoración de la situación del imputado”.
